La exposición de motivos de la que se conoce como Ley de Memoria Histórica despeja cualquier duda sobre el contenido de la misma. Desde la primera línea se aclara cuáles son las intenciones del texto: «El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora». La referencia por lo tanto es la transición, reforma franquista cuyo eje es la Ley de Amnistía de 1977, otorgada por un gobierno ilegal que para llegar y mantenerse en el poder vulneraba los derechos humanos sistemáticamente. Hace 30 años el único indulto fue para los criminales franquistas, porque ¿de qué delito se supone que fueron amnistiados los represaliados por la dictadura? Ahora, tres décadas después de esa ley de punto final, nos tratan de vender como un éxito una nueva ley que es ajena a los intereses de las miles de víctimas del franquismo, porque insiste en la consagración del modelo español de impunidad.

En este sentido destaca el artículo 10 de esa Ley: «en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización económica a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos». Se refiere a los únicos crímenes cuyos responsables directos, al menos la inmensa mayoría, están todavía vivos y muchos siguen en activo. No es casualidad que se separen estas víctimas del resto, es muy sospechoso que se marque para un periodo tan concreto y que se limiten a plantear unas ayudas económicas. Si se reconoce que hubo vulneración de derechos y personas asesinadas será porque hubo agresores y asesinos. Además, muchos casos se quedan fuera por la arbitrariedad de poner fecha de caducidad a los derechos y muchos otros, pese a ser asesinados en ese periodo, ni siquiera fallecieron mientras «defendían y reivindicaban las libertades y los derechos democráticos», víctimas de la impunidad y del gatillo fácil: muertos en controles, acción de incontrolados, excesos de uniformados en emboscadas, detenciones, comisarías... El responsable era el Estado franquista porque los que asesinaban impunemente eran sus policías, su Guardia Civil, con uniforme o sin él. Pero eso lo hacían por miles antes del 1 de enero de 1968 y... ¿después del 6 de octubre de 1977?

Llama la atención que casos muy similares a los que se pueden considerar en esta Ley quedan fuera por horas, días o semanas de esa fecha límite que no es otra que la fijada en la ley de punto final de 1977. La misma noche de ese 6 de octubre, el joven Miquel Grau, militante del Movimiento Comunista del País Valenciá, sufre una agresión fascista en Alicante mientras pegaba carteles y muere días después, pero con ésta ley sólo puede llegar a ser considerado herido «en defensa de las libertades». Al día siguiente, 7 de octubre, es asesinado en Hernani el taxista David Salvador Bernardo y el crimen se atribuye a la Triple A. Por si alguien tenía alguna duda, ya lo explicó un oficial retirado del Ejército español, oculto bajo el pseudónimo Leonidas, en una entrevista en 2001: «Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), BVE (Batallón Vasco Español), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE)... Eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita». Somos muchos los que echamos de menos una comisión de la verdad, pero sin fechas de caducidad y para todos los crímenes cometidos antes y después de la fecha que fija esta Ley. ¿En qué se diferencia la muerte de David Salvador y la de otro taxista asesinado dos años antes? Germán Agirre, taxista que apareció muerto en su coche junto al cuartel de la Guardia Civil de Legutiano el 12 de octubre de 1975, fue víctima de la extrema derecha según la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco. Según las fuentes consultadas, lo asesinaron los mismos «incontrolados» que la semana anterior habían ametrallado en el Alto Kanpazar a Iñaki Etxabe, el taxista los vió y se convirtió en un testigo incómodo. En el lugar donde apareció muerto German Agirre semanas más tarde la Guardia Civil mató a tiros al vecino de Dima Angel Esparza.

También murió en un control el vecino de Sestao Gonzalo Pequeño, ametrallado a la altura de Lutxana el mismo día que en Galdakao Juan Antonio Igarza recibía una bala en el cuello disparada por la Guardia Civil: el 14 de octubre de 1977, por lo que son víctimas fuera del plazo, aunque nadie puede asegurar que los muertos en controles policiales vayan a ser reconocidos alguna vez por el Estado. Sin embargo, los fallecidos por la represión en manifestaciones tienen más oportunidades de ser considerados económicamente. El 11 de septiembre de 1977 en Barcelona durante la Diada muere Carlos Gustavo Frecher Solana, de 28 años, con la cabeza destrozada por una bala de goma de la Policía. Entra en el periodo establecido, pero un caso similar ocurrido un par de meses después queda fuera: el 4 de diciembre, durante la celebración en Málaga de una manifestación a favor de la autonomía andaluza, muere por disparos de la policía Manuel José García Caparrós, de 18 años.

Sólo son algunos ejemplos. Pero hay tantos, es tanta la impunidad... me viene a la memoria una pregunta de un amigo sobre Ahaztuak 1936-1977: «¿por qué os llamáis 1936-1977, por qué acotar con fechas si no hubo ruptura democrática?» Y cuando le respondí que 1936-1977 no indica un margen de tiempo con inicio y final, sino que representa las dos fechas más significativas de la represión franquista (1936 por el golpe de estado y 1977 por la ley de punto final), él se volcó de lleno en esta lucha por la memoria.

Seguro que nos vemos este lunes en el monolito de las víctimas del 3 de Marzo de Gasteiz, en la concentración que vamos a realizar bajo el lema «Hecha la ley, hecha la trampa. Noiz arte justiziarik gabe?»