El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del País Vasco (CDDHPB) hizo, ayer en Baiona, un llamamiento solemne a la sociedad vasca en general y a la de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa en particular «a despertarse, a informarse y a protestar junto a nosotros por la situación de conculcación de los derechos democráticos que se está instaurando».

Koko Abeberry, en representación del CDDPHB, declaró que su organismo «no acostumbra a realizar comparecencias públicas» pero que, dada «la gravedad de los hechos» que se vienen sucediendo últimamente en el conjunto del país y especialmente en los tres herrialdes del norte, han considerado necesario manifestarse. «La situación jurídico-policial que vivimos últimamene nos ha impulsado a lanzar un grito de alarma», declaró el abogado.

Incidiendo en que «la existencia de acciones violentas no puede ser pretexto para procederes que conculcan derechos básicos», Abeberry enumeró las detenciones, registros de bares asociativos y encarcelamientos que han tenido lugar en los últimos meses. Los calificó de «presiones destinadas a criminalizar la mayoría de los actos abertzales, sean del signo que sean», y añadió que «esas actuaciones, además, han tenido consecuencias dramáticas y aberrantes», en clara referencia al reciente intento de suicidio del ortzaizarra Joan Bidart.

Mencionó también el caso de Maiana Mendiboure: «Es significativo de esa voluntad de represión galopante. Ni siquiera han esperado a que se presente el recurso y la han detenido en el mismo tribunal, circunstancia que es, cuando menos, inhabitual». También habló sobre el caso concreto de Juan Antonio Zurutuza, «quien posee la ciudadanía francesa y, aunque sea inaudito, va a ser previsiblemente extraditado a España».

En busca de un efecto y un fin

El copresidente, junto a Michel Berger, del CDDHPB añadió que «esta forma de actuar se parece cada vez más a lo que ocurre al otro lado del Bida-soa, donde el mundo abertzale está rodeado, gran parte de su dirección encarcelada, existe un proceso contra el propio lehendakari Ibarretxe y dirigentes de Batasuna y PSE. Todo ello por haber estado con gente `no frecuentable'».

Añadió a la larga lista el juicio del 18/98 y los próximos a celebrar como el de Udalbiltza, Askatasuna o «Egunkaria», y sentenció que «las ilegalizaciones, cierres y prohibiciones de actividad que se han dado en estos casi diez años lo han sido sin decisión judicial firme».

El CDDHPB cedió la palabra al jurista Didier Rouget, que explicó con más detalle la situación en la que se encuentran los diferentes casos abiertos por la Audiencia Nacional española. Según Rouget, estos procesos «no hacen más que constatar que la estrategia de estrangulamiento policial y judicial continúa». Relató las «casi cotidianas redadas que relacionan con la kale borroka», las «presiones ejercidas sistemáticamente» en cada procedimiento judicial por las «asociaciones de víctimas próxi- mas al PP», las «amenazas de ilegalización de ANV», el proceso contra Juan José Ibarretxe y los dirigentes de PSE y Batasuna por mantener reuniones... A su juicio, es evidente que todas estas actuaciones buscan un «efecto mediático-político» y su fin último es «evitar cualquier diálogo entre las partes y paralizar cualquier expresión política que se atribuya a la izquierda abertzale».

Rouget resaltó, además, la similitud en las acciones y en los métodos: «Las operaciones conjuntas y las colaboraciones judiciales y policiales entre los dos estados se multiplican. Los métodos utilizados comienzan incluso a asemajarse, como hemos comprobado en las deten- ciones de setiembre con el despliegue policial desmesurado, con policías encapuchados...».

Preocupación compartida

Representantes de diversos organismos y partidos presentes en la comparecencia manifestaron que comparten la preocupación del CDDHPB.

Anaiz Funosas saludó, en nombre de Askatasuna, la iniciativa del Comité y señaló que «ya es hora de que la gente se dé cuenta y se interrogue sobre el estado de cosas que se está instaurando». La portavoz del organismo antirrepresivo alertó de que «esa presión y persecución que ahora sufre el movimiento abertzale pueden extenderse a otros colectivos que no comulguen con el sistema establecido».

Para Jean-Claude Agerre de Batasuna, «los dos estados llevan la misma dinámica antidemocrática» y la «solución definitiva al conflicto vendrá del respeto a los derechos y, en particular, del derecho a decidir de los ciudadanos vascos».

En parecidos términos se expresaron Peio Etxeberri-Aintxart (AB), Aitor Arandia (PNB), Manex Pagola (EA) y Claude Larrieu (LCR). Todos abogaron por «el diálogo entre todos los agentes, incluido Batasuna», e insistieron en que la resolución debe ser «política y no policial».

Xarlo Etxezaharreta, por su parte, tildó de «actuación jurídico-histérica» lo que está ocurriendo con el procedimiento contra Udalbiltza: «Ahora resulta que su actividad no está prohibida pero se han recalificado las acusaciones convirtiéndolas en pertenencia a banda armada y aumentando las peticio- nes de cárcel». El militante hazpandarra que se encuentra encausado en el sumario contra la institución nacional, recordó las palabras de Bertold Brecht y, apelando a la solidaridad, advirtió que «después, puede ser demasiado tarde».