La larga andadura por la Audiencia Nacional durante la instrucción del sumario 18/98, ha supuesto un cúmulo de despropósitos e indefensiones jurídicas a lo largo del proceso que ELA ha venido denunciando reiteradamente. Esta expresión de falta de garantías en el ámbito judicial viene a confirmar, una vez más, la instrumentalización de la administración de justicia por parte del poder político en el Estado español.

Tanto las propias leyes que pretenden dar cobertura a estos procesos como la reiterada doctrina que se va imponiendo por los tribunales para imponer castigos ejemplarizantes y de extrema dureza, así como los juicios sumarios contra las personas, muestran el deterioro y la falta de credibilidad de un sistema judicial utilizado para fines de marcado sesgo político. Pero más allá de la palmaria utilización de los instrumentos judiciales al servicio del estado, nos preocupa sobremanera la escasa calidad democrática que se ha ido asentando en el mismo núcleo duro de la dinámica política estatal, máxime en relación con cualquier tipo de expresión que haga referencia al conflicto político vasco. Este es el núcleo de inspiración básico que movió al PP a formular una Ley de Partidos que contó con el apoyo del PSOE. Bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, amplían los espacios de penalización y, como derivada, aquellas cuestiones que tienen que ver con la defensa de las ideas y los proyectos políticos se ven criminalizadas y condenadas. Se restringen y anulan los derechos de expresión, reunión, manifestación y participación política, condenando así al ostracismo a una buena parte de la sociedad vasca. Esta actuación política extiende también su brazo ejecutor a los ámbitos de la cultura, la defensa de la lengua, las expresiones de lucha pacífica, la desobediencia civil... y a cualquier expresión legítima de rechazo a las políticas que se articulan desde el estado.

En opinión de ELA, el pacto de estado entre PSOE y PP, además de basarse en la negativa a reconocer el derecho de nuestro pueblo a decidir democráticamente su futuro, no duda en vulnerar derechos civiles y garantías procesales. En ese contexto, reiteramos nuestra denuncia de la conculcación de derechos que abocan a una absoluta indefensión de las personas y de los proyectos políticos. ELA, como organización sindical abertzale y de clase, está comprometida con la defensa de los derechos y libertades de todas las personas, con la defensa de las ideas y proyectos políticos que legítimamente buscan los cauces de participación política y social. En ese sentido, hemos venido compartiendo con amplios sectores del espectro social y político vasco la inquietud y preocupación por una deriva antidemocrática que, desde hace tiempo, se viene asentando en un proceder político marcado por la impostura y la negación de los derechos más elementales.

ELA quiere reiterar su solidaridad con las personas procesadas, tal y como lo ha venido haciendo desde el inicio del sumario 18/98, y exige el pleno restablecimiento de las garantías judiciales de las personas imputadas, así como su puesta en libertad. Desde una posición política propia, reafirmamos nuestra apuesta por un escenario de lucha exclusivamente civil y democrática para la defensa de los derechos colectivos de nuestro pueblo, en el que sobran los ataque de todo tipo contra las personas. Este fue el sentir y el motivo de la concentración de militantes de ELA en Bilbao, denunciando esta deriva antidemocrática. La hicimos desde la autonomía sindical y desde la defensa a ultranza de los derechos democráticos inherentes a las personas y también a los derechos colectivos.

Coherentes con nuestro pensamiento y con el compromiso en la defensa de derechos, hemos venido contrastando y compartiendo las dinámicas que se han articulado por el grupo de apoyo a las personas imputadas en este sumario. Precisamente por ello, queremos manifestar nuestra disconformidad con el planteamiento realizado por algunas personas imputadas quienes, al margen de este grupo de apoyo, han realizado un llamamiento a secundar una hora de paro el día 13 de diciembre. ELA no comparte que se canalicen planteamientos de manera unilateral, en la medida que éstos condicionan la dinámica de cada una de las organizaciones, neutralizan la capacidad de respuesta del conjunto y abocan a lecturas de utilización partidaria inadecuadas. Por ello, ELA no apoya este paro. Finalmente, queremos reafirmarnos en los compromisos adquiridos con el grupo de apoyo al 18/98 y mostrar nuestro apoyo y solidaridad con las personas detenidas.