La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) hizo pública ayer la resolución por la cual autorizó que la Falange pudiera realizar una manifestación en el Boulevard de Donostia el pasado viernes, pese a que al final los seguidores ultraderechistas desplazados hasta Euskal Herria desistieron en su intento y, custodiados por la Ertzaintza, se quedaron en el centro comercial Garbera.

Aún así, la Policía autonómica vació el centro de la ciudad para que se realizara la manifestación, y su actuación se tradujo en una batalla campal al cargar contra las personas que participaban en el festival antifascista organizado en protesta por el acto de la Falange.

El alcalde de la capital guipuzcoana, Odon Elorza, reprochó al Ejecutivo de Lakua el permitir que la organización ultraderechista se manifestara en el Boulevard donostiarra, y la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, aseguró en su respuesta que el Departamento de Interior trató de prohibir la manifestación, responsabilizando al TSJPV de que se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, en la resolución que se conoció ayer se pudo comprobar como desde la consejería que dirige Javier Balza tan sólo se intentó trasladar el acto a Anoeta.

El director de la Ertzaintza argumentó para cambiar de ubicación la manifestación «la previsibilidad de desórdenes públicos y enfrentamientos, no imputables a la organización convocante». En este sentido, recordó cómo en 2002 en un acto organizado por la Falange «se produjeron incidentes de orden público protagonizados por contra-manifestantes con el resultado de diversos daños en el mobiliario urbano, además de cuatro detenidos por desórdenes públicos».

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, en cambio, señalaron que amparándose en ese razonamiento el Departamento de Interior podía haber prohibido la manifestación, ya que la posibilidad de que se puedan producir desórdenes públicos teniendo en consideración los antecedentes de convocatorias similares es una de las razones para prohibir una convocatoria, sin importar que sean los propios manifestantes o terceras personas los que provoquen los incidentes.

Razón para prohibir

En esa misma línea, recordaron que esa argumentación se ha utilizado en numerosas ocasiones para prohibir movilizaciones convocadas por la izquierda abertzale. La última, el pasado 9 de setiembre cuando se prohibió la celebración de la movilización convocada para reivindicar los derechos de los presos políticos vascos en Donostia.

Esta vez, al contrario, el TSJPV alegó en respuesta al recurso presentado por la Falange para evitar que la movilización se trasladara a «los extrarradios» de Donostia, que esto supondría «sacrificar el derecho constitucional de reunión».

Además, en el fallo emitido subrayaba que «la limitación del ejercicio de un derecho fundamental fundada en una probable acción delictiva de terceros, supone, en principio, un desfallecimiento del Estado de derecho difícil de aceptar, pero, en cualquier caso habría de fundarse en la concurrencia de un auténtico estado de necesidad justificante, por la previsibilidad e inevitabilidad de los desórdenes, por la identidad de los mismos, y por la proporcionalidad del sacrificio impuesto al ejercicio del derecho de reunión, de forma que entrañe un mal menor que el que se trata de precaver».

El Alto Tribunal de la CAV concluye también que en el Boulevard donostiarra se han desarrollado «numerosas manifestaciones de signo político contrario». «Basta observar el plano de la ciudad, para apreciar, con toda evidencia, que se lleva la celebración del acto a un lugar completamente alejado, no sólo del centro de la ciudad, situándolo en los extrarradios de la ciudad, lo que resulta totalmente desproporcionado e injustificado», argumenta.