Más de quinientas personas participaron ayer en la movilización convocada por la plataforma Torrolate, para mostrar el rechazo popular al proyecto de campo de golf y urbanización que pretenden construir en la zona de San Ginés, perteneciente al municipio de Bastida.

Tras una pancarta con el lema «Por Bastida, no al campo de golf», portada por concejales y miembros de la plataforma convocante. Entre los manifestantes se encontraban los diputados forales de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA) y Juventud y Promoción Social, Xabier Aspuru (Aralar), así como de las formaciones políticas y sindicales que apoyaron el llamamiento a la movilización: EA, EB, ANV, Berdeak, Aralar y los sindicatos LAB y UAGA.

Orlando Arreitunandia, en nombre de Torrolate, recordó que la plataforma lleva ya dos años trabajando «en contra de quienes quieren acabar con este pueblo, con su agua, sus tierras y el patrimonio cultural que nos dejaron nuestros antepasados, imponiendo un modelo de pueblo con el que no estamos de acuerdo».

Entre los factores negativos del proyecto de campo de golf, subrayó el «uso abusivo» del agua que hace una instalación deportiva de este tipo, en un lugar donde, además, «tenemos grandes carencias de agua». Sin embargo, aunque el uso de los recursos acuíferos puede ser el problema más grave que generaría el campo de golf, éste no viene sólo sino que, como recordó Arreitunandia en su intervención, junto al campo de golf y como parte de la misma operación urbanística, pretenden construir 750 viviendas, «lo que supondría como mínimo duplicar la actual población de Bastida», que actualmente es de 1.500 vecinos.

Para poder llevar a cabo esa gran operación urbanística, el PP intenta forzar la modificación de las Normas Subsidiarias de la localidad. Y ello a pesar de que los informes que sobre este proyecto se han realizado en la Diputación de Araba y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Lakua consideran inviable el proyecto.

Orlando Arreitunandia concluye de estos informes que el proyecto de campo de golf y urbanización que pretenden construir en San Ginés es «ilegal», aunque subraya que «por encima de cualquier ley, sea legal o ilegal, este pueblo no quiere que se construya ese proyecto».

La esperanza de los miembros de Torrolate está puesta ahora en que, en la reunión que la Comisión de Ordenación del Territorio de la CAV celebrará este mes, se tengan en cuenta estos informes y el proyecto se rechace definitivamente.

El PNV no hace caso a sus bases

Higinio Arinas (IU) es alcalde de Bastida gracias a los votos de los ediles del PNV, pero después de esa decisión, «que estoy seguro de que les fue impuesta por la dirección provincial», Arinas asegura que la dirección local del PNV ha actuado «sin hacer caso a sus bases».

Ayer participó en la manifestación convocada por Torrolate, y no parecía sorprendido por la masiva participación que registró. El alcalde se mostró especialmente crítico con la direc- ción local del PNV, de quien dijo no conocer «a qué intereses responden con su apoyo al campo de golf, aunque en un proyecto de estas características está claro que los hay, y no son precisamente los del pueblo ni los de las bases del propio PNV».

El primer edil de Bastida no cuenta con el apoyo de los concejales del PNV para evitar este proyecto urbanístico. Muy al contrario, éstos apoyaron el pasado miércoles una moción del PP para evitar que el alcalde represente al municipio en los foros institucionales en los que se aborde este tema.

Higinio Arinas, que cuenta en el Ayuntamiento con los dos votos de su formación y el del concejal de la Asociación Vecinos Bastida, es rotundo al afirmar que «caiga quien caiga» seguirá defendiendo el deseo de la mayoría de vecinos. Además, considera que la moción aprobada por PNV y PP es «ilegal», ya que «nadie puede quitar al alcalde la representatividad del municipio».

Tanto el alcalde de la localidad como la plataforma Torrolate consideran que tras estas actuaciones se esconden intereses personales. Torrolate ha anunciado ya la recusación de Ignacio Gil, anterior alcalde de la localidad, y que tras la moción del pasado miércoles sería el representante del Ayuntamiento en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y en la Comisión de Urbanismo de Araba. Y es que, el ex alcalde del PP «figura desde 1999 como administrador de una sociedad cuyos terrenos serán recalificados si prospera el campo de golf».