Consejo de la Juventud de Euskadi, EHNE, Federación de Consumidores de Euskadi, CCOO, Ezker Gogoa, Gazteleku, Harresiak Apurtuz, Juventud Obrera Cristiana, Ke Pasa Kon La Kasa y la Plataforma por una Vivienda Digna -organizaciones que conforman el Foro de Participación Social en Políticas de Vivienda desde el verano de 2006- no ocultan su decepción por las directrices del anteproyecto de Ley de Vivienda que el departamento que dirige Madrazo va a remitir próximamente a la Cámara de Gasteiz para su debate.

Los componentes del Foro lamentan que el documento no vaya más allá, a pesar de que saludan que avance en la garantía del derecho a la vivienda, que a su juicio debiera ser tutelado por las administraciones públicas y protegido por los tribunales para todos los residentes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «de manera inmediata, individual e incondicional».

Creen que la definición de las políticas en esta materia tiene que venir de la mano de la participación social, junto con el establecimiento de un servicio público en los tres herrialdes que dé «una respuesta global a las necesidades de acceso, cambio y rehabilitación de vivienda del conjunto de las personas».

«Atajar los abusos»

Otra de sus aspiraciones es que las instituciones generen un parque público de viviendas de alquiler con rentas adaptadas a la capacidad de pago de las personas. «En ningún caso superior al 30% de los ingresos», puntualizan estos agentes sociales, que rechazan que la solución a esta problemática sea la de colonizar nuevos suelos para construir nuevas casas como ahora se propone.

Además, subrayan que «en el actual contexto de vulneración del derecho a la vivienda, determinados colectivos sociales sufren realidades de explotación extrema y vulneración de los mínimos vitales. Deben atajarse de manera decidida los abusos que en el mercado privado del alquiler sufren las personas más vulnerables de la sociedad».

Este foro social, que nació de la mano de la Viceconsejería de Vivienda por iniciativa de los agentes ciudadanos, propone que todas las viviendas sometidas a algún régimen de protección -viviendas sociales, vivienda de protección oficial (VPO), viviendas de precio tasado autonómicas y municipales- deben tener una regulación común para el conjunto de la CAV. Por ello, se inclinan por la coordinación interinstitucional, «lejos de luchas partidistas y competenciales. Todas las administraciones públicas deberán cumplir con las disposiciones y filosofía de la futura ley».