Conflicto armado en Colombia
Impunidad total ante las ejecuciones sumarias
Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica sistemática en Colombia, donde las denuncias de violaciones a los derechos humanos son constantes. Un manto de impunidad cubre, en la mayoría de los casos, estas prácticas sumarias.
Mirari ISASI
Según datos del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y del Centro de Información y Estadística, entre agosto de 2002 y setiembre de 2006, 8.104 «presuntos guerrilleros» fueron muertos en combate. El último informe señala que, entre julio de 2006 y junio de 2007, fueron abatidos 2.072 integrantes de grupos armados ilegales. En este último periodo, se registran e imputan a la Fuerza Pública de Colombia 955 casos de ejecuciones extrajudiciales -un 65,5% más que en el periodo comprendido entre 1997 y 2002-, además de 235 casos de desaparición forzada de personas, según el informe de las organizaciones de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Por su parte, la Procuraduría General está investigando 670 casos -15 de ellos de menores de edad- que ha admitido como ejecuciones extrajudiciales y hasta ahora ha emitido once fallos disciplinarios.
Sobre estos datos se sustenta el informe elaborado por la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia que, invitada por la CCEEU y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas en Colombia, ha permanecido en el país entre el 4 y el 10 de octubre. La abogada vasca Juana Balmaseda participó en esa delegación y presentó el informe preliminar de verificación de las ejecuciones.
En base a testimonios recogidos entre familiares y testigos -la mayoría mujeres que se quedaron solas y se vieron obligadas a desplazarse dejando atrás sus pocas posesiones- en relación a 132 casos y reuniones con autoridades municipales, el informe establece una serie de patrones comunes en la forma de operar que indican que se trata de una práctica sistemática que se da, con «absoluta impunidad», gracias al concurso de los responsables gubernamentales. Según la Misión, estos casos tienen generalmente lugar en el marco de operaciones militares contra la guerrilla y las autoridades militares atribuyen a este contexto la muerte de personas que han sido detenidas ilegalmente o secuestradas con anterioridad.
El informe subraya que las víctimas son líderes comunitarios, campesinos, indígenas, trabajadores y personas pobres, que son capturadas, despojadas de objetos personales y documentos de identidad, muchas veces vestidas con ropas militares y conducidas al lugar donde son ejecutadas, donde no se preservan evidencias ni pruebas.
La actitud del Gobierno de Colombia puede favorecer este tipo de acciones. La ley establece, según recoge el informe, la concesión de incentivos económicos, profesio- nales y premios por cada «positivo» (bajas de guerrilleros, ya sean reales o falsos). Además, constata que la impunidad generalizada está garantizada porque la competencia judicial para la investigación de los hechos es atribuida desde el primer momento a la justicia militar y a quienes han matado «en combate» a esos «guerrilleros» -lo que no asegura una investigación parcial-, por el ínfimo porcentaje de condenas a responsables de estas ejecuciones, por la no suspensión cautelar del servicio en el caso de los funcionarios públicos imputados y por la imposibilidad de comprobar el cumplimiento de medidas cautelares y penas, si hubiera condena.
Para hacer frente a esta grave situación, la Misión Internacional plantea una serie de recomendaciones, entre las que destaca una de las dirigidas a la comunidad internacional para que condicione la ayuda militar a Colombia al fin de las ejecuciones extrajudiciales. Al Gobierno colombiano le emplaza a que sean expertos independientes los que investiguen los casos sospechosos de ser ejecuciones cometidas por las fuerzas del orden o el Ejército; a que de la instrucción se ocupen jueces civiles y no militares; a que «se asegure la supresión de incentivos referidos a número de bajas» porque pueden «estimular» la comisión de ejecuciones extrajudiciales; a que suspenda del servicio activo de quienes estén presuntamente implicados en ellas, y a que «el discurso oficial no equipare las acciones emprendidas a favor de la justicia por los familiares y organizaciones de derechos humanos con la estrategia insurgente». Además, plantea otra serie de recomendaciones técnicas relacionadas con los ámbitos forense y judicial.
Sin mencionar la falta de voluntad de la Administración de Álvaro Uribe para atajar esta situación, la abogada Juana Balmaseda señaló que Colombia cuenta con un ordenamiento jurídico que garantiza un proceso penal con todas las garantías y subrayó que es «el respeto escrupuloso al imperio de la ley» lo que debe imponerse en Colombia.
Estrategia paramilitar
Al margen del informe de la Misión Internacional, pero también en relación a las ejecuciones extrajudiciales, Juan Houghton, del Centro de Cooperación al Indígena CECOIN de Colombia, ahonda en el cambio de la estrategia paramilitar desde la década de los 80 del pasado siglo hasta la fecha. «En aquella época eran muy corrientes las denuncias contra militares y policías por ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes contra la población civil -señala-. Luego viene la estrategia paramilitar, se amplían los grupos paramilitares y, como consecuencia de esto, las denuncias contra militares y policías disminuyen». Por eso, recalca que lo que ha sucedido es «un tránsito en la tarea de la ejecución de los sectores populares».
