(...) Si las previsiones políticas no fallan, que todo puede suceder en este maremágnum, las Juntas de Guipúzcoa van a aprobar hoy el tipo del 30% para el Impuesto de Sociedades, con lo que se va plasmar la discrepancia interna entre las Diputaciones a la hora de fijar este importante impuesto. (...)

El sistema foralista es diabólicamente eficaz para eludir la discusión pública de los impuestos que todos tenemos que pagar. Con la excusa de que hay que garantizar la armonización fiscal entre los tres territorios, se juntan seis funcionarios en una oficina, llamada Órgano de Coordinación Tributario (OCT) y allí, sin luz ni taquígrafos, deciden cuantos impuestos vamos a pagar cada uno. Nadie sabe en qué estudios se basan las propuestas, nadie sabe cuál es la finalidad política que se persigue con esos impuestos -porque debemos recordar que los impuestos son la mayor expresión política de un país-, nadie sabe por qué se bajan a unos sectores sociales y se suben a otros, y nadie sabe, en fin, por qué se fija el nivel de recaudación esperada en una cifra determinada y no en otra superior o menor.

De esta manera, y sin participación de la soberanía popular se decide la cuestión más importante de la política anual de éste y cualquier otro país: el esfuerzo fiscal relativo de cada grupo de ciudadanos y, derivado de ello, el nivel global del gasto publico. Una vez que la OCT habla, las Juntas Generales de cada provincia quedan obligadas a aprobar esa propuesta, so pena de atentar contra «la armonización fiscal» y el propio Parlamento vasco se ve constreñido a fijar el gasto total público de la autonomía sobre las decisiones sobre los ingresos tributarios tomadas por esos funcionarios. Es el mundo al revés: los funcionarios deciden y los electos aprueban esa decisión. (...)