Una semana después del fin del plazo de sesenta días para que la Asociación de Defensa del Ulster (UDA) abandonara sus armas, la ministra de Desarrollo Social, Margaret Ritchie, -que estableció este plazo para forzar el desarme de los paramilitares lealistas, involucrados en criminalidad y violencia en el norte de Irlanda- ha retirado la financiación de casi dos millones de euros para un proyecto de reinserción de miembros de esta organización paramilitar a pesar de la oposición de otros miembros del Gobierno norirlandés, particularmente del DUP. El ministro de finanzas, Peter Robinson, del DUP, acusó a Ritchie de vulnerar el código ministerial «ignorando» el consejo legal del Gobierno y de actuar «por encima de sus poderes legales».

Críticas de Sinn Féin

Éste no ha sido el único desacuerdo entre nacionalistas y unionistas. Las diferencias han quedado visibles a la hora de abordar la promulgación de la Ley de la Lengua Irlandesa.

En este tema, Robinson no mostró el mismo rigor cuando el titular de Cultura, Edwin Poots, -también del DUP- anunció su oposición a esta ley que, además de ser una de las claves de los acuerdos de paz, cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos culturales norirlandeses.

Para Barry McElduff, de Sinn Féin, la actuación de Poots demuestra que no es capaz de ser «ministro para todo el pueblo» norirlandés. La declaración de Poots se produce días después que la Asamblea debatiera una prohibición del uso del gaélico en las comunicaciones internas del Gobierno. Esta moción, apoyada por los unionistas, fue desestimada al no logró el apoyo del sector nacionalista.