La izquierda abertzale acusa directamente a La Moncloa de practicar una vendetta contra el independentismo vasco mediante un previo acuerdo con el poder judicial español para criminalizar a los dirigentes independentistas y hacerles «pagar» -término que empleó el portavoz del PSOE en el Congreso español el pasado viernes- «por el ridículo que hizo ante los observadores internacionales en la mesa de negociación».

Pernando Barrena se refirió ayer, en concreto, a la reunión simultánea que mantuvieron en mayo ETA-Gobierno y Batasuna-PSOE en un país europeo y en el que, tal y como ya informó GARA, el Ejecutivo del PSOE rechazó una propuesta esbozada por mismo este partido y redactada por los mediadores internacionales -a la que mostró su beneplácito la izquierda abertzale- para un acuerdo final, y también la realizada por ETA para deponer las armas e inhabilitar sus estructuras militares.

Después de que Baltasar Garzón ordenara prisión para 21 de los 23 militantes vascos detenidos por la Policía española el jueves por la noche, Pernando Barrena compareció junto a la letrada Jone Goirizelaia en Donostia para valorar el auto emitido por el magistrado español. No obstante, advirtieron de que difícilmente se podría realizar una valoración jurídica de una resolución que escenifica un guión totalmente político escrito por La Moncloa, que Garzón suscribe y desarrolla con la utilización de la Policía española.

Independencia: fin «violento»

Jone Goirizelaia tildó de «auténtico escándalo» el operativo policial y judicial, y alertó de que el Juzgado número 5 de la AN ha instaurado «un estado de excepción jurídica» contra ciudadanos y organizaciones.

Además de vulnerarse los derechos más elementales, Goirizelaia denunció que la resolución de Garzón defiende la encarcelación de los mahaikides aduciendo que persiguen «fines violentos: la independencia y la autodeterminación». Aunque es difícil que un objetivo sea «violento», sino que, a lo sumo, lo serán los medios para la consecución de esos fines, el juez añade que lo ejecutan mediante «una actividad terrorista» -reunirse, comparecer públicamente ante los medios o manifestarse, entre otros-. Para la letrada lo único que se esconde detrás es una pretensión clara para «criminalizar las ideas».

Pero Garzón no se queda ahí. Tal y como informó Goirizelaia, también castiga las «actitudes omisivas» de los 21 imputados. Es decir, Garzón señala que a partir de junio la izquierda abertzale no ha llevado a cabo la práctica que a sus ojos debería de haber desarrollado, y admite que los castiga por ello. Y ahí es donde entra el «criterio de oportunidad política» que la defensa de los mahaikides de Batasuna entiende que se incluye en la resolución.

El escrito judicial sostiene que la actividad de Batasuna hasta junio entraba en el marco de la jurisprudencia española porque tenían como fin «la búsqueda de la paz», pero no ya a partir de la fecha en el que ETA da por finalizado el alto el fuego. Desde esa fecha, Garzón dice que se supeditan a los fines que busca la organización armada.

«Estado de excepción jurídica»

Goirizelaia denunció que Madrid impone una «indefensión jurídica total», ya que todo gira en torno a los criterios políticos del Ejecutivo español del PSOE.

Pero Garzón ha ido aún más lejos. Adelanta, en el propio auto judicial, que se desarrollarán nuevas actuaciones contra personas, colectivos y organizaciones. Al respecto, la abogada criticó que el juez español se viste de legislador, y le acusó de imponer «un efecto expansivo» de las actividades que a sus ojos son punibles. Es decir, anuncia que actuará contra todo aquello que guarde relación con los penados como si de una especie de contagio viral se tratara.

Pernando Barrena, en cambio, omitió directamente el auto judicial por considerar que sólo «escenifica el guión que el PSOE puso encima de la mesa de Baltasar Garzón». Un escrito del que el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya había dado cuenta a los observadores internacionales que mediaron en el proceso de negociación, según el político navarro. El mismo ministro que según Barrena aún tendrá en su agenda personal los teléfonos de quienes ahora han sido arrestados por orden del Ejecutivo.

«Vendetta» por el proceso

Defendió que el nuevo ciclo de agresión emprendido por el PSOE busca hacer «pagar» a la izquierda abertzale por «no doblegarse» a sus pretensiones en el proceso negociador.

Barrena, a este respecto, fue más allá. Afirmó que el Ejecutivo español busca castigarles por «el ridículo que hizo ante los agentes internacionales cuando rechazó la propuesta de acuerdo que puso sobre la mesa el equipo de observadores internacionales, a la que la izquierda abertzale dio su visto bueno, y cuando rechazó la oferta de desarme que ETA hizo al Gobierno español», llevando, de facto, el proceso a un estado de colapso.

Criticó que «los mismos que han patrocinado las detenciones son los que hasta ahora nos llamaban un día sí y otro no, por teléfono», y que ahora, en cambio, pretenden «criminalizar la búsqueda de la paz». Y censuró que el Ejecutivo lo desarrolla con miras a las elecciones de marzo para sacar réditos electorales, aun a costa de instalar un nivel de confrontación «no deseado». Pero Barrena fue tajante al afirmar que redoblarán sus esfuerzos y sus iniciativas hacia un escenario de paz.