«Los actos de tortura y otros malos tratos cometidos por agentes de policía en España no son hechos aislados. Es posible que no sea una práctica habitual, pero pese a los compromisos contraídos por España en virtud del derecho internacional, no se le pone freno», denunció ayer la investigadora de Amnistía Internacional para el Estado español, Rachel Taylor, en una comparecencia llevada a cabo en Madrid para presentar el informe de este organismo sobre la práctica de la tortura.

El estudio, bajo el epígrafe de «Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos», pone de relieve la «falta de voluntad política» del Gobierno español para «poner freno» a una práctica que «no es excepcional» a manos de los agentes de las FSE, en las que también se incluye a las distintas policías autonómicas.

Incumplimiento de tratados

«Mientras que el Gobierno no tome medidas efectivas para investigar las denuncias y llevar ante la Justicia a los responsables de tortura y otros malos tratos, los agentes de policía estarán por encima de la Ley y seguirá extendiéndose el clima de impunidad», agregó Taylor, a la vez que aconsejaba al Ejecutivo del PSOE «dejar de negar la existencia de la tortura». Una práctica que, a su juicio, se mantiene por la inoperancia y «falta de voluntad política» del Gobierno para activar los mecanismos anti-tortura obligados por los convenios y tratados internacionales de los que es suscriptor y agente directo.

Amnistía Internacional ha vuelto a evidenciar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también hace oídos sordos ante las recomendaciones de organismos internacionales, como la ONU, para erradicar la práctica de la tortura.

A la par que este organismo internacional aconseja a los estamentos españoles la adopción de diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir la tortura y los malos tratos, insiste en la perentoria necesidad de garantizar la apertura, «con prontitud», de una investigación «independiente, imparcial y efectiva» ante las denuncias de torturas, y que los responsables de «tales violaciones de derechos humanos» sean enjuiciados y penados, incluyendo el resarcimiento de la víctima de las torturas.

El informe refleja cómo las autoridades españolas están obligadas jurídicamente a poner los instrumentos necesarios para prevenir la tortura; describe cuáles son esas medidas y evidencia que ninguna de ellas está en vigor, pese a estar obligados a su aplicación. Es más, según los tratados que ha suscrito Madrid, también está sujeto a la obligatoriedad de «asegurarse de que las víctimas de tal trato tienen acceso a un remedio efectivo y reciben reparación adecuada, que incluya indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición».

El informe, además, desgrana una a una la inexistencia de tales fines en el Estado español, y describe con ejemplos concretos cómo la actuación real tanto de las FSE como de la judicatura y de las instancias gubernamentales se ejerce a la inversa de lo establecido en el ámbito internacional; o bien indultando a los funcionarios penados por prácticas de tortura y ascendiéndoles en su cargo, o bien amenazando o denunciando al querellante por malos tratos.

«Mensaje claro» al público

En este último apartado la denuncia recae también en la Ertzaintza, con una querella concreta de una mujer de Bilbo que fue objeto de presiones y amenazas para retirar una denuncia por malos tratos contra un agente de la Policía autonómica.

En las investigaciones que se recogen en el informe de AI, existen extractos de entrevistas realizadas a funcionarios y agentes policiales en las que se muestra cómo se cobijan aludiendo a la «falsedad» de la mayoría de las denuncias por torturas. Pero la ONG internacional considera que, a pesar de la existencia de falsas querellas, «la persistente ausencia de investigaciones adecuadas de cada denuncia de malos tratos ni contribuye a conseguir que los responsables rindan cuentas de sus actos ni sirve para garantizar que se limpia debidamente el bueno nombre de los agentes acusados en falso».

La investigación concluye que el Gobierno español debe reformar el sistema de investigación de las denuncias de torturas, y que estas deben ser desarrolladas por entidades independientes. A la par conmina al Ejecutivo a que aplique sin más dilación las recomendaciones de los órganos internacionales. Tanto al Ministerio del Interior, como a la Fiscalía española y a la judicatura también les encomienda tareas concretas para prevenir la tortura; entre estas destacaría la aplicación directa y sistemática de un protocolo de actuación.

También exhorta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que transmita «a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al público en general, el mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas están absolutamente prohibidas en todas las circunstancias». Al Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, aconseja la inmediata introducción de la grabación en video y audio «de todas las zonas de custodia de las comisarías de Policía y de cualquier otro lugar donde las personas detenidas puedan estar presentes».

AI también ha exigido que la Fiscalía publique estadísticas con las denuncias por maltrato y que las víctimas tengan asistencia letrada gratuita desde que interponen la denuncia.