Si a cualquier ciudadano le preguntaran por el país que encabeza el ránking de desplazados internos en el mundo la mayoría dirigiría la vista al castigado continente africano. Hasta tal punto la «democracia armada» que rige en Colombia es capaz de proyectar al mundo una imagen de país normalizado con apenas «un problema» por resolver con dos de las organizaciones guerrilleras más veteranas del continente, las FARC y el ELN.

Sin embargo, bajo ese envoltorio político, que permite al presidente Álvaro Uribe pasearse de cumbre en cumbre sin que nadie le mande callar, ni por descontado nadie le pida explicaciones de ningún tipo, se oculta un panorama desolador de violación sistemática de los derechos humanos. En ese escenario de ejecuciones extrajudiciales y secuestros, los desplazados por el conflicto son una sombra más. En la última década, el CICR ha atendido a un millón de personas, obligadas a huir de sus pueblos, lo que equivale en muchos casos a subsistir en los arrabales de las grandes ciudades colombianas. El pesado manto de silencio que pesa sobre esos desplazados es todavía más espeso en el caso de las 8.000 refugiadas internas.