La etapa siguiente es, menciona Houghton, el proceso de «presunta» desmovilización del paramilitarismo puesto en marcha por el Gobierno hace cuatro años. «De manera inmediata -apunta- se disparan las denuncias contra miembros del Ejército y la fuerza pública por violaciones de derechos humanos y ejecuciones, que tienen una particularidad, ya que en pleno auge del paramilitarismo el Ejército raptaba a las víctimas que luego aparecían asesinadas por el paramilitarismo sin temor a que éste reclamara que se le hubieran endosado estas ejecuciones. Pero ahora, al suponerse desmovilizados a los paramilitares, el Ejército tiene que reconocer su responsabilidad», afirma.
En última etapa, la actual, se habla de nuevos grupos paramilitares emergentes, como las Águilas Negras, pero Houghton asegura que se trata de los mismos grupos. Al respecto, recuerda que al inicio de la negociación se hablaba de 8.000-9.000 paramilitares, que posteriormente se convirtieron en 30.000-34.000, y que los nuevos informes del seguimiento a la desmovilización cifran en un 30% los reincidentes, lo que supone unos 9.000. A su juicio, esto significa que «se desmovilizaron los que no estaban movilizado, en armas, que dieron su nombre para recibir los subsidios que el Estado les está pagando, el resto sigue relativamente intacto aunque hay transformaciones».
Un aspecto común en las ejecuciones extrajudiciales, concluye, es que el Estado, por boca de cualquiera de sus ministros o responsables gubernamentales, «siempre declaran que no se trata de ejecuciones extrajudiciales, sino de insurgentes». Explica que «primero decían que no habia responsabilidad de los funcionarios, que se les había matado porque eran insurgentes y no líderes sociales. Cuando aparecieron las sentencias, tardías y parciales, en las que se aclara que eran líderes sociales que fueron ejecutados tras ser raptadas por la fuerza pública, entonces se les relaciona con la insurgencia».
Juan Houghton hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus miembros en particular para que desechen la idea del «postconflicto» que ha vendido el Gobierno de Uribe tras el proceso de negociación con el paramilitarismo a la hora de desarrollar sus estrategias de colaboración con Colombia. «Vivimos -asegura- una situación de conflicto, el paramilitarismo sigue existiendo y el Estado colombiano tiene responsabilidad política para desmontar los grupos paramilitares». Afirma que no importa su nombre sino que se mantiene la estrategia de represión sobre la población, siguen vinculados a las brigadas o a los poderes locales y siguen teniendo la misma relación con el capital y las multinacionales. «Es necesario que se den cuenta -insiste-. Si no vamos a tener una ley de perdón y olvido internacional por la que al Gobierno no se le va a exigir responsabilidad por algo que no sólo ha ocurrido, y todavía no ha pagado, sino que sigue ocurriendo».
«Firmar un simple papel puede salvar la vida de alguien en Colombia, porque lo único que, en estos momentos, está parando la acción de los grupos armados es la intervención internacional. Háganlo. Muchos de ustedes pueden llevar a cabo acciones y sin darse cuenta salvar vidas en Colombia», afirmó tajante Ingrid García en la conferencia impartida en Iruñea dentro de las jornadas «La mujer colombiana ante el conflicto». Como muchos compatriotas, tuvo que salir huyendo de Colombia por la amenaza de los paramilitares, quienes se afanaron en acallar la voz de la organización de mujeres que García representa. Anmucic -asociación nacional de mujeres campesinas, indígenas y negras- . Aunque lograron diezmar su estructura y enviar al exilio a casi toda la junta directiva, sigue prestando asesoría y apoyo a los miles de desplazados por el conflicto que, además de haberlo perdido todo, se enfrentan al desamparo, a la discriminación y al desinterés de las instituciones. La dimensión que fue adquiriendo Anmucic, particularmente en el campo, no agradó a los paramilitares y en 2000 les dieron un ultimátum: «O se van, o se mueren». La amenaza se cumplió y, entre 2000 y 2003, mataron a 35 presidentas municipales. El recrudecimiento del conflicto y de las acciones armadas provocó un desplazamiento forzoso masivo. En estos momentos, ya son 8.000 las mujeres desplazadas internamente en Colombia.
«Llegar a la ciudad significa perder todos los derechos, ir con las manos vacías y preguntarse qué hacer con los hijos porque, regularmente, es a sus esposos a quienes han asesinado», incidió. Ser desplazado significa vagar de ventanilla en ventanilla, no tener asistencia médica, estar señalado por la gente, en pocas palabras, carecer de cualquier derecho. Una situación y un conflicto que «el Gobierno de Álvaro Uribe -autoritario, autócrata y defensor de los derechos de una pequeña parte de la población- quiere hacer invisible», denunció.
Por ello, apeló a la comunidad internacional a que no les dé la espalda y a la ciudadanía a que «intente saber lo que ocurre aquí». «Cada día, la guerra es más difícil; Colombia está viviendo lo peor. No nos olviden, por favor», subrayó.
