Pese a que han permanecido en paradero desconocido durante días, la juez de Donostia que instruye las denuncias por el supuesto fraude de Urbancasa dictó ayer prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para cada uno de los dos propietarios de la inmobiliaria, como presuntos autores de un delito de estafa.

La juez citó la madrugada del viernes a Ángel Crespo y María Victoria Ferrer Medel, detenidos el pasado martes a las 5.05 cerca de Tortosa (Tarragona), aunque ambos se negaron a prestar declaración.

Nada más tener noticia de la decisión judicial adoptada, los abogados de las personas perjudicadas por este presunto fraude inmobiliario han presentado un recurso contra el auto de la juez en el que piden que se dicte prisión incondicional contra los detenidos, que se encuentran en el centro penitenciario de Martutene, para evitar que la excarcelación les permita destruir pruebas, según detalló Bernardo Inza, uno de los letrados de los afectados.

La juez, según este abogado, decidió tomar declaración a la pareja de madrugada para no sobrepasar el plazo de detención de 72 horas que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, después de la negativa de ambos acusados a declarar, decretó su ingreso en el centro penitenciario de la capital donostiarra.

Los perjudicados calculan que la presunta estafa supera los 900.000 euros por la venta supuestamente fraudulenta de terrenos y viviendas en Nafarroa y Gipuzkoa -las denunciadas en éste último territorio suman 697.000 euros-.

Fuera de Euskal Herria

Los abogados de los afectados por el presunto fraude han presentado también un escrito para que se tomen con urgencia algunas medidas con el fin de evitar la desaparición de pruebas, como registros en los domicilios y en los locales donde ha trabajado la pareja, así como la puesta en contacto con personas o entidades que hayan colaborado con ambos en gestiones inmobiliarias.

Además, se insta a la Fiscalía a que indague si pueden existir otros procedimientos contra la pareja fuera de Nafarroa y Gipuzkoa, pues eso abriría la posibilidad de que se tuviera que encargar de todas las causas la Audiencia Nacional.

De momento, según dio a conocer Inza, el caso se llevará por separado en Nafarroa y Gipuzkoa «a expensas de lo que ocurra».