La «r» y la «s» son dos consonantes que van seguidas en el abecedario. Quizás por eso sea fácil liarse con ellas. La cosa tiene su importancia, porque, por ejemplo, no es lo mismo decir «estado de derecho» que «estado de desecho». ¿O sí?

Acudí a la manifestación convocada para protestar por las detenciones de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna. Lo hice por razones de amistad con varias de las personas detenidas, por la más elemental solidaridad con todas ellas y por manifestar mi más absoluta indignación ante tamaña arbitrariedad. La nueva redada de Garzón obedecía en un cincuenta por ciento a razones de pura oportunidad política y el resto a móviles puramente represivos. Nada que tuviera que ver con la justicia.

Llegué a la Estación de Autobuses poco antes de la hora de inicio de la manifestación. La Policía acababa de informar de que no había sido autorizada por el delegado del Gobierno del PSN/PSOE, y estaba ya desalojando las aceras. Bajé por la calle Tudela cuando comenzó la primera carga a manos -y pies, que también hubo patadas- de varias decenas de agentes de la ley, el orden y la seguridad ciudadana.

Como uno no está ya para muchos trotes -58 años pesan lo suyo-, en vez de correr me metí en un garaje cercano junto a dos o tres personas más. Craso error. Dos policías, mitad persona, mitad armarios ropero, hicieron lo propio y nos hincharon a democráticas hostias: dos o tres para cada uno. A mí me las dieron en la espalda, justo en medio de las dos hernias que tengo, la una lumbar, la otra cervical. Diríase que el tres cuerpos con altillo que me sacudió había superado con creces el curso de salud laboral y seguridad e higiene en el trabajo impartido en el cuartel. Por suerte, no me rompió nada.

Uno, siendo abogado, se arrepiente de no haber copiado en la carrera más de lo que hizo. La mayor parte de lo aprendido entonces -y conste que hablo de los años 1967-72, en plena dictadura- en las asignaturas de penal, procesal, administrativo y constitucional sobre el estado de derecho, la separación de poderes, el principio de legalidad, la presunción de inocencia... son puros trinos celestiales comparados con las «creaciones» jurisprudenciales y legales con las que nos deleitan hoy jueces, tribunales y gobiernos de todo pelo, condición y rango, sea éste estatal o autonómico.

¿Vivimos realmente en un Estado de Derecho? Alex Reid, sacerdote irlandés que jugó un importante papel en el proceso de negociación irlandés y quien siempre ha estado en contra del uso de las armas, acaba de afirmar tras las detenciones de la Mesa Nacional de Batasuna que «uno no puede decir España sea un país democrático». Coincido con él en todo, salvo en lo de ser sacerdote e irlandés.

No coincido, sin embargo, con esa mezcla de churras y merinas que se hizo en la moción aprobada por UPN, PSN y NaBai en el Ayuntamiento de Iruñea a primeros de septiembre en relación a los últimos atentados de ETA. En ,ésta, tras condenar los atentados, se acordó «reiterarse en la defensa del estado de derecho» y se apostó por «continuar prestando al Gobierno de la nación y específicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la máxima colaboración a fin de propiciar la detención de los culpables y su puesta a disposición de la justicia».

Niego la mayor: ni vivimos en un estado de derecho, ni la Policía es democrática y respetuosa de los derechos humanos. Somos súbditos de una monarquía en la cual el Rey, designado por Franco y heredero suyo, no solamente es el jefe del Estado, sino también el de las Fuerzas Armadas. Su hijo y sus nietos, por razones genéticas, que no democráticas, lo serán también. Vivimos en un estado en el que, por encima de cualquier tipo de voluntad popular, el Ejército es el guardián de la unidad patria que, por definición, y para eso están ellos, es indivisible e indisoluble, cual Santísima Trinidad. Tenemos jurisdic- ciones, tribunales y leyes de excepción herederas, tal cual, de sus predecesoras franquistas. Somos miembros de una comunidad autónoma cuya máxima norma, el Amejoramiento, no ha sido refrendado nunca. Se acusa a Ibarretxe, por el mero hecho de impulsar una consulta, de atentar contra la Constitución. Las torturas y malos tratos practicados en comisarías y cuartelillos son una constante en los informes de Amnistía Internacional. Periódicos y emisoras son cerrados por medio de meros autos judiciales, sin juicio alguno ni posibilidad de defensa. Sumarios como el 18/98 procesan a decenas de personas acusadas de terrorismo, por el mero hecho de pertenecer a los consejos de dirección de «Egin» y «Egunkaria», a Fundaciones socio-culturales como Zumalabe o similares. Las condenas, cumplimiento de penas y situación carcelaria de los presos y presas son bastante más duras que en tiempos de Franco. Manifestaciones, como la de Iruñea, son ilegalizadas, mientras otras convocadas por razones idénticas el mismo día son permitidas. Quien suscribe y varios miles de personas más que hemos figurado en listas ilegalizadas podemos ser acusadas, detenidas, procesadas y condenadas por ser miembros del entorno interminable de la banda-cebolla terrorista ETA. ¿Hace falta seguir?

No quiero decir que sigamos viviendo en una dictadura, no. Conocí aquélla, en la que todo era ilegal (manifestaciones, propaganda, festivales, sindicatos, asambleas, elecciones, partidos...) y no me apunto a que vuelva. Pero de ahí a afirmar que vivimos en un estado de derecho hay un abismo. Mucho más aún si eso se afirma desde Euskal Herria, donde perviven prácticas que tienen mucho que ver con los estados de excepción entonces vividos. Esto no es una dictadura, no, pero este Estado no de derecho es de desecho, y que conste que no he confundido la «r» con la«s».

Termino como en la radio. Quisiera enviar un cordial saludo al Sr. Ripa y a sus armarios roperos agradeciéndoles las atenciones prestadas, y un abrazo del alma a todas las personas detenidas, procesadas y encarceladas este fin de semana, por quienes seguiremos trabajando hasta conseguir su más completa libertad.