Acompañados por un nutrido grupo de familiares y amigos de los seis jóvenes encarcelados la semana pasada como consecuencia de la operación desarrollada por la Policía española en Uribe Kosta, la abogada Arantza Zulueta y el portavoz del movimiento pro amnistía Julen Larrinaga, denunciaron que este tipo de redadas se «preparan y diseñan» en el despacho del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Larrinaga enmarcó esta operación dentro de las «más de cien encarcelaciones» que Rubalcaba «se ha encargado de avisar ante diferentes instancias que va a haber en la izquierda abertzale de aquí a marzo», y preguntó «cuántas más va a haber en los próximos meses».

«En los últimos cuatro meses, desde que ETA diera por finalizado el alto el fuego, se han contabilizado 144 detenciones, de las cuáles 71 personas han acabado en prisión. La receta de Rubalcaba es ahondar en esa cifra», criticó.

En este sentido, Larrinaga insistió en que estas operaciones policiales no están diseñadas en el despacho de un juez, sino «en el despacho de Rubalcaba, en el Ministerio de Interior español, con la ayuda de Balza».

«Afirmaciones bochornosas»

Zulueta, por su parte, dijo que el Gobierno español necesita «reprimir para imponer la Constitución a la que los vascos hemos dicho una y otra vez que no» y «ganar las elecciones». Por ello, censuró que «nadie que hace impunes este tipo de operaciones político-judiciales nos puede dar lecciones de democracia». La abogada denunció el papel que juega la Audiencia Nacional en la «estrategia política del Gobierno español» y explicó que no hay ninguna «base jurídica» en el auto de ingreso en prisión emitido por Garzón.

Según censuró, el juez «hace literatura» en el auto y realiza «afirmaciones bochornosas» al imputar a los jóvenes haber quemado contenedores en 2004 «sin determinar la fecha» o otros actos de los que no consta ningún tipo de parte.

Para «demostrar» la relación con ETA y la «kale borroka» de los encarcelados, Zulueta reveló que la Policía española aporta «documentación intervenida» en contra de la construcción del TAV. «Como ha sufrido varios sabotajes sirve para acreditar la relación. Ya no se puede estar ni en contra del trazado del tren», criticó. Además, aseguró que en el auto se dice «que se intervinieron fotografías de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Getxo», cuando se trata de «propaganda electoral que nos mostró el señor Garzón sin vergüenza alguna».

En esa línea, explicó que en el auto se afirma que dos de los detenidos «son las personas que dan instrucciones para la kale borroka», y preguntó a ver «dónde están esas instrucciones» y «en qué se basa el juez para decir esto». Tras exponer estas argumentaciones, apuntó que el «objetivo» era meter a todas estas personas en prisión «despreciando la legalidad».

Zulueta reclamó la derogación de la «incomunicación y las leyes especiales» y criticó que el protocolo diseñado por Garzón para evitar casos de torturas ha sido utilizado «para lavarse las manos».

Y es que los jóvenes de Getxo y Berango han denunciado haber sufrido malos tratos, presiones sicológicas y amenazas durante los tres días que han permanecido incomunicados «hasta lograr declaraciones policiales inculpatorias».

A su juicio, «el sistema judicial español necesita la tortura para poder mantener la vía represiva que el Gobierno ha decidido en este momento».

En este sentido, la letrada señaló que un médico de confianza asistió tan sólo en una ocasión a los jóvenes y a uno de ellos le tuvieron que mandar a un hospital por la crisis de ansiedad que estaba sufriendo, pero el juez no ha tenido en cuenta los informes a la hora de tomarles declaración.

Zulueta denunció que tampoco han facilitado a los abogados defensores los vídeos de las grabaciones que se deberían de haber realizado en los interrogatorios como se recoge en el protocolo de Garzón.