Aunque la Fiscalía había solicitado imponer al acusado, Peio Olano, comparecencias semanales y prohibirle la salida del Estado español, en el auto dictado por Santiago Pedraz el magistrado acuerda dejarle en libertad provisional sin medida cautelar alguna. El vecino de Lizartza está acusado de haber «amenazado de muerte» a la alcaldesa impuesta de la localidad guipuzcoana, Regina Otaola (PP), cuando ésta izó la bandera española en la balconada de la casa consistorial.

El juez argumenta que el delito de amenazas que se imputa a Olano «no lleva aparejada pena grave» y que no existe riesgo de fuga «por cuanto el imputado ha acudido voluntariamente a la citación judicial», por lo que no le impone ninguna medida cautelar «salvo las propias que afectan a cualquier imputado», esto es, acudir a las citaciones o comunicar cualquier cambio de domicilio.

Los hechos por los que se pretende juzgar a este ciudadano vasco tuvieron lugar el pasado 7 de setiembre, cuando Regina Otaola presidió la izada de las banderas española, vasca y local en el balcón del Ayuntamiento con motivo del inicio de las fiestas de Lizartza, protegida por un importante despliegue de guardaespaldas y agentes de la Brigada Móvil de la Policía autonómica desplegados en la pequeña localidad guipuzcoana.

Al mismo tiempo que la alcaldesa impuesta participaba en ese acto, un nutrido grupo de vecinos se concentró a modo de protesta frente al Consistorio, increpando a la regidora y a los otros seis ediles del PP que conforman la Corporación municipal gracias a la ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale por parte de los tribunales españoles.

La Ertzaintza abrió diligencias policiales contra dos de los concentrados, a uno por «amenazar verbalmente de muerte a la alcaldesa», al haber supuestamente gritado «vas a morir», y contra quien Regina Otaola formalizó la citada denuncia en comisaría, y a otro por injurias a la primera edil en un cartel que portaba.

La juez de Tolosa encargada de instruir las supuestas «amenazas» acordó inhibirse del caso en favor de los juzgados de la Audiencia Nacional española al considerar que «los hechos se encuadraban en un delito de terrorismo, cuya investigación compete a estas dependencias judiciales».

Tras la comparecencia de Peio Olano ante la Audiencia Nacional española, Batasuna manifestó que, a la vista de las decisiones adoptadas por el juez, se muestra que la actuación judicial contra este lizartzarra no tiene fundamentos jurídicos, por lo que estima que «es un juicio político que el PP ha querido utilizar ante España».

Regina Otaola, al actuar ante Peioa Olano, ha querido, en opinión de la formación independista vasca, «protagonismo mediático, escondiendo la verdadera razón de esta iniciativa, que es que ocupa un cargo para el que no ha sido elegida por la lizartzarras, aunque eso sí para ello ha ocupado con violencia el pueblo de Lizartza».