Mikel Korta y Teresa Toda han ejercido como portavoces del colectivo de procesados durante todo este proceso. El jueves, en el interminable impasse abierto entre el final del juicio y la sentencia, GARA les entrevistó, sin saber que antes de pasar 24 horas se desencadenarían las detenciones. Su diagnóstico, como puede verse, resulta tan pesimista por el desenlace del fallo como esperanzado en lo relativo a la respuesta de la sociedad vasca.

¿Cómo han vivido estos últimos meses desde que finalizó el juicio?

Mikel KORTA: Hay dos aspectos; el personal y otro el político. En el primero, todo el mundo lo lleva mal. Es una situación de incertidumbre permanente, donde no puedes hacer planes ya que nunca sabes si se van a poder cumplir. Desde el punto de vista político, nos ha tocado sentarnos en el banquillo por una militancia política en favor de la soberanía, de la independencia, de la construcción nacional de Euskal Herria... así vivimos el juicio y así estamos viviendo esta situación de espera. Como unos militantes políticos más, que en Euskal Herria están criminalizados y amenazados y a la espera de un sentencia. Pero esto no es algo excepcional en este país, la coyuntura política actual lo confirma claramente. Es una ayuda sentirte parte de un todo, parte de un amplio grupo que sigue en lucha y seguirá, con la conciencia de que no van a acabar con esa militancia política ya sea en la calle, en la cárcel...

Teresa TODA: Es una situación especial de definir. Se acaba lo que fue la época de Madrid, el ir y venir, lo que supuso el juicio... Cuando regresas vuelves a meterte en tu vida habitual, en tu trabajo... pero a la vez sigues pendiente del 18/98 y de todo lo que ello significa. Creo que estaría bien añadir que de todo se sacan buenas enseñanzas. Nosotros, en esta situación de incertidumbre, hemos aprendido a aprovechar al máximo todos los momentos. Aun así, en todo momento, hemos estado llevando a cabo una dinámica para ir preparando en la sociedad una respuesta y dando a conocer el significado de esta sentencia, ya que va marcar indudablemente el devenir de los próximos juicios de la Audiencia Nacional.

¿Qué dinámicas han llevado a cabo y qué respuesta han obtenido de ellas?

T.T.: Hemos querido transmitir la preocupación, alertar del contenido de la sentencia, de lo que supone de ataque no sólo a los derechos civiles y políticos, sino también a los propios principios de lo que tiene que ser una democracia. Comenzamos en junio con la encerrona en Gernika y en setiembre denunciamos de manera directa los tres puntos del triángulo: el Poder Judicial, el PSOE y Lakua.

M.K.: El discurso que hemos mantenido en este juicio ha tenido una evolución. Hemos denunciado la vulneración de derechos, la Audiencia Nacional como tribunal especial y político, la «legislación antiterrorista»... Pero sobre todo hemos querido remarcar que lo importante no eran las personas, ni las organizaciones que estamos sentadas en el banquillo, sino que la clave era la agresión a los derechos que corresponden a todas las personas y a Euskal Herria como pueblo. En ese sentido, la solidaridad no se debería entender como una solidaridad exclusiva hacia nosotros, sino como un ejercicio de autodefensa de la propia sociedad vasca para conseguir poder decidir en paz y libertad el futuro. Eso implica que todos los proyectos puedan ser defendibles e incluso realizables. Ese es el marco de democracia que reivindicábamos desde la pura defensa de los derechos. Además, ese marco, en sí mismo, es la clave para superar el conflicto.

¿Cómo se pueden evitar más macroprocesos?

El paso que pretendemos dar es pasar de la solidaridad al trabajo en común. Nosotros consideramos que el nivel de solidaridad adquirido, tanto cuantitativo como cualitativo, es difícil de superar. Es una evidencia que la amplia mayoría de Euskal Herria está en contra de esta dinámica. Pero también es un hecho que no hemos conseguido frenar la ofensiva del Estado. A partir de ahí, nosotros planteamos la necesidad de que la sociedad, en su conjunto, comience a realizar un trabajo en común. Teniendo como base la defensa de los derechos de la ciudadanía y de Euskal Herria y, como objetivo, la construcción de un muro de autodefensa que haga imposible la ingerencia española y francesa en la realidad de Euskal Herria. En este sentido, lograríamos que el coste político que le supone esta ofensiva represiva al Gobierno español sea mayor que los hipotéticos beneficios que le traiga.

¿El resultado obtenido es positivo? Hay solidaridad, pero a la hora de construir el muro, ¿qué se ha avanzado?

M.K.: El resultado es desigual. El posicionamiento público resulta altamente positivo. El problema es que agentes políticos e institucionales, esos que tienen la responsabilidad de velar por los derechos, siguen convirtiéndose no sólo ya en cómplices de esa ofensiva de la Audiencia Nacional a las órdenes del Gobierno, sino a veces en protagonistas activos de esa vulneración de derechos. Y esto no es una contradicción discursiva que no tiene consecuencias, sino que es una contradicción que en la práctica nos está llevando a una prolongación del conflicto y del sufrimiento. Creo que es la hora de llevar a la práctica ese discurso. De no hacerse así, además, la única explicación que hay a esa aparente contradicción entre discurso y práctica es que no exista contradicción. Así, el discurso sólo sería una pose formal, más que un posicionamiento real.

