La Policía española cumple la orden de Garzón y detiene a Asier Imaz
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La Policía española arrestó en la mañana de ayer en Beasain al mahaikide Asier Imaz en virtud de la orden de detención dictada por el magistrado Baltasar Garzón el pasado 4 de octubre, día en el que se produjo el operativo de Segura y Olaberria y por el que fueron apresados 23 dirigentes y militantes de la izquierda abertzale. La detención se registró sobre las 11.30, cuando Imaz -idiazabaldarra pero vecino de Beasain- salía de su domicilio. Sus allegados explicaron a GARA que fue interceptado en la puerta de su casa por agentes de paisano.
El nombre del joven figura en un listado de nueve personas a las que el juez ordena arrestar el día 4 -la Brigada Provincial de Información de Donostia indicaba a Garzón que se encontraba entre «los componentes de la Mesa Nacional» que asistían a la reunión de Segura-, así como en el auto de prisión del 7 de octubre por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española encarceló a 17 de los 23 detenidos en Segura y Olaberria.
En la resolución en la que Baltasar Garzón ordenaba el arresto de esos nueve dirigentes de la izquierda abertzale «identificados» como asistentes al encuentro -así como el registro de la Casa de Cultura de Segura «al objeto de proceder a la intervención de soportes informáticos, documentales o cualquier otro efecto, instrumentos, armas, explosivos y objetos relacionados con las actividades delictivas de pertenencia a organización terrorista y de colaboración con organización terrorista»-, se afirmaba que podrían ser autores de un delito de «integración» en ETA. Por lo que respecta al auto del día 7, el juez del tribunal especial señalaba a Imaz como «responsable del área institucional» de la formación independentista.
Además, destacaba que el goierriarra participó en una rueda de prensa de dirigentes de la izquierda abertzale en el hotel Tres Reyes de Iruñea, el 25 de marzo de 2006, así como en sendas reuniones en Usurbil y en Donostia: la primera el 18 de diciembre de ese mismo año y la segunda doce días después.
Irrupción en Arrano y en casa
Imaz fue llevado a primera hora de la noche al Arrano de Beasain para asistir a su registro. La llegada y la entrada al bar se produjo hacia las 21.20, momento en el que en el interior se encontraban dos empleados. El despliegue de la Policía española resultó importante -al menos tres furgonetas y varios coches camuflados participaron en el operativo, con la cobertura de la Ertzaintza-, hasta el punto de que acordonaron Kale Nagusia. La irrupción en el establecimiento hostelero finalizó pocos minutos después de las 23.15, y desde allí Imaz fue trasladado a su vivienda para otro registro.
Fuentes judiciales citadas por agencias de información no descartaban ayer que en los próximos días se produzcan más arrestos. De hecho, a última hora de la tarde Europa Press aseguraba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscaban a otra persona relacionada con la operación policial de Segura, para quien Garzón habría librado también una orden de detención.
Tras conocerse la noticia de que la redada se había cobrado ya la vigesimocuarta víctima, Aralar hizo público un comunicado de prensa en el que denunció el arresto de Imaz y mostró su oposición a las decisiones judiciales del magistrado Garzón. También reclamó la derogación de «las leyes y los juzgados de excepción que posibilitan estas actuaciones».
El partido de Patxi Zabaleta mostró, además, su «firme compromiso» con las «vías exclusivamente políticas» como medio para la defensa de los derechos de Euskal Herria. Para avanzar en ese camino, prosiguió, consideró imprescindible la participación de todas las fuerzas políticas porque «las ideas y las sensibilidades políticas no pueden perseguirse con las leyes, la cárcel o la represión».
La tarde-noche del 4 de octubre, la Policía española llevó a cabo un amplio despliegue en torno a Segura, cerrando las entradas y salidas del municipio durante horas y premitiendo sólo, tras la pertinente identificación, el tránsito de los vecinos de la localidad. En Olaberria, junto a la N-I, al menos fueron detenidos Joseba Permach y Juan Joxe Petrikorena.
En total fueron 23 los arrestados en aquella redada, que comparecieron en el juzgado de Garzón tres días más tarde. El ma- gistrado ordenó el encarcelamiento incondicional para 17 de ellos -Permach, Petrikorena, Mikel Zubimendi, Arantza Santesteban, Joana Regeiro, Anjel Mari Elkano, Rufi Etxeberria, Hasier Arraiz, Maite Día de Heredia, Ibon Arbulu, Ana Lizarralde, Jon Garai, Maite Fernández de Labastida, Marisa Alejandro, Imanol Iparragirre, Juan Kruz Aldasoro y Aner Petralanda-, prisión eludible bajo fianza para cuatro -Haizpea Abrisketa, Jean-Claude Agerre, Egoitz Apaolaza y Patxi Urrutia-, y libertad sin cargos para otros dos -Iban Berasategi y Xabier Albisu-.
Para denunciar tanto la detención de su convecino como la entrada y el registro del Arrano, un centenar de beasaindarras se acercó a las inmediaciones de Kale Nagusia. La llegada de los agentes se produjo sobre las 21.20 y el registro finalizó dos horas más tarde. Desde allí se dirigieron al domicilio del joven.
Al atardecer, en Idiazabal se movilizaron 100 vecinos y en Beasain 75 en solidaridad con el arrestado. Hasta que el mahaikide sea llevado ante el juez, se concentrarán todos los días a las 19.00 en Herriko Plaza, en el caso de la primera localidad, y a las 20.00 en Zubimusu, en Beasain.
El Foro Ermua presentó ayer a Garzón un escrito en el que solicita que cite como imputados a los mahaikides que se encuentran en libertad para decretrar su ingreso en prisión, en relación al documento de la Mesa Nacional en el que anuncia «mayor iniciativa política» para responder a la agresión y del dio cuenta GARA el domingo.
Una encuesta realizada por la Cadena Ser tras la operación contra la izquierda abertzale pone de manifiesto la distancia entre la opinión pública española y la vasca en torno a esta cuestión. El «Pulsómetro» dado a conocer ayer concluye que en el conjunto del Estado prácticamente el 80% de los interpelados apoya la medida ejecutada por el juez Baltasar Garzón, mientras que en el desglose de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desciende al 32%.
El porcentaje de quienes rechaza la operación policial es mucho mayor en los herrialdes vascos, ya que aumenta hasta el 52%; por contra, en el total estatal no pasa del 11% el volumen de quienes rechazan la redada centralizada en Segura.
El detalle de la encuesta evidencia también que, siempre a nivel estatal, no hay diferencia de percepción entre los votantes de PP y de PSOE. Ambos respaldan la iniciativa de encarcelar a los miembros de Batasuna con la misma contundencia: 87,8% en el caso de los votantes del PP y 83,4% en el del PSOE. Por lo que respecta a los de IU, tampoco están muy lejos de esa valoración: el 77% apoya la redada frente al 16% que está en contra.
Este grado de apoyo se produce pese a que un porcentaje importante de los encuestados admite que la razón final es política. Cuando el «Pulsómetro», realizado por el Instituto Opina con una muestra de 1.000 entrevistas, recuerda «la acusación del PNV al juez Garzón de aplicar arbitrariamente la ley en función de los tiempos políticos» y pregunta «si cree que Garzón ha actuado con motivaciones políticas», el 34% dice que sí, el 45% que no, y el 18% no se posiciona.
Un porcentaje muy alto de los sondeados ve claro que habrá «una escalada de violencia después de las detenciones». Se apunta a esa tesis el 79,1%, mientras opina lo contrario únicamente el 13,6%.
GARA
