Empecemos por una partícula genitiva a la que conviene fijar su valor gramatical. Esa partícula, «de», define posesión o pertenencia. Le daba vueltas al tener entre mis manos el auto que sienta en el banquillo nada menos que al lehendakari del Gobierno vasco, esto es, la persona que encabeza la primera institución de Euskadi -por ser derivada de mandato parlamentario. El papel en que figura el conflictivo «de» pretende amparar esta terminante denominación: Tribunal Superior de Justicia «del» País Vasco.

Dejemos al margen la primera preposición, el «de» que define a ese Tribunal Superior «de» Justicia como instancia que administra tan delicada sustancia. El mismo organismo impediría cualquier reflexión acerca de ese genitivo. Quizá se ha blindado tanto a la justicia que no es posible siquiera abrir debate, en la actual hora histórica, sobre si la justicia actual lo es o no lo es realmente. Esta cuestión indigna a los ciudadanos, que pierden así su fe en los tribunales.

Lo importante en esta reflexión es el segundo «de»: Tribunal Superior de Justicia «del» País Vasco. La duda es ésta: ¿Es Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o debiera ser Tribunal Superior de Justicia «en» el País Vasco? En el primero de los casos, que es el actual, deberíamos admitir que ese Tribunal Superior de Justicia es fruto del pueblo vasco y pertenece a sus instituciones. El «de» con toda su dimensión. Y ese origen no se ve por parte alguna en una serie de actividades, como en el caso que tratamos, donde la justicia tiene un perfil colonial.

En el segundo caso, o sea, si aceptamos la acertada denominación de Tribunal Superior de Justicia «en» el País Vasco, se proclama que la justicia impartida tiene un origen exógeno, lo que conlleva una cierta e irritante situación de dominio foráneo. Decía Pío Baroja que el juego de las preposiciones castellanas es muy embarazoso. En este caso estamos entre el «de» genitivo o de pertenencia y el «en» ablativo, circunstancial y traslativo.

Yrepasada la gramática correspondiente, que en este trance es parda, volvamos al auto que somete a juicio a dirigentes políticos vascos, en escandaloso primer lugar al lehendakari, por querella de unos ciudadanos cuya única preocupación es mantener la soberanía española sobre la nación vasca, lógicamente partidaria de hacer real su libertad. Lo curioso es que el fiscal, que representa al Gobierno de la nación española, ha solicitado una vez más el archivo de esta acusación por encontrar que los políticos, y sobre todo los elegidos por el pueblo, no sólo tienen el derecho sino la obligación de mantener todo diálogo que conduzca a una posible paz o les facilite los conocimientos fundamentales para contribuir a la gobernación pacífica. ¿A qué jugamos, pues?

Cierto es que existe esa querella de unos ciudadanos que repugnan su vasquidad política y la reducen, al parecer, a una infortunada casualidad administrativa. Pero uno pregunta, con obligada reverencia a los tribunales, si un tribunal, además de la categoría jerárquica del Tribunal Superior de Justicia en Euskadi, debe admitir forzosamente esa querella o puede archivarla por temeraria o por carecer del más mínimo sentido. Muchas querellas y denuncias son archivadas por alguna de estas dos razones, tendentes a hacer de la justicia un instrumento de agresión política contra los querellados, que en este caso representan a la institucionalidad vasca.

O sea, que la querella de que tratamos abriga un espíritu de guerra o violencia contra la pacífica gobernación del pueblo vasco. ¿Es, pues, admisible la querella? Pues parece que sí, a juicio del Tribunal Superior de Justicia «del» País Vasco.

Seguramente los jueces que han decidido tamaño disparate contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo vascos alegarán que ellos también son un poder, lo que me suscita algunas consideraciones acerca de este brumoso asunto. Todo el mundo que conoce la historia sabe que la decisión de convertir en poder a la estructura judicial fue una operación táctica circunstancial durante la Revolución Francesa, a fin de detraer del poder real a los jueces, que administraban justicia en nombre del rey, por lo que eran jueces reales. Es decir se les hizo poder para que dejaran de serlo en manos del rey.

Pero también, pasado aquel momento, y ya en el modelo político burgués, que fue el que se estableció con la mencionada Revolución, la ciencia política abrió el horizonte determinando que lo propio del poder para ser tal es su capacidad para dictar leyes o normas superiores de obligado cumplimiento que afectan nada menos que a la estructuración de la sociedad.

Vista así la cosa, no hay más poderes que el legislativo y el ejecutivo como derivado suyo, pues posee una cierta capacidad normativa de rango relevante, como son, por ejemplo, los decretos ley. Bien: pues el llamado Poder Judicial ¿qué leyes o normas superiores puede dictar? Ninguna ¿Y en nombre de qué voto ciudadano puede alegar poder? De ninguno.

Pues en estas condiciones, dirigentes de la política vasca, diputados muchos de ellos, y el lehendakari nada menos y en primer lugar, van a ser sentados en el banquillo por un Tribunal Superior que depende orgánicamente de instancias transnacionales respecto a Euskadi.

¿Le urge tanto al Sr. Zapatero adelantar a los «populares» respecto a la próxima campaña electoral para permitir, por los medios que sean, que la degollina política de vascos le certifiquen como un «superpopular» en España? Claro que la querella de marras la atiende el Poder Judicial en su magnífica independencia, pero de verdad, de verdad, ¿de qué poder hablamos? La larga y oscura noche del halloween español.