LAB denunció la ilegalidad de la política de contratación del Ayuntamiento de Iruñea tras una sentencia judicial desfavorable para el Consistorio, referida al despido de un trabajador de Empleo Social el pasado mes de marzo. Aunque trabajaba para el Ayuntamiento desde enero de 2003, fue contratado ocho veces a través de sucesivos contratos de obra.

La sentencia reconoce que no se cumplían las características de los contratos de obra y declaró el despido improcedente.

LAB aseguró que «no es la primera vez que el Ayuntamiento pierde un juicio por despido ilegal», ya que utiliza contratos de obra con los monitores de empleo social «que se renuevan una y otra vez porque las funciones son necesarias», aunque no los integre en la plantilla.