Para que exista democracia debe existir la posibilidad real -y la garantía de que se dan las condiciones que permiten a toda la ciudadanía, sin excepciones- del ejercicio efectivo del derecho a participar en el espacio público (o, mejor, común). Un espacio perteneciente a todas y todos; abierto, no replegado sobre sí mismo ni excluyente; un espacio defendible y a preservar, en el que las ideas, los argumentos, el debate, la dialéctica y la negociación sean realmente posibles, y en el que los acuerdos adoptados puedan celebrarse. Por tanto, la democracia no debe instalarse a golpe de ley, sino que se construye con la participación e intervención directa del pueblo.

Pensando de esta manera, es lógico que suscribiera el manifiesto que Ahotsak presentó en 2006. Al fin y al cabo, la declaración reconocía que «todos los proyectos políticos se pueden y deben defender», y añadía: «No hay que imponer ninguno».

En el documento también se recogía lo siguiente: «Si la sociedad vasca, la ciudadanía del País Vasco o Euskal Herria desea transformar, cambiar o mantener su actual marco jurídico-político, todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado y, si fuera necesario, tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos».

Asumiendo y haciendo mío el acuerdo anterior, difícilmente puedo estar de acuerdo con la respuesta del Gobierno español a la propuesta del lehendakari de realizar una consulta popular, no vinculante jurídicamente; como tampoco lo estoy con las detenciones y encarcelamiento de dirigentes de Batasuna.

En mi opinión, este tipo de actuaciones empaña el significado de «democracia» y resultan una concesión a los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad española (y de los partidos que defienden ese tipo de postulados), constituyendo una forma de perpetuar(se) la ideología del pensamiento único, en el que los conceptos de nación, nacionalidad e identidad se convierten en preceptos dogmáticos y casi fetichistas.

El pluralismo político surge de combinar dos derechos indisociables e interdependientes: el derecho a la libertad y a la igualdad. La multiplicidad es inherente a la acción política y la democracia conlleva progresión de derechos, no restricción de los mismos. Si se desea deslegitimar una forma de contestación política (la de amplios sectores de la izquierda abertzale), la solución no es ilegalizar y criminalizar las ideas, sino dialogar, dialogar y dialogar, hasta alcanzar un acuerdo.

En lugar de espetar lo de «constitución, constitución, constitución» y seguir criminalizando las ideas, deberíamos mirar hacia Irlanda y Quebec, y estar atentas a lo que pudiera suceder en Bélgica.

«La santa majestad de las leyes», decía Théophile de Viau, en la oda que comenzaba: «La paix trop longtemps désolée» («la paz demasiado tiempo afligida»).