El primer ministro de Pakistán, Shaukat Aziz, confirmó ayer que desde la declaración del estado de excepción han sido puestos bajo «arresto preventivo» entre 400 y 500 activistas de la oposición, medio centenar de ellos en Islamabad, la capital del país.

Las fuerzas de seguridad emprendieron una ola de arrestos masivos que afectó a líderes de la oposición, activistas y otras figuras políticas en las principales ciudades del país -entre ellas Islamabad, Karachi, Peshawar, Quetta y Lahore- en virtud de las medidas extraordinarias decretadas por el presidente, el general golpista Pervez Musharraf.

Entre los detenidos figuran el presidente en funciones de la Liga Musulmana-N del ex primer ministro Nawaz Sharif, Javed Hashmi, arrestado junto a otros diez colaboradores a la salida de su casa en Multan; el ex director de los todopoderosos servicios secretos (ISI) durante el primer Gobierno de Benazir Bhutto, Hamid Gul; la responsable de la comisión independiente de Derechos Humanos en el país, Asma Jahangir, y otros cuarenta activistas de esta asociación, así como a seis miembros más de la judicatura, incluido el secretario de la Asociación del Alto Tribunal de Multan.

En el momento de ser detenido, Hashmi denunció a los reporteros que Musharraf usurpó «la independencia judicial» cuando detuvo a los jueces del Tribunal Supremo «únicamente para salvar su propio poder ilegítimo». «Musharraf no podrá sobrevivir a la indignación de la gente», advirtió.

También se puso bajo arresto domiciliario al ex jugador de cricket Imran Khan, que dirige la formación opositora Teehrik-e-Insaf, aunque fuentes próximas a su partido indicaron que pudo eludir la vigilancia policial y abandonar su vivienda.

El primer ministro, por otra parte, negó que la medida declarada el sábado por Musharraf, sea una ley marcial, como ha afirmado la oposición, y afirmó que estará en vigor «el tiempo necesario».

«Hasta un año»

Asimismo, Aziz señaló que el Parlamento puede retrasar las elecciones generales «hasta un año» bajo el actual estado de excepción, aunque matizó que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión al respecto.

La actual legislatura termina, en teoría, el próximo 15 de noviembre y, en un principio, estaba previsto que las elecciones legislativas se celebrarán a principios del próximo año.

Shaukat Aziz insistió en que en la actualidad hay «muchos desafíos» que Pakistán debe afrontar e insistió en que distintos factores han llevado a la proclamación del estado de excepción y a la suspensión de la Constitución de 1973.

Desde el sábado, la emisión de los canales de televisión privada en Pakistán está interrumpida, lo que para muchos ha convertido las páginas web de televisiones y periódicos en la única fuente de información no controlada por el Gobierno sobre la situación que vive el país.

Además, El Ejecutivo ha establecido un código de conducta que prohíbe la publicación de informaciones que «difamen, pongan en ridículo o afecten a la reputación» del jefe del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas o las instituciones.

Pese a las medidas de excepcionalidad, las principales ciudades paquistaníes presentaban ayer un aspecto de relativa normalidad, con los comercios abiertos y los transportes funcionando. En Islamabad, sin embargo, se podía ver una fuerte presencia policial en varios puntos clave de la ciudad, como los alrededores del Parlamento y de la sede del Tribunal Supremo, cuyo acceso fue bloqueado en la noche del sábado.

El estado de excepción fue ayer duramente criticado por algunos medios de comunicación impresos, que lo consideraron un «grave error». Calificaron la medida de «draconiana» y de un «segundo golpe» de Musharraf, tras el que dio en 1999 para hacerse con el poder. El general había hecho una promesa condicionada de renunciar a su cargo como jefe de las Fuerzas Armadas y convertirse en un presidente civil este mismo año.

También los partidos de la oposición persistieron ayer en sus críticas a decisión de Musharraf. Lejos de compartir sus argumentos consideran que lo ha hecho para evitar un veredicto del Tribunal Supremo que podía invalidar su reciente reelección como presidente.

Precisamente el recién nombrado presidente del Alto Tribunal en sustitución del depuesto Iftikhar Mohamed Chaudhry, Abdul Hameed Dogar, declaró ayer «nulo e inválido» el dictamen realizado la víspera por los magistrados que ahora se encuentran «bajo custodia» en paradero desconocido. Aquel dictamen declaró inconstitucional el estado de excepción impuesto por el régimen de Musharraf.

«Asalto a la democracia»

La opositora alianza islamista Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) definió la orden del presidente como «asalto a la democracia», aunque instó a la población a mantener la calma mientras se analiza la situación.

Algunas fuentes indicaron que la ex primera ministra Benazir Bhutto, que calificó la medida de «mini ley marcial», estaba estudiando la posibilidad de convocar ayer mismo a una reunión urgente a todos las formaciones de la oposición.

La comunidad internacional continuó ayer expresando, de forma unánime, su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en Pakistán y la necesidad de que el país regrese lo antes posible «al camino que lleva a la democracia».

El ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner, pidió a las autoridades paquistaníes la «vuelta a un funcionamiento regular de las instituciones y al mantenimiento del estado de derecho». Expresó su deseo de que «el diálogo entre todos pueda garantizar la estabilidad y la democracia».

Su homólogo australiano, Alexander Downer, condenó lo sucedido e instó a las autoridades del país a retomar cuanto antes «la senda constitucional», al tiempo que llamó a los partidos paquistaníes a «ejercer la moderación y la calma».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, tradicional aliada de Pakistán, manifestó su deseo de que se logre «mantener la estabilidad y el desarrollo» y señaló que el Gobierno y el pueblo de Pakistán «son capaces de resolver sus problemas».

Condoleezza Rice, secretaria de Estado del principal socio de Musharraf, manifestó ayer que su país revisará su plan de ayudas económicas a Pakistán, aunque previamente EEUU había señalado que continuará dando financiación militar al régimen de Musharraf porque es «un aliado muy importante en la lucha contra el terrorismo».

La Comisión Europea emitió un comunicado en el que solicitó al general Musharraf que mantenga al país con «una transición democrática». Su portavoz, Alain Bloedt, insistió en que «es muy importante que el país continúe su transición democrática y que las elecciones se mantengan en el contexto de un proceso constitucional». «Pakistán necesita de un rápido retorno a la democracia», concluyó Bloedt.

El Alto Representante para Política Exterior de la UE, Javier Solana, dijo entender «las dificultades de la actual situación interna y de seguridad» en Pakistán, donde desde junio han muerto en atentado cerca de 500 personas, pero, no obstante, consideró que «desviarse de un proceso democrático no constituye una solución».