El Consejo Constitucional validó ayer con ciertas condiciones el polémico uso de test de ADN previsto por la nueva ley de control de la inmigración para que los candidatos a la reagrupación familiar tengan que probar su filiación con la madre instalada en el Estado francés.

En cambio, la máxima jurisdicción constitucional francesa rechazó la recogida de datos sobre el origen étnico o racial de las personas que preveía la ley para medir la diversidad de los orígenes, la discriminación y la integración.

Adoptada por el Parlamento el mes pasado tras semanas de polémica, la ley impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar, en consonancia con la política de «inmigración escogida» impulsada por Nicolas Sarkozy.