El semblante de familiares y amigos de Gorka Lupiañez mostraba ayer la preocupación que tienen por el estado de este joven durangarra supuestamente en manos de la Guardia Civil desde la tarde-noche del jueves. Su hermano Andoni, acompañado de su madre y de representantes del movimiento pro amnistía, se encargó de transmitir a la opinión pública vasca el miedo que les atenaza por las experiencias tristemente atesoradas tras los dos arrestos anteriores que ha sufrido su hermano por parte de la Policía española y Ertzaintza, además de otros episodios de acoso.

Dos días después de que agentes del instituto armado español le detuviesen, la familia confesó desconocer dónde se encuentra y haber recibido información alguna acerca de su estado. La escasa información que tienen es la ofrecida por la Guardia Civil, cuando casi una jornada después de su apresamiento en la localidad de Berriz lo hizo público a través de varias agencias.

Los familiares pusieron en duda la versión oficial y calificaron de «muy raro» que el Gobierno español tardase un día entero para dar la noticia del arresto, además del hecho de que nadie viese el supuesto control en el que la Guardia Civil asegura haber apresado a Gorka Lupiañez. «Ni una persona de Berriz y alrededores ha tenido conocimiento sobre ese control y nadie lo ha visto», subrayó su hermano visiblemente afectado.

Andoni Lupiañez se preguntó dónde y desde cuándo está detenido realmente. «¿Cuántos días lleva metido en ese agujero negro?», apostilló. A lo largo de su intervención, insistió en su petición para que le sea levantada la incomunicación.

Según indicaron, poco después de conocer el arresto, la familia del joven se personó en el juzgado para demandar el habeas corpus para el detenido, o en su caso la posibilidad de ser visitado por un abogado y un médico de su confianza. Esta petición formal, que fue tramitada a la Audiencia Nacional, no había obtenido ayer al mediodía respuesta.

Los familiares recordaron que, en las dos ocasiones en que Lupiañez fue arrestado en 2002, denunció haber sufrido duras torturas y, tras su paso ante los jueces, fue puesto en libertad al no existir pruebas en su contra. En ambos pasos por las dependencias de la Policía española y Ertzaintza, explicó que le habían puesto una pistola para simular una «ruleta rusa», le mantuvieron cinco días desnudo y de pie, sin dormir, le propinaron golpes por todo el cuerpo, sufrió intentos de violación, amenazas e insultos.

Pocos meses antes, el 12 de diciembre de 2001, cuando acudía a la Universidad, fue «secuestrado y conducido al monte» por personas que se identificaron como ertzainas, «de los que recibió todo tipo de amenazas, contra él y contra sus familiares». Por aquel tiempo, rememoraron los allegados del ahora de nuevo detenido, fue relacionado con el «comando Bizkaia».

Andoni Lupiañez relató además que en varias ocasiones «policías uniformados y de paisano le han insultado, atacado y dado palizas» a su hermano Gorka, de día y de noche, siempre cuando estaba sólo.

«Ni un dedo»

Desde el movimiento pro amnistía, Asier Birunbrales arropó a la familia del detenido supuestamente en la localidad de Berriz y a éste frente a los duros momentos que están padeciendo y criticó al alcalde de Durango, el jeltzale Juan José Ziarrusta, porque «no se haya puesto en contacto» con los familiares para interesarse por su estado y prestarle algún tipo de ayuda que puedan necesitar. «No se ha molestado», añadió.

Su crítica la extendió al lehendakari Juan José Ibarretxe, por no haber movido «ni un dedo» para poner fin al periodo de incomunicación de Gorka Lupiañez, a pesar de que en diciembre de 2006 la Cámara de Gasteiz aprobó una resolución contraria a la aplicación de esta medida judicial.

Birunbrales denunció la «total impunidad de la Guardia Civil» en este caso en particular, en que, apuntó, hay lagunas acerca de las circunstancias del arresto del joven durangarra y el tiempo en que ha tardado en darse a conocer la noticia. Asimismo, incidió en que su incomunicación facilita que Lupiañez sufra torturas y malos tratos, tal y como ya denunció en sus anteriores pasos por las dependencias de la Policía española y Ertzaintza.

El portavoz del movimiento antirrepresivo recordó que en los últimos 30 años se han producido 6.000 denuncias de torturas en Euskal Herria, y que en todos los casos se ha repetido «el binomio incomunicación y Audiencia Nacional».