La citación en Madrid una semana antes del inicio del juicio tuvo un carácter premonitorio de lo que les esperaba a los casi sesenta ciudadanos y ciudadanas vascas imputadas en el macrosumario 18/98. Fue el 14 de noviembre de 2005, y el tribunal compuesto por Ángela Murillo, Nicolás Póveda y Luis Martínez de Salinas decidió ordenar que todos acudieran a la capital española a recoger un papel en el que se les anunciaba que el día 21 debían volver a ese mismo lugar para empezar el juicio que habían aguardado durante años. Supuso toda una declaración de intenciones de la actitud que mostrarían los jueces. Pero también de la de los encausados, que adelantaron ese mismo día que acudirían con el EHNA en la mano a recoger la citación.

Se esperaba que el juicio fuera largo, pero no tanto. El 14 de marzo de 2007, 16 meses después del inicio de la vista, un «Gora Euskal Herria askatuta!» dejó el sumario a la espera de la sentencia. En el camino quedaron un sinfín de experiencias, mil emociones, nuevos amigos, lágrimas y muestras de solidaridad de los más cercanos y los más lejanos, momentos de esperanza al entrever un proceso de solución que no pudo ser y otros de gran dolor como los que rodearon a la muerte de Jokin Gorostidi. Precisamente, la última sesión fue un homenaje al histórico militante abertzale, fallecido el 25 de abril de 2006, la víspera de declarar ante los magistrados. El letrado Iñigo Iruin, que en nombre de todos sus compañeros expresó el «orgullo» que les había supuesto defender a este magnífico grupo humano, leyó las palabras que Jokin dejó escritas en Idaztiñoa: «1970- eko urtean `Burgosko prozesua' 31/69 Sumarisimoan bi heriotz zigor jaso nituen. 2005- eko urtean berriz 18/98 auzian. Atzo eta gaur Espainiako Estatu-gerraren estrategiak bahituta. Euskal Herriak hitza eta erabakia behar du, eta hori lortu arte ez gaituzte isilduko. Utzi bakean Euskal Herria! Atzo, gaur eta beti: Gora Euskal Herria askatuta!». Todos sus compañeros y compañeras hicieron suyas estas palabras como el mejor resumen de lo que suponía este proceso.

Sin garantías y con censura

Un mundo antes, el 21 de noviembre de 2005, la magistrada Ángela Murillo, la que llegó a decir que no le importaban las resoluciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, dio los primeros pasos de un trayecto que le llevó a ser conocida en todo este país. Se saltó de un plumazo todas las cuestiones pendientes planteadas por la defensa, que hacían imposible el inicio del juicio -como se pudo comprobar ese mismo día, al no hallarse varios documentos solicitados por los abogados- y censuró con muy malas formas los intentos de denuncia del carácter político del juicio. La presidenta quiso mostrarse inflexible ante los vascos rebeldes en presencia de las decenas de periodistas que acudieron a cubrir el inicio del juicio, y no le importó saltarse todas las garantías. La presencia mediática disminuyó drásticamente según pasaron las semanas, pero la actitud de Murillo, azuzada por su compañero de tribunal, el antiguo falangista Póveda, no varió.

Y es que, si para los acusados el casi año y medio de vista supuso un via crucis en capítulos semanales, desde el punto de vista jurídico la vista resultó ser todo un despropósito. El tribunal mostró en todo momento una postura parcial y arbitraria, que le valió ser recusado por la defensa en varias ocasiones, escorándose siempre en favor de la acusación y dándole la razón cada vez que existía algún conflicto con la defensa. Más aún, cuando el fiscal Enrique Molina mostró algún síntoma de abatimiento o se vio desbordado por los argumentos de los letrados defensores, el trío comandado por Murillo acudió a su rescate. Lo mismo sucedió cuando declararon los «peritos» de la Policía española y la Guardia Civil, que camparon a sus anchas por la Casa de Campo.

Las diligencias 75/89

Probablemente, uno de los ejemplos más significativos de las irregularidades que han caracterizado este juicio, y son muchas, sucedió en las navidades de 2005 y los primeros días de 2006. El 21 de diciembre llegaron a la Sala las diligencias previas 75/89 del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional -la que dirige Baltasar Garzón-, que contienen todos los informes policiales, transcripciones y otros documentos utilizados en los sumarios contra la izquierda abertzale desde 1989. Unos 500 tomos, más de 100.000 folios. En ellos se basa también el sumario 18/98, y el fiscal tuvo acceso a su contenido desde dos años antes del inicio de la vista oral, a fin de preparar su argumentación. No así la defensa, que mucho antes de que se iniciara el juicio reclamó repetidamente poder acceder a esa documentación que contenía datos sobre sus defendidos que iban a ser utilizados en su contra.

En todo ese tiempo no se atendió a su reclamación, y no fue hasta el 21 de diciembre cuando llegaron todos esos documentos, apilados en 104 cajas. Pero, en contra de lo que había anunciado, Murillo no permitió acceder al material probatorio. Iñigo Iruin preguntó a la presidenta «qué poderosas y extrañas razones hay para que haya ocurrido algo tan ilógico y fuera de lo común en un proceso judicial». Al término de una tensa jornada, la magistrada anunció que permitiría a los letrados ojear la documentación seis días, en unas horas determinadas, durante las vacaciones de navidad, en sede judicial y sin posibilidad de sacar copias.

El 9 de enero, cuando se reanudaron las sesiones, los abogados plantaron al tribunal y anunciaron que no volverían al juicio hasta que Murillo y el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, se reunieran con el presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Nazario de Oleaga, que les había expresado su apoyo.

