Sólo la presencia del propio presidente del Gobierno español en la sala de prensa de la Moncloa alteró levemente la interpretación de un guión que ya había sido anunciado. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, entró en el palacio con la mano tendida para la búsqueda de un acuerdo con el Ejecutivo español -«un Downing Street a la vasca», según sus palabras- y salió dos horas después haciendo público que mantenía la misma disposición. Y, como se preveía, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que le había dicho que no, que esa especie de «segunda parte reconstruida» del Plan Ibarretxe tendría el mismo final que tuvo el anterior.

Para que ese rechazo fuera más solemne, más público y notorio -«más electoralista», podría añadir alguien con malicia- fue el propio presidente quien compareció ante los medios para explicitarlo. Nunca antes había dado ese paso. En las siete ocasiones en las que el lehendakari había visitado la Moncloa la posición del Ejecutivo español se había conocido a través de la vicepresidenta primera, del ministro de Administraciones Públicas, por medio de una simple nota de prensa o recurriendo a «fuentes del Gobierno».

Juan José Ibarretxe llegó puntual a La Moncloa y José Luis Rodríguez Zapatero bajó las escaleras de palacio hasta su coche para recibirlo. Los escudriñadores del lenguaje corporal dicen que el saludo fue más frío, las sonrisas más forzadas y el apretón de manos más breve que en visitas anteriores. La reunión duró dos horas. Mucho tiempo para el diálogo de sordos que ambas partes trasladaron después a la opinión pública con sus respectivas declaraciones.

El lehendakari incidió ante los medios en lo que de oferta de pacto tiene su propuesta. Incluso retomó la idea de que lo que buscaba era una fórmula «de convivencia amable entre Euskadi y España para el siglo XXI». Pero el presidente del Gobierno español reiteró que fuera de la Constitución de 1978 nada es posible. Y lo redujo todo a una mera reforma estatutaria. Según Rodríguez Zapatero, cualquier modificación de la situación actual «solamente tiene una vía»: la modificación del Estatuto de Gernika, una norma que, según su opinión, ha sido «enormemente positiva para el autogobierno y para el reconocimiento de la identidad del pueblo vasco».

«Siete años con lo mismo»

Después de los 120 minutos con Zapatero, Ibarretxe calificó la reunión como un primer paso de un proceso de negociación y, a preguntas de los periodistas, declaró expresamente que por su parte «no se da por zanjada esta cuestión». Inquirido por esta apreciación, el presidente del Gobierno español dijo no sorprenderse de las palabras del lehendakari, porque «lleva desde 2001 hablando de lo mismo». E insistió en que las propuestas de Ibarretxe «no serán aprobadas ni puestas en la práctica», por lo que le recomendó que a la vuelta a Gasteiz reflexione y rectifique.

Lo negociado con ETA

En cuanto al pacto que busca con el presidente del Gobierno español, Juan José Ibarretxe recurrió de nuevo al argumento de que «si hace cuatro meses se habló de estas mismas cuestiones y se negoció de estas mismas cuestiones con Batasuna y con ETA, y yo lo apoyé, sería poco comprensible que no se negocie con el representante legítimo de los vascos, que es el le- hendakari».

Rodríguez Zapatero volvió a demostrar ayer que no le gusta nada que le recuerden estas cosas. «No voy a entrar -dijo- en las valoraciones que ha hecho sobre la tarea de buscar el fin de la violencia en el proceso de paz. Lo digo porque normalmente no me gusta entrar en valoraciones que suponen un dislate».

Otro de los elementos de contradicción pública entre ambas partes es el referido a la consulta. Juan José Ibarretxe sostiene que su propuesta es «legítima, legal y democrática». Señala que su primera opción es la de que haya acuerdo entre Madrid y Lakua y el presidente del Gobierno español y el lehendakari convoquen conjuntamente a la ciudadanía para su ratificación. Después distingue entre la consulta no vinculante y el referéndum. Según Ibarretxe, las comunidades autónomas pueden convocar consultas, porque así está recogido expresamente en esta- tutos como el de Catalunya o el de Andalucía, y eso no es inconstitucional. Y en el caso del referéndum que prevé no para 2008 (que sería la consulta) sino para ratificar un acuerdo entre los partidos en 2010, señala que él lo propondría y debería ser el Gobierno español quien lo autorizara, por lo que sería legal.

Sin embargo, Madrid se agarra a que una consulta es ilegal y a ello se aferra para decir no. No a todo. Como dijo Fernández de la Vega: «Constitución, Constitución, Constitución».