GARA

Veinticuatro fueron los años que se cumplieron ayer de la desaparición de los tolosarras Joxean Lasa y Joxi Zabala, después de que dos desconocidos los abordaran en Baiona cuando se disponían a acceder al automóvil con el que pretendían acudir a las fiestas de un municipio cercano. Aquel 16 de octubre de 1983 los dos refugiados políticos de Tolosa fueron secuestrados por el GAL para, después de sufrir brutales interrogatorios y torturas incesantes, ser ejecutados por disparos y enterrados en cal viva en una fosa en la localidad alicantina de Busot. Cinco fueron las personas condenadas por el «caso Lasa-Zabala», pero siete años más tarde de celebrarse el juicio en la Audiencia Nacional española, ninguno continúa encarcelado.

«Han caídos dos peces medianos». Estas fueron las palabras que empleó el general de la Guardia Civil y jefe del acuartelamiento de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo al gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, para describir el secuestro de los dos jóvenes militantes. La misma noche del 16 de octubre de 1983 Galindo viajaba con Elgorriaga hacia las inmediaciones de Oñati, donde se había producido un atentado. Aún no saltaron las alarmas del secuestro. Horas después, ya por la mañana, el dueño del automóvil en el que Lasa y Zabala se iban a trasladar encontró el vehículo en el mismo lugar que el día anterior; en el interior se encontraba un abrigo, el de Joxean Lasa, y síntomas de haberse producido un forcejeo.

Por aquel entonces la «guerra sucia española» había sesgado ya la vida de muchos militantes abertzales, de modo que la desaparición de Lasa y Zabala se contextualizó enseguida como un capitulo nuevo de los ataques parapoliciales españoles. En esta ocasión, del GAL. El 21 de enero de 1984, un comunicante que decía hablar en nombre de este grupo, informó a Radio Alicante de que el día anterior habían matado a los dos jóvenes vascos en un paraje alicantino.

No obstante, el hallazgo de los cadáveres se produjo un año después por un cazador, y de forma casual, en Busot, Alicante. Pero no fueron identificados y el juzgado alicantino archivó el caso y mantuvo los restos mortales de Lasa y Zabala en el depósito de cadáveres de la ciudad. Gracias a la inoperancia de la administración, que por un error no inhumó los cadáveres, y al recelo del inspector jefe de la comisaría de Alicante, Jesús Eugenio García -que falleció en 1999 después de padecer un infarto en mitad de su declaración en la Audiencia Nacional en el juicio celebrado por este caso, en extrañas circunstancias-, quien siempre pensó que se podría tratar de los restos mortales de los dos militantes abertzales desaparecidos.

Identificados en marzo de 1995

El policía prosiguió las pesquisas por su cuenta. Hasta que en marzo de 1995 se supo la identidad de los fallecidos: Joxean Lasa y Joxi Zabala. El especialista en Medicina Legal y Forense Francisco Etxeberria fue quien confirmó la identidad de los dos cadáveres. La convulsión social y política se apoderó enseguida de Euskal Herria; también del Parlamento de Lakua -un parlamentario de HB lanzó un saco de cal sobre el escaño del consejero de Justicia, Ramón Jauregi-.

Y más si cabe, cuando el 21 de junio de 1995, casi dos meses después de la confirmación de la identidad, los restos de Lasa y Zabala llegaron al aeropuerto de Hondarribia.

Difícilmente se borrarán de la retina de miles de vascos las imágenes de la brutal carga que llevó a cabo la Policía española en el interior del aeropuerto. Hubo decenas de heridos, entre los que destacaban los propios familiares de Lasa y Zabala, parlamentarios y dirigentes de Herri Batasuna y los propios abogados de la familia. Horas después fue la Ertzaintza la que practicó otra brutal carga en el mismo cementerio de Tolosa, arremetiendo contra los familiares que pretendían llevar a hombros los féretros.

Cuatro años más tarde, entre 1999 y 2000, la Audiencia Nacional juzgó el «caso Lasa-Zabala». Condenó a 71 años de cárcel a Galindo y Elgorriaga; a 69 años al teniente coronel de la Guardia Civil Angel Vaquero, y a 67 años y ocho meses de prisión a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo. Todos fueron absueltos de los «delitos de torturas y pertenencia a banda armada». A pesar de haberse destapado el «terrorismo de Estado» practicado en Euskal Herria, los acusados sólo pasaron unos meses en prisión. A día de hoy, están en libertad.