Mucho se está hablando durante las últimas semanas sobre la Autovía del Camino. Cifras mareantes y abuso de conceptos como legalidad, ética y transparencia de las que hace tiempo se alejaron la mayoría de nuestros gestores políticos. Por lo que sabemos, se van a pagar a las empresas constructoras 55 millones de euros por encima de lo acordado y reflejado ante notario. 55 que se convertirán en 112, a causa de esta nueva forma de contratación denominada «peaje en la sombra».

El peaje en la sombra es similar a una hipoteca. Las empresas entregan a la Administración la obra finiquitada y comienzan a cobrar un canon (costo+interés+beneficio) durante el tiempo que se estima necesario para completar sus ganancias. Ciento doce millones de más, que para el Gobierno de UPN-CDN son «absolutamente legales». De los 300 millones de euros presupuestados y contra- tados por el total de la obra a esta nueva versión de constructora-prestamista, se ha pasado a la friolera de 1.157, cuadruplicando la cifra inicial. El ex consejero de Obras Públicas y actual vicepresidente señor Miranda, factótum político y gestor destacado de la Autovía del Camino, ha recalcado que «no ha habido desviación ni apropiación fraudulenta de dinero público ya que, para nosotros, éste es sagrado». Van a ser abonados 35 millones en concepto de una «revisión de precios» (no constaba en el pliego de condiciones) que ya incluía el IPC y otras variantes financieras garantizadoras del negocio de las constructoras. El ex consejero afirma que se trata de una «laguna de interpretación» pero, como bien sabe, jurídicamente in claris non fit interpretatio (cuando las cosas están claras no es necesaria la interpretación).

El gobernante está obligado a servir al interés público sin filigranas de ningún tipo y menos cuando éstas conducen al interés privado sobre el colectivo al que representa. También hay quienes acusan al Gobierno de Nafarroa de oscurantismo, dentro de la legalidad, por haber ocultado la existencia de modificaciones en el contrato inicial y revisado las condiciones una vez que UPN y CDN formaron gobierno con mayoría absoluta. Y qué decir del sobrepago por haber acabado con varios meses de adelanto. El vicepresidente afirma que «se han ahorrado víctimas en la carretera», pero no dice que pudieron inaugurar la autovía justo antes de las elecciones. Así, de forma absolutamente legal, sacaron provecho de su eficacia ante la opinión pública. Veinte millones de euros a cuenta de la medallita preelectoral y sin necesidad de prevaricar. Asimismo, esos 112 millones de euros por encima de lo estipulado se van a las empresas adjudicatarias, pese a ser otras empresas subcontratadas las que realizaron el total de las obras.

Los datos y cifras hasta aquí suministrados los ha proporcionado la Cámara de Comptos, encargada de velar por la legalidad y buen hacer de nuestros gobernantes. La Cámara de Comptos ha descubierto el fiasco, aclarando que los pagos no vulneran la legalidad, pero insistiendo en lo irregular de los mismos. De esta forma, muy diplomática, la Cámara de Comptos deja la puerta abierta a una revisión de los actos administrativos, es decir, a que el Gobierno actual reconsidere su actuación y proceda a descontar los millones de euros gratuitamente dispensados. El señor Miranda ha mostrado «el máximo respeto» por esta institución para, a continuación, defender «el estricto ajuste a la legalidad» de su labor y afirmar que pueden ir «con la cabeza bien alta» por el trabajo realizado.

Con la cabeza bien alta la ciudadanía navarra va a estar 25 años pagando una notable cantidad de dinero pobremente justificada. Esta situación debería hacernos reflexionar en la línea de lo señalado en su día por el profesor universitario Carlos Taibo: «Al amparo de un capitalismo que va perdiendo los frenos, ¿no será que el sistema ha dejado de emitir señales de dolor que permitan identificar sus dolencias?». Hablando en plata, ¿es que nadie va a parar este despropósito? No se trata de la trasnochada, por ineficaz, legalidad y tampoco es necesario acudir al dicho popular de que «hecha la ley, hecha la trampa», sino de una actualización de la legitimidad que incluya la autocrítica y la rectificación. Porque ante comportamientos como los arriba expuestos cualquier ciudadano podría preguntarse, ¿quién paga, en el mundo que vivimos, más de lo firmado? ¿No será que esos 55 milloncejos se los han repartido adjudicantes y adjudicatarios? Y «legalmente» no acusamos a nadie, son meras reflexiones en voz alta al alcance de cualquiera que escuche a la ciudadanía.

«Sete recto», le dijo el honrado señor Urralburu a su hijo Gabriel cuando tomó posesión de su cargo como presidente de Nafarroa. A los actuales gobernantes les pedimos lo mismo para evitar idéntico final al de su predecesor: la rectitud ante lo torcido e irregular, sin excusas de aparente legalidad. La revisión de los actos administrativos hace necesaria la dimisión del vicepresidente Miranda para que, antes de que sea tarde, la Autovía del Camino deje de ser «el caso de la Autovía del Camino».