«Tenemos la obligación deontológica de actuar al límite de nuestra posibilidad de defender» apuntó Kepa Landa para explicar el plante. Murillo, totalmente desbordada, suspendió la vista. Al día siguiente, los abogados obtuvieron también el apoyo del Consejo General de la Abogacía española, e incluso el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Alfonso López Tena admitió que la situación «no es buena para los encausados, no es buena para la Justicia, y no es bueno en general para todos los ciudadanos encontrarse en una situación en la cual un proceso funciona de esta manera». El 13 de enero, Oleaga y el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, se reunieron con Dívar y éste les anunció que se permitiría a la defensa acceder a los 100.000 folios. Al final así fue, pero los letrados tuvieron que aportar sus propios medios técnicos para escanear y copiar la documentación, y apenas tuvieron tiempo para analizarla. En los meses siguientes, además, se sucedieron otras muchas irregularidades.

Lágrimas en la Audiencia Nacional

Al igual que en Euskal Herria, la actualidad también sacudió a los ciudadanos y ciudadanas vascas que casi residían en la Casa de Campo. Uno de los momentos más duros para todos fue cuando, en la sesión del 27 de febrero, se enteraron de que el preso político santurtziarra Igor Angulo había aparecido muerto en la cárcel de Cuenca. Hasta allí se desplazaron algunos de los procesados, que denunciaron ante la Audiencia el fallecimiento del prisionero. Además, Txema Matanzas impidió que el miembro del grupo Dignidad y Justicia Daniel Portero brindara por la muerte del joven delante de todas las cámaras. Pocos días después, la política penitenciaria española se cobró una nueva víctima en la persona de Roberto Sáinz. Muchos imputados acudieron a los actos en recuerdo de ambos represaliados.

El 14 de marzo Murillo decidió no suspender el juicio a pesar de que a un acusado, David Soto, le habían detectado un cáncer, y ordenó que le fueran entregados DVDs de las sesiones. Ese mismo día, el juicio sí se suspendió al marearse uno de los traductores.

Un mes más tarde, la realidad volvió a mostrarse en su expresión más cruda. El 21 de abril, Jokin Gorostidi volvía a Deba junto a Itziar Aizpurua tras una reunión con Iñigo Iruin para preparar su declaración, prevista para el día 24, cuando sufrió un infarto de miocardio. «Es un honor compartir sumario con una persona como Jokin», explicaron los procesados. Falleció el 25, y su despedida en Deba fue multitudinaria.

La presidenta volvió a cometer una irregularidad de libro el 10 de mayo cuando permitió al fiscal interrogar a un ertzaina que ni siquiera era el que había sido citado.

El 23 de mayo declaró el administrador judicial de «Egin». Apretado por la defensa, acabó por reconocer que Baltasar Garzón le impidió expresamente hacer frente al deterioro de los bienes del periódico. «Mi función era defender los intereses del Estado», admitió. La evidencia, en forma de video, dejó helados a las personas que trabajaron en aquel bonito proyecto. En la misma sesión se conoció que información contable sobre el diario, básica para el proceso, no había sido incorporada y ni siquiera se conocía dónde estaba. Una irregularidad que volvió a ser causa de una petición de amparo al Consejo Vasco de la Abogacía y origen de una nueva recusación del tribunal.

Siguiendo con «Egin», el director de la Tesorería General de la Seguridad Social de Gipuzkoa, Juan Ignacio Trecet, confirmó que había llegado a un acuerdo con los responsables del diario para efectuar el pago de la deuda que mantenía, y expresó su convicción de que si no se hubiera producido el cierre la misma hubiera sido liquidada. «Observé siempre una actitud positiva y con interés de llegar a un acuerdo con la Seguridad Social», declaró ante los jueces.

Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, miembro de la interlocución del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) tomó la palabra el 26 de junio, y recordó que «la resolución vendrá del respeto a los derechos democráticos de Euskal Herria». Dos días más tarde declararon Begoña Errazti, Joseba Egibar y Pernando Barrena, y el mahaikide, que explicó el sentido de la propuesta de Anoeta, manifestó que ésta «responde a una práctica histórica de buscar soluciones». El fiscal y los jueces no tomaron apuntes.

El 15 de julio los procesados iniciaron un ayuno de tres días para exigir la paralización del juicio, y el día 17 de ese mes Murillo llamó a declarar al «señor Albisu Iriarte». Tuvo que ser la abogada Arantza Zulueta la que le explicara que Mikel Albisu, Mikel Antza, se encontraba preso en el Estado francés y que difícilmente podía comparecer.

Tras el parón estival, el 4 de setiembre testigos internacionales denunciaron desde la sede del Club de Amigos de la Unesco que con el juicio «se criminaliza la búsqueda de solución», y una semana después Alex Maskey reclamó al Gobierno español que apostara por el proceso de resolución.

Sin embargo, la voluntad del Ejecutivo quedó resumida el 6 de febrero de 2007, cuando el fiscal pidió casi 500 años de cárcel contra los procesados, así como la liquidación y disolución de empresas y organismos. Apenas un mes antes, Iñigo Iruin había reclamado, tras renunciar la defensa a la prueba pericial y documental, que «por una vez la razón jurídica se imponga a la razón de Estado». El Estado no atendió a razones.

«Vamos a ser condenados por nuestra militancia política, y estamos orgullosos». Con estas palabras respondieron los acusados a la petición fiscal. Llevaban demasiados años inmersos en aquella ruleta y sabían de qué iba la historia. Sabían que estaba escrita de antemano pero, a pesar de ello, o precisamente por ello, durante 478 días dieron una lección a Euskal Herria y a todo el mundo.