No obstante, nosotros depositamos la confianza en la ciudadanía en general, ya que en muchas ocasiones ha sido capaz de superar las directrices de diferentes formaciones. Pensamos que el derecho de Euskal Herria a ser soberana y a decidir su futuro es mayoritariamente asumido por la población vasca. En la medida que podamos, nosotros lo que intentamos es que eso se demuestre en hechos concretos. Así empezaremos a dar pasos en la construcción de ese muro.

Se rumorea que la sentencia se dará a conocer en los próximos días, ¿cómo se vive esta incertidumbre?

T.T.: En lo político, reafirmándonos en nuestro compromiso. Un compromiso que nos llevó a sentarnos en el banquillo y que nos llevará ahora a sufrir las consecuencias de la condena.

M.K.: Aunque parezca una paradoja, tenemos la suerte de que por desgracia a este país le haya tocado vivir una situación de negación y represión permanente durante cientos de años. Han sido y son miles las personas que han pasado, no ya por una situación como la nuestra , sino que incluso peor: detención, tortura, cárcel... El sentirte parte de ese amplísimo colectivo hace que en lo personal estés más fuerte. No es lo mismo sentirte solo. Nosotros somos parte de un pueblo que lleva cientos de años luchando por los mismos objetivos que lo hacemos nosotros ahora. Sentirte orgulloso de tu militancia política, considerar incluso un honor ser llevado a la Audiencia Nacional por tu compromiso... eso te ayuda a seguir adelante.

¿Cuál creen que será ese veredicto?

T.T.: De la Audiencia Nacional esperamos todo menos justicia. El núcleo de la sentencia va a asentar todos los constantes recortes de derechos y de ilegalizaciones. Nuestra sentencia va a hacer una especie de tándem con la impuesta por el «caso Jarrai-Haika-Segi» para dejar asentado todos estos ataques. La situación de los tres supuestos poderes en el Estado español es que mediante sentencias judiciales y sus interpretaciones, el Gobierno está instituyendo estados de excepción sin modificar la ley, sólo endureciéndola mediante la práctica. Es evidente que todos son uno y eso es denunciable a nivel de condiciones democráticas.

M.K.: Lo fundamental de esa condena no será ni la cantidad de años ni el hecho de cuántas personas ingresen en prisión. La sentencia va apuntalar los principios de criminalización del independentismo vasco. Lo que hará que, como nosotros, en el futuro todo aquel que luche en favor de la independencia o por un marco democrático cumpla condena. La intervención de la justicia desde una perspectiva represiva es cada vez más evidente. El objetivo de los estados español y francés es acabar con Euskal Herria como pueblo y, desde esa clave, hacer imposible la independencia. En ese camino, el Estado se ve obligado a vulnerar los derechos más elementales, pero la negación de la democracia no es más que el camino; el objetivo es acabar con una Euskal Herria soberana. Lo grave de la sentencia es que persigue hacer imposible una Euskal Herria libre, y para ello imposibilita el marco.

Cuando el fiscal dio a conocer su petición definitiva remarcaron que van a ser condenados por su militancia política. ¿Se reafirman en esa afirmación?

M.K.: Con más motivos y más razones. Es evidente que sólo nos dejan ese camino. Después de la ruptura del proceso el Estado sólo nos ha dejado dos alternativas: el sometimiento o la lucha. Y lo que no han conseguido en 500 años no van a conseguirlo ahora. Nos reafirmamos, pero no ya como coherencia ideológica, sino por la supervivencia de este país. Para que sea lo que quiera ser y no lo que imponga un gobierno ni un pacto extraño. Tenemos que recordar que dos de los imputados, Ana Lizarralde e Imanol Iparragirre, acaban de ser ingresados en prisión, por reincidencia. Queremos decir que los 52 somos tan reincidentes como Imanol y Ana.

¿Qué respuesta esperan en Euskal Herria una vez conocida de sentencia? ¿Y antes?

T.T.: En función de esa alerta que supondrá la sentencia es por lo que hemos convocado una manifestación nacional y ese paro de una hora. Hemos descrito una situación general de agresión, de recortes de derechos. Hay que dar una respuesta, pero lo nuestro sólo es un hito, un punto de inflexión. Se debería de responder a todo lo que engloba el 18/98. La respuesta debe ser realmente contundente, una respuesta de la cual se pueda arrancar para seguir diciendo «basta ya» y construir el muro del que hablamos.

M.K.: Lo que toca ahora es organizarse y pelear para traer la democracia a Euskal Herria. Eso significaría tener la oportunidad de decidir lo que queremos ser y posibilitaría que todas las opciones políticas además de ser defendibles podrían ser llevadas a la práctica. Esa es la mejor forma de hacer frente a la agresión. Por eso, la respuesta que planteamos no lo hacemos de una perspectiva antirepresiva, sino en clave de aportar en la construcción de esa democracia para Euskal Herria.

Oihana LLORENTE