La Audiencia Nacional ha archivado las diligencias iniciadas por la Ertzaintza a raíz de la manifestación realizada el pasado año con motivo del 30 aniversario de los trágicos sucesos de Gasteiz. Aquella movilización fue disuelta por este cuerpo policial, en una actuación que se saldó con numerosos heridos y las detenciones de Andoni Txasko y Josu Ormaetxea. A los dos miembros de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo les imputaron un delito de «enaltecimiento del terrorismo» por haber portado una ikurriña y las fotografías de dos ciudadanos vascos que recientemente habían fallecido en prisión: Igor Angulo y Roberto Sainz.

Javier Martínez de San Vicente, abogado de los dos imputados y decano del Colegio de Abogados de Araba, dio a conocer el contenido del auto firmado por el magistrado Juan del Olmo con fecha del pasado 23 de octubre, subrayando que la resolución se ha dictado «atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Según esa jurisprudencia a la que el auto hace mención, el Código Penal español castiga «a quienes enaltezcan o justifiquen los delitos terroristas» pero, como destacó ayer el abogado Martínez de San Vicente, «no prohíbe la defensa de ideas, la defensa de doctrinas, por mucho que éstas se alejen o pongan en cuestión el marco constitucional o el marco jurídico preestablecido, ni tampoco prohibe la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos».

Defender ideas

Según el decano de los abogados de Araba, «hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga una determinada conducta, pero es muy peligroso incluir en esta conducta todo tipo de manifestaciones que lo único que hacen es defender ideas».

Así, Javier Martínez de San Vicente concluyó que la Audiencia Nacional «ha aplicado la misma lógica que el Tribunal Supremo en otras ocasiones, interpretando de forma restrictiva este delito para evitar que se extienda a situaciones que no son objeto de imputación».

¿Y ahora qué?

Ésta es la pregunta que los miembros de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo se hacen ahora. En su opinión, la respuesta pasa por que quien te-nía la responsabilidad última en la intervención de la Policía autonómica en aquella manifestación y quien ante el Parlamento de Gasteiz y ante los medios de comunicación «siguió manteniendo la justificación de aquella actuación policial» asuma ahora el error y presente su dimisión.

Así lo expresó en la compa- recencia de ayer Santi Díaz de Espada, portavoz de la Asociación, quien añadió que si Javier Balza no asume su obligación de dimitir «Ibarretxe debería destituirle», porque no se trata, en su opinión, «de una actuación desproporcionada de la Ertzaintza, sino de una actuación injustificada».

Uno de los imputados por la Ertzaintza, Andoni Txasko, que fue brutalmente golpeado antes de su detención, denunció la «aberración que supone llevar ante los tribunales un delito que no ha existido, sabiendo que por motivos similares se han sobreseído otras causas». Además, reiteró que «llevar la ikurriña y las fotos de los dos presos fallecidos, en señal de condolencia, no es delito».

Josu Ormaetxea emplazó directamente al PNV a reflexionar sobre la actuación de una Policía «que está bajo su responsabilidad», y reclamó que «cada cual haga lo que debe hacer para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir».