En el texto al que dio lectura ayer Joseba Azkarraga en la sede de Lehendakaritza, el Gobierno de Lakua destaca su denuncia a ETA y a «todo discurso que justifique la continuidad de ETA», mientras que a modo de reverso de la moneda critica las actuaciones que se han desarrollado en torno al sumario 18/98.

Esta declaración, leída en la víspera del día que la comunidad internacional dedica a los Derechos Humanos, de cuya promulgación se cumplirán en 2008 sesenta años, repasa conculcaciones de derechos que se producen hoy en día en la sociedad de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque centra la mayoría de sus denuncias en las mermas de derechos que se producen en la CAV en razón de motivaciones políticas.

En primer lugar, arremete contra ETA, de la que dice que «con sus últimas actuaciones sangrientas, no sólo sigue provocando sufrimiento injusto, sino que niega de raíz la Declaración Universal de los Derechos Humanos», a lo que añade además que «cualquier discurso que pretenda explicar, justificar o defender la continuidad de ETA pierde toda legitimidad y credibilidad».

En este sentido, Azkarraga hizo un llamamiento a hacer «una reflexión crítica» en torno a la situación de los derechos. Una reflexión que, aseguró, «hay que realizarla con coraje, de frente y sin rodeos».

La declaración institucional se dirige también al Estado español, que «debe tener límites», porque, asegura, «la vida y la dignidad de todos los seres humanos son el valor central que nadie está legitimado para cuestionar y, menos aún, negar».

«De primera generación»

El Ejecutivo de Lakua denuncia también «la fase final del sumario 18/98, de detenciones antes de la comunicación de sentencia», que califica de «último capítulo dramático de un ejercicio injusto y abusivo del Estado», a la vez que considera «anacrónica» la persistencia del «delito de opinión». Así, Azkarraga aseguró que con las actuaciones en torno a este sumario «los derechos humanos de primera generación están heridos en su mismo corazón».

Entre los otros derechos que no son respetados por razones políticas, la declaración del Ejecutivo autonómico hace referencia a una política peniten-ciaria que contempla «la in- humana e injusta dispersión»; a la práctica de la tortura, que «a pesar de su absoluta e incondicional prohibición se continúa produciendo en centros de detención»; así como a la Ley de Partidos y a «una normativa antiterrorista excesiva y desproporcionada», con las que se estrechan «los espacios legítimos de las libertades de asociación, prensa, ideología y expresión».

Tras referirse a las vulnera-ciones de los derechos huma-nos que suponen la violencia de género o la xenofobia, el texto emplaza a confiar en «la ciudadanía libre y madura», respetando el derecho de autodeterminación, recogido en los pac- tos de 1966 en los que se desarrollaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, la declaración de Lakua concluye que la construcción de la democracia debe ser «especialmente atenta a la voz de la soberanía popular».