La palabra precariedad se ha hecho habitual en boca de trabajadores, sindicatos y ciertas organizaciones sociales y políticas. A diario ocurren accidentes laborales, muy a menudo mortales, si bien generalmente no se les concede la relevancia que merecen; es decir, la que desgraciadamente han llegado a adquirir. Y parece fuera de toda duda que la principal causa de los mismos son las pésimas condiciones en las que los trabajadores se ven obligados a desempeñar su trabajo. El frecuente uso del término precariedad no resulta abusivo en modo alguno, y así lo constata la reciente encuesta encargada por el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales. Los números que arroja el resultado de la misma son escalofriantes. Valga como ejemplo ilustrativo el dato de que en tres de cada cuatro trabajadores de Hego Euskal Herria, que representan 820.000 en números absolutos, están expuestos a sufrir un accidente en su puesto de trabajo. A buen seguro, si sencillamente se cumplieran las normas vigentes de prevención se notarían avances en en materia de salud y seguridad en el trabajo, pero es evidente que no se cumplen ni se hacen cumplir. Tras doce años de Ley de Prevención de Riesgos Laborales las condiciones de trabajo y, por tanto, sus consecuencias, continúan en la misma lamentable situación.