La explotación de trabajadores inmigrantes se está produciendo en empresas de Hego Euskal Herria. CCOO de Euskadi informó ayer de que denunció ante la Inspección de Trabajo a la empresa de pinturas Decoval SL, ubicada en Sestao, debido a que «tenía el servicio de pintores con diez trabajadores sin contratos y, al menos, cinco de ellos son trabajadores colombianos sin papeles».

Este grave problema se produce entre «los sin papeles», pero también entre quienes están dados de alta a la Seguridad Social. Algunos empresarios se aprovechan de esa situación con el objetivo de pagar menores salarios y, por lo tanto, elevar los beneficios. El sector de la Construcción es uno de los que más acusa esta situación. En setiembre, en Hego Euskal Herria había 78.122 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social.

Atrapados por la legalidad

La mayoría cotizan en el régimen general, ya que suman 57.750 trabajadores, seguidos de los autónomos en torno a 9.000 extranjeros y las casi 7.500 empleadas del hogar inmigrantes. Se calcula que existe otro grupo importante, que puede representar un 20% de los legales, que no tiene papeles y que se ve en la necesidad de buscar empleo. Según informó CCOO, la legislación «te obliga» a trabajar de manera ilegal, ya que quienes tratan de regularizar su situación por las diferentes vías deben esperar «por encima de los diez meses para obtener los derechos». Por esta razón, durante ese período, se ven obligados a trabajar sin papeles y «por lo tanto al margen de la ley»

En la denuncia, según explicó CCOO, hace alusión «a la situación de explotación que vivían esos trabajadores, que carecían de contrato y venían cobrando unos 1.110 euros mensuales, cuando por una jornada de ocho horas de trabajo en ese sector deberían de percibir 1.763,37 euros al mes».

En la misma se constata que «se les obligaba a realizar una jornada de, al menos nueve horas, por lo que el salario tendría que ser 2.071,57 euros, a los que habría que añadir el plus por trabajar los sábados a los que eran obligados a acudir a su trabajo». Sin embargo, los trabajadores cobraban 971,57 euros al mes y, por otro lado, el empresario no les tenía dados de alta en la Seguridad social, por lo que también se ahorró más de un 30% en cotizaciones sociales. La Inspección de Trabajo acudió a la empresa Decoval, acompañada por la Policía española, que detuvo a los inmigrantes y citó al empresario para el día siguiente.

Según CCOO de Euskadi, el responsable de la empresa se mantuvo en una posición «indiferente al asunto, como si el tema no fuera con él». La central sindical aseguró que está negociando con las autoridades que los cinco colombianos puedan tramitar la regularización para que no tengan que ser expulsados. Esta manera de actuar de CCOO es habitual en estos casos en que los trabajadores ilegales sufren explotación por parte «de empresarios sin escrúpulos».

Durante este año se han reproducido casos similares en Araba y Nafarroa. La explotación de los trabajadores extranjeros es una constante en el mercado laboral vasco.

En Nafarroa, en marzo de este año detuvieron a 17 personas precisamente por esa razón. A los trabajadores les tenían sin contrato, no estaban dados de alta en la Seguridad Social y cobraban 15 euros a la semana. La mayoría de los trabajadores son portugueses y eran contratados ilegalmente por compatriotas suyos. Además de no estar dados de alta en la Seguridad Social, trabajaban al menos nueve horas durante seis y hasta los siete días de la semana, y sus responsables les daban sólo 10 ó 15 euros como salario semanal. Este año, UGT de Euskadi presentó un informe sobre la situación de los trabajadores inmigrantes. En el mismo, se dio a conocer que un 38% de los mismo denuncia impagos salariales y un 21% es obligado por los empresarios que les contratan a pagarse la Seguridad Social.

El secretario general de UGT Euskadi, Dámaso Casado, informó, acompañado por Emilia Málaga, responsable de ese área, que un 53% de las empleadas inmigrantes en los servicios domésticos es «víctima de acoso sexual en algún momento de su relación laboral».

Esta situación que sufren los inmigrantes en las empresas vascas se reproduce asimismo en la UE, ya que los empresarios «someten a los inmigrantes a condiciones de trabajo denigrantes», como ha denunciado recientemente la Fundación Dublín.