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«La cárcel debería ser la alternativa cuando las otras medidas no funcionan»

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Cesar Nanzanos, presidente de salhaketa en Araba

Por su labor al frente de la asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa y los estudios que sobre distintos aspectos de las prisiones ha realizado en la UPV, César Manzanos es una voz autorizada para abordar la situación sobre las prisiones y sobre el modelo de ejecución penal en el Estado español.

¿Cuáles son, a grandes rasgos, los problemas más acuciantes de la prisión de Langraiz?

El problema fundamental es que se hizo con materiales muy baratos, incluso hubo algunos fraudes con los materiales... Es una prisión que, además, tenía problemas primero de los propios pozos negros -de ahí viene que haya departamentos cerrados en la parte de atrás porque había ratas-, problemas con la instalación eléctrica, con las cubiertas, de humedades, de ventilación...

Segundo: desde el año 2003, cuando se agudizó la presión demográfica por el alargamiento de los periodos de estancia en prisión, en el Estado español ha aumentado cada año en 4.000/5.000 el número de presos. Esa presión hizo que metieran más presos en Langraiz, lo que coincidió con el aumento de las muertes no naturales (suicidios, sobredosis...).

En esos momentos, tras visitar la prisión, Mercedes Gallizo anunció una serie de cambios y protocolos...

Primero hubo una destitución del subdirector de Seguridad, por una denuncia que está aún en los juzgados y que se está retrasando demasiado. Y luego se produjo la destitución por ascenso del director de la prisión. Se cambió la dirección, se aplicaron algunos planes en relación a la prevención de suicidios... Esa siniestralidad que se estaba dando se ha reducido el último año de forma drástica.

Nosotros creemos que ha sido por varias cuestiones. Una, que en la medida que alguien tenía un diagnóstico que estaba mal, automáticamente era trasladado; de hecho, la última muerte fue la de un chaval saharaui en Martutene y que claramente lo habían llevado allí para que no muriera en Nanclares. Y creemos que posiblemente se haya podido dar alguna otra, pero que se haya ocultado.

¿Por qué creen que la alternativa a esa situación no es otra prisión?

No es necesaria ninguna nueva prisión, lo que es necesario es el cierre de todas las prisiones de la CAV, porque sus condiciones no son las necesarias. Pero no se pueden cerrar de hoy a mañana, sino que la idea es que exista un plan de ejecución penal alternativo al modelo de prisión. No se trata de buscar alternativas a la cárcel, sino que la cárcel debiera ser la alternativa cuando las otras medidas no funcionan. Y en los casos en los que hubiera que recurrir al encierro, habría que ver qué pasos se tienen que dar para que finalmente no tenga que darse. En una investigación que hicimos en la Universidad, que presentó el Gobierno Vasco, se plantea todo un modelo de ejecución penal alternativo, con servicios y centros específicos para cada tipo de delito, descentralizado... Lo que ocurre es que nos encontramos con que este modelo, que no exigiría modificaciones en el Código Penal ni en la legislación penitenciaria, ni siquiera el traspaso de competencias, no es el que defiende el actual Gobierno, que es básicamente el de reproducción de la prisión. El PSOE, en cuanto ganó las elecciones, sacó del cajón el plan de amortización y construcción de centros penitenciarios que tenía antes y, a través de una multinacional que construye prisiones en Europa y en EEUU, diseñó la construcción de nuevas cárceles.

De las tres prisiones que querían construir en Hego Euskal Herria, se prevén dos a corto plazo: Iruñea y Langraiz, ¿qué ha sido de la de Zubieta?

La primera prisión que se iba a construir era en Zubieta. Esto lo negoció el alcalde Odón Elorza con el PP antes de ganar las elecciones generales. Pero nos encontramos en la web de la Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) con que no aparece Zubieta como un proyecto a corto plazo, y que la prisión de Langraiz está avanzadísima. Había habido una negociación por parte del Ayuntamiento con el Ministerio del Interior. Se reunieron el alcalde ahora reelegido, y también el que era teniente de alcalde de Urbanismo, que se presentó a las últimas elecciones por IU-Aralar y es el liberado de CCOO de funcionarios de prisiones... y claro, ha ido todo rapidísimo. Encima, los terrenos son del Ministerio de Defensa...

Los Centros de Inserción Social que se construyen en el Estado español, ¿pueden ser alternativa a las prisiones?

En la medida en que en ellos se respeten tres elementos: 1) que sean centros de gran tamaño, es decir, que se tienda a que la mayoría de la gente cumpla en semilibertad; 2) que estén complementados con programas de inserción laboral y de formación; 3) que las celdas sean unidades habitacionales individuales, esto es, una persona recluida, una unidad habitacional. Estamos hablando de modelos concretos, que no son los que están desarrollando.

¿Cree que la situación pudiera mejorar si el Gobierno de Lakua asume la competencia de prisiones?

Nosotros creemos que se puede hacer mucho sin competencias, y que según cómo se asuman esas transferencias, esto puede ser más de lo mismo. Por ejemplo, a nosotros nos ha preocupado mucho que los partidos hegemónicos, tanto el PSOE como el PNV, no hayan apoyado un modelo distinto de ejecución penal. Están por la reproducción pura y dura de la cárcel. Se hacen preguntas en el Parlamento, se cuestiona la situación de Langraiz cuando pasa algo... pero nada más. En cualquier caso, se trataría de una descentralización no política, sino administrativa, con lo cual, si ya tiene dos macrocárceles, a lo que se iba a dedicar el Gobierno Vasco con la transferencia sería a gestionarlas.

Txoxte ANDUEZA

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