«Las luchas en las cárceles son absolutamente legítimas, por cuanto permiten obtener logros políticos y morales que son importantes para mantener vigentes las banderas de lucha de nuestro pueblo, así como la denuncia de la persecución y represión que éste sufre por parte del Estado chileno y, por lo tanto, el reconocimiento de nuestra calidad de presos políticos», afirma Héctor Llaitul, uno de los huelguistas, al referirse, hace unos meses, al ayuno protagonizada hace año y medio, durante 63 días, por presos mapuche.

Sus palabras pueden aplicarse a la situación que se vive estos días, en cuanto que las actuales reivindicaciones sintetizan y recuerdan la existencia de un conflicto de profundas raíces históricas, así como la nula voluntad del Estado no sólo de reconocer el carácter político del conflicto sino también de resolverlo.

Ambas reivindicaciones apuntan a la que ha sido una práctica constante y habitual por parte del Estado chileno: el uso de montajes jurídico políticos espectaculares que, acompañados de un discurso mediático criminalizador, deja indefensos y sin garantías jurídicas a los presos políticos mapuche; y la creciente militarización de sus territorios ancestrales a fin de proteger los intereses empresariales que, de la mano de la industria forestal y minera, están provocando un acelerado deterioro en las condiciones de vida en las comunidades mapuche.

Desprotegidos

«Nos sentimos desprotegidos frente a la arremetida político judicial a la hora de enfrentar los procesos de que somos objeto, puesto que nuestra confrontación es, principalmente, con los grupos económicos más poderosos del país. Este poder de dominación cuenta con todas las garantías del Estado chileno para incriminarnos y reprimirnos. El empresariado no sólo controla el poder económico en las regiones en conflicto, si no también los medios de comunicación y son, en definitiva, parte del poder político. El Gobierno de la Concertación actúa en concomitancia con éste y ambos controlan el poder judicial en defensa de sus intereses económicos. Así se entiende la falta de imparcialidad y objetividad en los juicios que enfrentamos los mapuche», denuncia Llaitul.

Con estas palabras recuerda una realidad que ya ha sido denunciada por Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que desmonta cualquier discurso que, desde la Moneda, intente negar la existencia de presos políticos mapuche o violaciones de derechos humanos en sus territorios, evidenciando que el interés prioritario de la Administración Bachelet , más allá de la retórica acerca de programas sociales, es el mantenimiento de las viejas políticas neoliberales heredadas de la dictadura.

Zona más militarizada

«El actual Gobierno, por su definición en pro del desarrollo del modelo económico, prioriza las inversiones capitalistas, para establecer la estrategia de expansión y profundización del modelo económico capitalista neoliberal. Nosotros -recuerda Llaitul- sostenemos que el actual Gobierno da continuidad a la estrategia de contención de la lucha mapuche, en tanto que nuestro proyecto de nación pone en riesgo los planes del modelo económico en nuestro territorio». Una estrategia de contención iniciada por el Gobierno de Ricardo Lagos y que actualmente encuentra su reflejo en los más de veinte presos políticos mapuche, los constantes registros, allanamientos, detenciones o el despliegue de unidades de Fuerzas Especiales del Ejército, Carabineros e Infantes de la Marina, que convierten los territorios ancestrales mapuche en la zona más militarizada de Chile.

Frente a esta realidad, los huelguistas afirman que sus demandas están dirigidas «al poder ejecutivo para que intervenga e intermedie en una solución efectiva para la libertad de los presos políticos mapuche, principalmente a través de los desprocesamientos de las causas».