Un extraterrestre que visitase el País Vasco sólo cada diez años podría llegar a la conclusión de que los terrícolas han alcanzado un logro insuperable: la abolición del tiempo. Un demócrata que despertase del coma cada diez años en un hospital y leyese los periódicos del Estado español llegaría, por su parte, a una conclusión deprimente: que España ha estado muerta al mismo tiempo que él. Más allá de cierto umbral, toda repetición se hace en el vacío y toda denuncia suena a hueco. Ante la última ofensiva contra la izquierda abertzale, uno no aspira a ser más original que los hechos mismos; uno no puede pretender ser más innovador que los jueces que boxean contra el derecho ni más creativo que los políticos que rebotan de desmán en desmán ni más imaginativo que los medios de comunicación que convierten industrialmente los panes en piedras de moler. Lo único que cabe es enunciar una vez más las lecciones que sin duda extraerían ese extraterrestre asombrado o ese demócrata malherido a la vista de tanta dolorosa monotonía.

La primera lección es evidente: el derecho y la democracia son negociables, relativizables, degradables, liofilizables, pero la unidad de España no. Este principio, inscrito en la albúmina misma de la restauración monárquica que comenzó el 18 de julio de 1936, determina un monopartidismo bastante más severo que el de Cuba: gane quien gane las elecciones, siempre gobierna el PP. Este principio constituyente de dejar gobernar siempre al PP (acatado también por el PNV) es tanto más estricto y necesita ejercer tanta más presión contra sus disidentes por cuanto que está confinado en márgenes ideológicos y económicos implacables. ¿Elegir entre una España unida y un País Vasco democrático? Un demócrata no debería sentir la menor vacilación al respecto. El problema es que las instituciones políticas españolas no permiten ni siquiera elegir entre una España unida y una España unida «por propia voluntad». Y es difícil creer que no permitir eso sea una forma superior de democracia o que para impedir eso no haga falta violar una y otra vez, y muchas veces seguidas, las más elementales normas del Derecho.

La segunda lección es también banal: en estas condiciones, se trata de conseguir que la aplicación del principio constituyente de dejar gobernar siempre al PP, así como la heterogénea resistencia a este principio (armada o política), sean políticamente rentables para todos los que lo acatan. La ofensiva contra la izquierda independentista vasca -ése es el cálculo del PSOE- nivela en el resto de España el suelo electoral de la mayoría borrosa mientras que no conmueve a una izquierda estatal más sensible a las cuestiones de género que a las violaciones del derecho y muy escarmentada además por las pasadas barbaridades de ETA. Es eso que llamamos «electoralismo» en un tono de tolerante reproche, como si se tratase de una simple cuestión de modales y no del equivalente político de la paidofilia o el secuestro; y como si su aceptación por parte de todos como indisociable de las reglas del juego no revelase el carácter puramente formal de los procesos electorales. Si «electoralismo» quiere decir «cálculo para la optimización de los beneficios de una casta política», hay que aceptar que «electoralismo» es exactamente lo contrario de «elecciones» y que allí donde hay «electoralismo» estructural no puede haber «elecciones» libres. «Electoralismo» quiere decir, por ejemplo, como en este caso, que se calcule como más beneficiosa la guerra que la paz y la violación del derecho que su cumplimiento; es decir, que se calcule como electoralmente más rentable combatir la democracia que defenderla y fortalecerla (esa paradoja que nuestros políticos atribuyen a los votantes de Hamas en Palestina y que llaman «votar contra la democracia»). Obviamente, para que resulte electoralmente beneficiosa semejante tropelía hay previamente que convencer a los votantes de que la guerra es mejor que la paz y de que la violación del Derecho es más conveniente que su cumplimiento, cosa tan absurda y contraria al sentido común que -de la misma manera que no se puede impedir que los vascos sean españoles por propia voluntad sin encarcelarlos y torturarlos- no puede llevarse a cabo sin que los medios de comunicación, una y otra vez y muchas veces seguidas, mientan y amenacen a los ciudadanos.

La tercera lección no es menos conocida: la combinación del principio arriba enunciado (el de dejar gobernar siempre al PP antes que cuestionar la unidad de España) con las prácticas electoralistas (entendidas como «optimización de beneficios sectarios») determina que el PSOE mande una vez más este mensaje a la juventud vasca disidente: «Olvidaos de la vía política; por ese camino no vais a ninguna parte». Nos guste o no, todos sabemos que el encarcelamiento de los dirigentes abertzales es más eficaz como «mensaje» que como medida policial y que las bases independentistas vascas no van a ser derrotadas de esta manera. Podemos querer que dos injusticias juntas impongan del otro lado mansedumbre y buen juicio, pero la ley de la gravedad invita a esperar más bien lo contrario. Los que verdaderamente queremos que ETA deje de existir (a algunos de los cuales no se les permite votar ni presentarse a las elecciones) no debemos dejar de insistir en la negociación política como única vía posible para salir de esta atmósfera opresiva en la que las víctimas de uno y otro lado caen por su propio peso.

En esta España que ha abolido el tiempo, en esta España en coma, los gestos -al contrario que las denuncias- no se repiten en el vacío. La monotonía es la monomanía que desgasta el cuerpo y consume las fuerzas; cada repetición aumenta el dolor, dificulta la solución y degrada las libertades de todos los ciudadanos, vascos y españoles. La España que ha abolido el tiempo, la España en coma, es la vanguardia represiva de una Unión Europea que, en la estela de los Estados Unidos, conjuga cada vez más criminalización liberticida y electoralismo populista: gane quien gane las elecciones, siempre gobierna el PP, de manera que ni siquiera los votos al PP deciden nada. El voto se ha convertido hasta tal punto en una operación eucarística y autorreferencial -mientras todo ocurre en otra parte- que sería bueno que, cada vez que una papeleta entrase en la urna, el gesto fuese acompañado mecánicamente, mediante un dispositivo acústico concebido al efecto, de un tachán, una ovación y un aplauso, para marcar así la banalidad del rito y agradecer al mismo tiempo al ciudadano la aceptación de su irrelevancia. O la mano podría poner en marcha, al tocar la urna, el estrépito de una cisterna que descarga en un retrete, para que así supiéramos al menos a dónde va a parar su voto. O mejor: podríamos también, al deslizar la papeleta en la ranura -herida democrática-, activar en un altavoz un sonoro «ay», para que recordemos todo el daño que la España unida hace no sólo en Afganistán, Latinoamérica o el País Vasco, sino en nuestra propia casa.