La revisada Ley para el Control de la Inmigración y los Refugiados, que entró ayer en vigor, obligará a tomar los datos biométricos a siete de los ocho millones de extranjeros que viajan cada año a este país, a su llegada a 27 aeropuertos y 126 puertos.

Japón se convierte así en el segundo país, tras EEUU, que introduce un sistema para recabar datos biométricos de todos sus viajeros foráneos, a excepción de los menores de 16 años, visitantes diplomáticos, invitados del Gobierno y residentes permanentes con permiso especial.

El objetivo alegado por el Gobierno japonés para endurecer las leyes de inmigración es la necesidad de reforzar la seguridad nacional y «luchar contra el terrorismo internacional».

Pero colegios de abogados y asociaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que esos datos podrán ser utilizados en cualquier tipo de investigación criminal y creen, además, que la eficacia de las nuevas medidas será muy limitada.

«La nueva ley viola la intimidad de los extranjeros, puede conducir a la discriminación contra ellos y, además, va más allá de una mera medida antiterrorista», aseguró ayer Mitsuru Namba, del comité de derechos humanos de la Asociación de Abogados de Japón.

En su opinión, «si realmente fuese una medida contra los terroristas, las autoridades deberían borrar los datos recolectados una vez confirmen que no lo es, pero van a ser usados para el control de los extranjeros y para la investigación criminal».

El procedimiento para fichar a los extranjeros en Japón, un país que no exige visado previo, es sencillo, si bien su puesta en marcha en todo el país ha costado 3.600 millones de yenes (22,5 millones de euros).

A su llegada al control de pasaportes en Japón, a partir de ayer se pide al visitante foráneo que coloque sus dos dedos índices en una pequeña máquina que procesa sus huellas dactilares y toma su foto digital.

Esta información se envía a una base de datos del Ministerio de Justicia, donde se contrasta con una «lista negra» con datos del propios Gobierno, la Interpol y otros organismos.

Sonoko Kawakami, de Amnistía Internacional, aseguró a Efe que el Gobierno de Japón se está «aprovechando de la excusa del terrorismo» para actuar de forma «discriminatoria» contra los extranjeros. «Esta ley permite al Gobierno controlar a los individuos extranjeros y puede acabar provocando sus aislamiento en algunas comunidades», añadió tras participar en una manifestación contra la norma.