El proceso por el que las élites económicas con el amparo de instituciones y políticos profesionales están guiando, a golpe de ley, el recorte de los derechos de la clase trabajadora en Euskal Herria sigue su curso. Ley del Suelo, Ley de dependencia, proyecto de Ley de Vivienda, proyecto de Ley de Inclusión Social, bajada de impuesto de sociedades... son ejemplos de este proceso de recorte de derechos.

Esta dinámica está provocando una fuerte dualización de la sociedad, de manera que una minoría está aumentando sus beneficios exponencialmente: una serie de bancos y cajas -Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banco Popular, Banesto, Sabadell, Banca March, Bankinter, Pastor, Valencia y Guipuzcoano- han obtenido un beneficio neto diario de 63,4 millones entre enero y setiembre del presente año. O lo que es lo mismo: 44.000 euros de beneficio al minuto. Mientras tanto, una parte cada vez más importante de la población está siendo sometida a un fuerte proceso de precarización. Y es que los beneficios mencionados del sector financiero (63,4 millones entre enero y setiembre) representan dos veces el salario medio de los trabajadores vascos. Supone asimismo, que en un minuto los bancos logran una plusvalía seis veces y media mayor que el salario anual de quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional y siete veces más que todo el sueldo de un año de los perceptores de la renta básica. Así las cosas, no debe extrañar que en Euskal Herria la dualización de la sociedad como consecuencia de la concentración de la riqueza en pocas manos esté agudizándose. Mientras el 21% de la población tiene el 50% de las rentas, otro 62% se tiene que contentar con el otro 50%. Pero es que hasta un 17% de la población mayor de edad carece de renta alguna. Entre tanto, Ibarretxe y Sanz nos dicen que cada vez se genera más riqueza. Y es cierto: en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el año 2006 se experimentó un crecimiento del PIB de un 4,1%, y en Nafarroa Garaia ese aumento fue del 3,9%. Lo que nos ocultan, es que esa riqueza no se reparte con criterios de justicia social (cientos de miles de personas viven con menos de 958 euros al mes -umbral de la pobreza calculado como 37,5% del PIB per capita de un territorio- en Euskal Herria). El PNV, junto a la derecha española de UPN y el PP lideran este proceso de precarización en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia. UMP junto al PSF hacen lo propio en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Eso sí, PSE, PSN, PSF, IU y EA colaboran estrechamente en este proceso.

Pero quizás lo más grave es el procedimiento mediante el que se nos precariza a golpe de ley, plan y reforma. Este proceso lo están llevando a cabo de espaldas a la población, con la coartada de que cada cuatro años se vota y que esos «representantes» pueden hacer y deshacer a su antojo (subida de sueldos y dietas; planes, leyes, PTPs, proyectos de infraestructuras...). Esta tendencia de ausencia de transparencia y democracia se está generalizando en las diferentes instituciones y este proceso de precarización a golpe de ley está siendo blindando. Están tratando de neutralizar cualquier tipo de oposición y disidencia a sus intenciones, a través de legislación, control, criminalización y represión.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta falta de democracia y transparencia es el proyecto del TAV. Diversas consultas populares han reflejado el desacuerdo de la población con la ejecución de este proyecto. Algunas de estas consultas incluso han sido prohibidas, impidiendo siquiera poder ejercer el uso de la palabra a la población, dejando al descubierto el talante antidemocrático de las instituciones del Estado español y de vascongadas. Además, una encuesta avalada por diferentes docentes universitarios concluyó en la primavera de este año que la población no tiene suficiente información sobre este proyecto, y que en los casos en los que sí está documentada, la oposición al proyecto crece.

Además de suponer una imposición, este proyecto trae consigo la aceleración del proceso por el que el capitalismo más salvaje se abre camino en Euskal Herria a base de recortar derechos sociales y laborales y de precarizar y empobrecer a la población. Y es que esta infraestructura supone un despilfarro económico brutal, ya que con los 9.000 millones de euros (a este coste de ejecución habría que sumarle el de mantenimiento) se podrían rehabilitar la inmensa mayoría de las 255.263 viviendas vacías que existen en Euskal Herria que necesiten ser reformadas y destinarlas al alquiler social para atajar el problema de acceso a vivienda; o se podrían completar hasta el umbral de la pobreza las pensiones y prestaciones de miseria que conceden las instituciones; o se podría invertir en un verdadero sistema público de sanidad, de educación, de servicios sociales... para mejorar la calidad de vida de la población. Pero como es bien sabido, siempre que alguien pierde, otro sale ganando. Y en este caso los grandes beneficiarios del TAV tienen nombres: Acciona, Ferrovial, Urazca, Tecsa, Altuna y Uria... que junto a otras empresas engordarán sus cuentas corrientes con dinero que saldrá de los bolsillos de la clase trabajadora.

Por lo tanto, es la hora de exigir la paralización de este proyecto, cuando menos por antidemocrático y antisocial. Por ejemplo, el sábado 15 de diciembre tenemos una importante cita en Arrasate, con la manifestación de Elkarlana para exigir la paralización de esta infraestructura.