Ramón SOLA

Es la incomprensión que transmiten, por ejemplo, los diputados del PRD mexicano Humberto Zazueta Aguilar y José Jac- ques Medina. Nada más producirse la detención de Joseba Alvarez y Oihana Agirre por la manifestación de Donostia, preludio de la redada de Segura, hicieron público un mensaje en el que recuerdan que Alvarez «es el encargado del área de relaciones internacionales de Batasuna, y en los últimos tiempos ha estado buscando la participación de diferentes agentes políticos europeos e internacionales para la solución del conflicto político a través del diálogo». Los diputados recurren al ejemplo de México para concluir que «la demostración de autoritarismo por parte de la Policía y del juez Baltasar Garzón» tiene como objetivo «asimilar las protestas sociales con actos criminales, y eso en nada contribuye a resolver los conflictos de manera pacífica». Frente a «detenciones arbitrarias», los electos del PRD proponen otra fórmula: «Conminamos a las partes a buscar una salida dialogada al conflicto en el País Vasco como única vía posible».

El retrato del mahaikide donostiarra puede verse en las últimas semanas en muros de diferentes barrios de Roma. Y es que Joseba Alvarez ha viajado varias veces a Italia para difundir la situación política en Euskal Herria. Tanto en la capital -ante la Embajada española- como en Milán -frente al Consulado- ha habido concentraciones de denuncia de la represión contra la izquierda abertza- le. En el caso de Roma, se sumaron a la misma todas las fuerzas de la izquierda, incluido el Partito di Comunisti Italiani y Rifundazione Comunista, que forman parte del Gobierno italiano.

Irlanda, Madrid, París...

Los intensos lazos de solidaridad entre la izquierda abertzale y el movimiento republicano irlandés han hecho que en la isla proliferen las protestas. En Belfast se prepara una movilización de calado, pero desde el primer momento ya hubo respuesta en ciudades como la citada, Dublín o Cork. Varias de ellas se llevaron a cabo apenas dos días después de producirse las 23 detenciones de Segura, que fueron seguidas casi en directo por los dirigentes de Sinn Fein Bairbre de Brun y Pat Rice, ya que a la mañana siguiente visitaban a Arnaldo Otegi en Martutene.

Algunas de estas protestas tenían la firma del Comité de Apoyo a Euskal Herria, otras fueron promovidas por Ogra Sinn Féin -las juventudes de la formación republicana- y también los militantes de la organización de ex presos Coiste han salido a la calle para expresar su apoyo a los dirigentes enviados a la cárcel, con ikurriñas, pancartas contra la represión o lemas de apoyo a la libertad de Euskal Herria.

Sin salir de Europa, han llegado voces de solidaridad de movimientos independentistas bretones, occitanos, corsos o sardos. Estos y otros coinciden básicamente en situar este ataque como una represalia por la finalización sin resultados del proceso de negociación que ha sido seguido con interés y apoyo, incluso por el Parlamento Europeo, en los últimos meses.

Ayer se sumó a todos ellos la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, que recordó que Alvarez ha sido invitado a Ginebra en dos ocasiones en los últimos meses para exponer su visión «sobre la necesidad de un acuerdo político entre todas las partes». La Liga considera, en consecuencia, que su arresto «atenta contra la liberad de expresión» y está destinado a «criminalizar a los representantes políticos de una amplia franja de la sociedad vasca».

Esta sensación resulta especialmente intensa en el Estado español. La Plataforma por la Paz, los Derechos, el Diálogo y la Negociación -que hace unos meses realizó una concentración en Madrid reuniendo a unas 200 personas- condena los encarcelamientos, subraya que «estas actuaciones contradicen el pretendido pluralismo que se proclama por los poderes públicos» y recalca que «la única vía de solución es el diálogo y la negociación política».

Para el Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España, «las detenciones vienen a constatar la ausencia total de voluntad del Gobierno de Zapatero para posibilitar un escenario de negociación política que pueda ayudar a la superación del conflicto». La Coordinadora Estatal de Corriente Roja concluye que «el Gobierno del PSOE ha decidido unirse al PP en la estrategia de rentabilizar electoralmente en otras partes del Estado la represión que ejerce en Euskal Herria», por lo que habla de «un gobierno cobarde, abanderado de la represión, la monarquía y la España unida a la fuerza». La formación liderada por Angeles Maestro anima a canalizar la protesta en la manifestación prevista el 6 de diciembre en Madrid.

