Elkartzen plantea un ingreso de 958 euros al mes como umbral de pobreza
La plataforma contra la exclusión social Elkartzen presentó ayer su nueva propuesta para calcular el umbral de pobreza en el 37,5% del PIB per capita. En Euskal Herria esta cantidad ascendería actualmente a unos ingresos de 958 euros mensuales. Elkartzen estima que las instituciones deben garantizar un salario social equivalente a esta cantidad pero que, a la vez, debe establecerse un SMI superior a esa cifra.
Pablo RUIZ DE ARETXABALETA |
La plataforma contra la exclusión social Elkartzen presentó ayer su nueva propuesta para calcular el umbral de pobreza y, con ello, el ingreso mínimo que deben alcanzar los ciudadanos de Euskal Herria para tener garantizada una vida digna.
Hasta ahora Elkartzen establecía este umbral en el 50% de la renta media disponible, método utilizado por la OCDE. Sin embargo, ha asumido la propuesta de investigadorse sociales europeos que plantean un índice en función del PIB de cada territorio, según la cual, una persona se encontraría en situación de pobreza en Euskal Herria si sus ingresos son inferiores al 37,5% del PIB, lo que equivale a 958 euros mensuales (u 821 euros al mes en 14 pagas), es decir 11.492 euros anuales.
El miembro de la plataforma Igor Uriarte subrayó que esta propuesta va unida a un Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que no debería ser nunca inferior al 50% del PIB per capita. De esta forma, explicó, «resulta imposible que ninguna persona insertada en el mundo laboral a jornada completa esté en situación de pobreza». De lo contrario, «nos encontraremos demandando el salario social para trabajadores a jornada completa, cuando es la empresa la primera responsable del pago de ese nivel mínimo de rentas».
«El salario social, una vez establecido un salario mínimo digno, sería la prestación social que garantizase a todas las personas un ingreso mínimo ligado al devenir de la riqueza generada en su territorio», añadió.
Elkartzen estima que la forma más eficiente y fiable de determinar el nivel de ingresos de la población y, con ello, el de las personas con derecho a recibir el salario social, sería una declaración del IRPF que presenten todas las personas, incluidas las que no reciben renta alguna y, por supuesto, que vaya acompañada de la persecución efectiva del fraude fiscal.
Sin sobreesfuerzo social
Las diputaciones establecerían así quiénes tienen derecho a esta prestación y en qué cuantía -la diferencia entre el valor del salario social y la renta bruta percibida-, abonándola en la cuenta del contribuyente. Por otro lado, el salario social se baremaría en función de los miembros de la unidad familiar.
Uriarte reiteró que este salario complementaría de forma automática todas las rentas de todas las personas y que «no entraña ningún sobreesfuerzo social» ya que, teniendo en cuenta el nuevo cálculo del SMI, el número de perceptores del salario social sería menor del actual, con el cual muchas personas con empleo no llegan a los ingresos mínimos.
Además, Elkartzen cree que aumentaría la recaudación fiscal a través del IRPF y también del IVA, ya que el reparto de la riqueza incrementaría el consumo de las rentas más bajas. Esta garantía de ingresos dignos es sólo una de las propuestas de Elkartzen para hacer frente a la precarización de las condiciones de vida de la población de Euskal Herria, debida al recorte de derechos sociales y laborales, junto a propuestas para el acceso a la vivienda y la participación social activa. Elkartzen subrayó que en Euskal Herria se está produciendo una concentración de la riqueza en pocas manos. «Mientras el 21% más rico de la población de la CAV obtiene el 50% de las rentas declaradas, el 62% de la población se lleva el otro 50% de la renta», indicó. El 17% de mayores de edad incluso carece de renta alguna. Esta precarización se extiende al mercado laboral a través de contratos temporales, despidos en vacaciones o el SMI más bajo de la zona euro.
La propuesta de salario social de 958 euros mensuales va ligada a un SMI no menor del 50% del PIB per capita con el fin de no tener que demandar el salario social para ninguna persona con empleo a jornada completa.
El sistema para determinar el nivel de ingresos sería una declaración del IRPF para todas las personas sin exclusión con la cual las diputaciones establecerían quién tiene derecho a recibir el salario social.
¿Quién es pobre? La cuestión depende del sistema que se emplee para fijar el umbral de pobreza. Según el método empleado por la UE tras la estrategia de Lisboa, en Euskal Herria habría 691.883 personas en riesgo de pobreza en el año 2004. La UE empleaba hasta 2000 el método de la OCDE, que determina el umbral en el 50% de a la renta media disponible per capita. Según Elkartzen, lo descartó con el fin de «ocultar el aumento progresivo de la pobreza en los países miembros». Este sistema arroja una cifra de casi 900.000 personas por debajo del umbral de pobreza en 2003, según el cálculo de Elkartzen, que se ha visto corroborado por estudios publicados por el propio Eustat. Un informe de la Federación de Cajas Vasco Navarras cifraba en más de 400.000 las personas pobres en la CAV, mientras el CES lo situaba en casi medio millón, utilizando en ambos casos «los criterios restrictivos del Gobierno vasco» y que cifran el riesgo de pobreza en el 16,5% de la población. Actualmente, más de 31.000 personas reciben en la CAV el Salario de Inserción, fijado en poco más de 500 euros, el 88% del SMI, casi la mitad de lo que propone Elkartzen como renta digna mínima.
