Cuando analizamos a fondo el discurso que inunda últimamente las declaraciones de los representantes autonómicos, vemos que se maximiza el impacto de un tipo de violencia -la popular- y oculta siste- má- ticamente la existencia de otras. Y cuando buscamos responsabilida- des de ciertas violencias y definimos qué condenan, y qué pretenden justificar con ese mensaje, se aclaran los términos.

Nuevamente, el Ejecutivo de Lakua se opone a una movilización popular, prohibiéndola, esta vez en Hernani, porque el pueblo quiere homenajear a sus muertos, unos generados por el terrorismo de estado o de extrema derecha, otros por la consigna policial de «tirar a matar». Asesinatos nunca reconocidos, y responsabilidades totalmente borradas por la impunidad con la que el Estado ejerce la violencia, algunas de las cuales apuntan además directamente al Departamento de Interior del Gobierno que el propio Ibarretxe preside.

Una actitud de prohibir y negar que contrasta con la mostrada por sus policías con los fascistas de Fuerza Nueva que nos visitaron hace dos semanas y que dejó plasmada para la posteridad la fotografía de uno de sus mandos apretando la mano de uno de los falangistas.

Y también contrasta sobremanera con el apoyo y solidaridad que el Gobierno de Lakua y su oficina de víctimas otorgan a personas como Antonio Aguayo, del «clan Galindo» -desarrollado en este reportaje- mientras dan la espalda a otras, como -siguiendo en Hernani- Juan María Ormazabal Tturko, donde la responsabilidad del Estado, y dentro de él la del propio Gobierno Vasco, es nítida.

Todo esto en un contexto en el que el PNV apoya la Ley de Memoria Histórica que ahonda en la impunidad y en la injusticia para con los represaliados políticos de este país. En un momento en el que se niega legitimidad a las organizaciones que trabajamos a favor de los derechos de las personas represaliadas, para que así sea más fácil ocultar responsabilidades y señalar siempre hacia el mismo lado. Todo esto cuando el debate político y la denuncia pública se obstaculiza con prohibiciones de departamentos policiales y suspensiones de actividades habilitadas por tribunales especiales.

Por eso, queremos hacer un llamamiento a los familiares de represaliados, de las víctimas del terrorismo de estado, de la política de tirar a matar, de presos, detenidos... para que redoblen esfuerzos pueblo a pueblo en el trabajo de desenmascarar ese falso discurso sobre la violencia y que se enfrenten a la impunidad que el discurso de Ibarretxe está fraguando para los crímenes de los aparatos de un Estado del que él, quiéralo o no, forma parte.