Un abogado de Madrid fue precisamente el encargado de presentar el caso el fin de semana, en la reunión celebrada en París por la Asociación de Abogados Europeos Demócratas. El colectivo mostró su «honda preocupación» por la situación en Euskadi Herria, criticó la «escasa calidad jurídica» de la operación contra los mahaikides e hizo «un llamamiento para que se redoblen esfuerzos para la creación de un escenario de plenas garantías democráticas que conduzca al País Vasco a una situación de normalidad y paz».

El enfado del Embajador

Para Askapena, que ha recabado muchas de estas muestras de protesta, todo esto lleva a concluir que «Euskal Herria no está sola en su lucha y cuenta con buenas amigas y amigos por todo el mundo. Este trabajo de solidaridad no es en vano y causa daño a la estrategia del Gobierno español, obsesionado con mantener el oscurantismo». De hecho, como publicó GARA, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya había contactado en las últimas semanas con personas que participaron como observadoras en el proceso de negociación para anticiparles esta ofensiva y tratar de justificar su posición.

Un caso paradigmático del interés español en acallar estas denuncias es el de Venezuela. Según ha transmitido Askapena, el embajador español trató de impedir la emisión de un documental titulado ``Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia'', el pasado 12 de octubre. «También llamaron desde la Embajada al Viceministerio para Europa de la Cancillería venezolana para manifestarle que `no consideraban apro- piado dicho evento'», detalla.

La proyección, sin embargo, se llevó a cabo. Los promotores del acto denunciaron las presiones y remarcaron la «coincidencia» entre el intento de veto y la fecha del 12-O: «Pareciera que 515 años después, el Imperio español aun considerara a Venezuela como una colonia».

El documental se exhibió finalmente, ante decenas de personas, en un lugar de nombre emblemático: el Cuartel de la Dignidad. En la convocatoria se aludía con claridad al sinsentido de estas detenciones: «Enviar a la cárcel a unas personas que desarrollan una labor exclusivamente política y pública supone un atentado contra el Estado de Derecho y contra las libertades políticas».

Garzón, viejo conocido

En las protestas producidas en Latinoamérica hay otro nexo: las críticas al juez Baltasar Garzón, bien conocido en el continente por algunas actuaciones con connotaciones propagandísticas. En el acto de Venezuela se señaló al juez promotor de las detenciones de Segura como «tristemente conocido por su defensa de la oligarquía empresarial». Se hace referencia así a lo ocurrido hace unos meses, cuando empresarios de la oposición al presidente Chávez invitaron a Garzón y éste se dedicó a censurar la no renovación de la licencia a la cadena de medios RCTV. El vicepresidente de la República venezolana le recordó entonces al juez el cierre de medios en Euskal Herria, con el propio Garzón como ejecutor; el canciller Nicolás Maduro le tildó directamente de «payaso»; y la presidenta del Tribunal Supremo añadió que «Garzón es un ejemplo de lo que nunca debe ser un juez».

La organización política argentina Quebracho concluye que «tan triste es la postura del Gobierno de España, por su incapacidad de llegar a buen puerto en el proceso de independencia de Euskal Herria, como la figura de Baltasar Garzón, quien pretende hacerse ver como juez garante de los derechos humanos en el mundo mientras se ha constituido en la mejor herramienta de persecución en el País Vasco». Y desde Chile, el Movimiento Patriótico Manuel Ro- dríguez muestra su decepción tanto con él como con Zapatero.

La necesidad de que Euskal Herria decida y que logre la independencia si lo desea es leit-motiv común. El MPMR chileno lo expresa con resonancias históricas: «La colusión del poder político del Estado y juzgados españoles ha agregado un golpe al multisecular esfuerzo de los habitantes de un pequeño territorio que no aspira a otra cosa que no sea lo que nosotros, pueblo chileno, conquistáramos en los campos de batalla de Chacabuco y Maipú hace 200 años».