Estas situaciones se están produciendo con excesiva frecuencia entre quienes han trabajado con sustancias como el amianto. Pese a estar prohibido ese mineral en la Unión Europea, todavía está muy presente en edificios, maquinaria, revestimientos de hornos de fundición, etc.

Sobre el amianto, Laurie Kazan-Kazan Allen, responsable de la organización internacional para su prohibición definitiva (IBAS), ha adelantado que las exportaciones de ese mineral cancerígeno de Canadá a Brasil «se han triplicado entre enero y agosto de este año, respecto al mismo período anterior».

Según IBAS, a pesar de que el Senado de Estados Unidos estudia una proposición para prohibir el amianto, el consumo de ese mineral cancerígeno se incrementó en un 15%. Un 75% del amianto canadiense, según esa organización, va a Asia: India, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Bangladesh.

Esta semana el área de Salud Laboral de CCOO de Euskadi ha denunciado «un pacto de silencio» entre el consejero de Sanidad del Ejecutivo de Lakua, Gabriel Inclán, y los empresarios en esta materia. Jesús Uzkudun asegura que «estamos constatando como Osakidetza continúa tratando graves enfermedades profesionales, principal-mente las derivadas del amianto, como enfermedades comunes, al no comunicar al Instituto de la Seguridad Social (INSS) las enfermedades de trabajadores que no están de baja, por encontrarse en situación de desempleo o jubilación».

Deterioro de la sanidad

El responsable de CCOO asegura que «la mala gestión del consejero Inclán en este ámbito, permitiendo que Osakidetza corra con gastos que corresponden a las mutuas, sólo se justifica por un pacto de silencio entre él con los empresarios para ocultar enfermedades laborales».

Uzkudun reclama, de forma directa, la puesta en marcha de «sistemas desde las unidades de Neumología y Oncología de Osakidetza, que sirvan para notificar estas enfermedades». Según indica la central sindical, Gabriel Inclán había manifestado que notificaría las enfermedades profesionales, sin embargo «seguimos detectando que en la mayoría de los casos no es así», por lo que denuncia que «en estas condiciones, salvo que los enfermos o sus familiares se muevan, no se detectan».

El responsable de Salud Laboral de CCOO recuerda que esa actuación «contribuye a deteriorar la sanidad pública, a la pérdida de prestaciones económicas al enfermo y a que se continúe ignorando en las empresas el riesgo de la utilización de las múltiples sustancias cancerígenas en el ámbito laboral, que son las causantes de cuatro o cinco veces más muertes que los accidentes laborales».

En este sentido, UGT reconoce en su último número de la publicación sobre Prevención de Riesgos Laborales, que existe una reducción del 46% en las declaraciones de enfermedades profesionales, lo que a juicio de la central sindical significa que «las mutuas han hecho dejación de su obligación legal de notificar las enfermedades profesionales a su cargo».

Tras la denuncia, se van a revisar las bajas comunes para detectar si hay fraude en la ocultación de las profesionales.