En el escenario del conflicto social, político y armado de Colombia son innumerables los hechos que manifiestan y exigen una inmediata demostración de sensatez, cordura o, al menos, compasión por parte del Gobierno de Alvaro Uribe.

Tratándose del caso del Intercambio, o del Acuerdo Humanitario, con las FARC-EP, el Gobierno ha dado constantes bandazos entre la negligencia y la ambigüedad, olvidando la calidad humana de los presos y los retenidos, desconociendo las condiciones objetivas que han llevado a Colombia al borde de una guerra civil.

Grosso modo, el Intercambio Humanitario consiste en la liberación simultánea de retenidos por la guerrilla (políticos, policías, militares -incluidos los tres estadounidenses-) y presos políticos de la guerrilla (cuadros, combatientes, apoyos). La posibilidad de esta liberación simultánea, o por lo menos de los diálogos que la propicien, es un clamor nacional e internacional que le exige al Gobierno colombiano, claridad y celeridad en tal propósito. Sin embargo, en plena divulgación de las pruebas que vinculan al oficialismo con el paramilitarismo, se ha sabido aprovechar esta circunstancia para tender otra cortina de humo que le permita a Uribe tener un respiro en su dudosa reputación.

Ante la incapacidad de la Casa de Nariño para llevar a cabo acercamientos con la insurgencia, las instancias internacionales (gobiernos, ONG, Iglesia, entre otros) presionaron a tal punto que surgió la propuesta de la mediación de la senadora liberal opositora Piedad Córdoba, quien más adelante contaría con la valiosa colaboración del presidente venezolano Hugo Chávez.

Es claro que la desgracia de los retenidos y los presos políticos es una victoria mediática para el Gobierno. Por ello, la facilitación de Córdoba y Chávez estuvo hábilmente urdida hacia el fracaso, y en el punto exacto donde se había llegado a acuerdos previos con las FARC-EP, donde seguramente se liberaría un grupo de retenidos en diciembre, donde los familiares tenían su máxima esperanza, cuando las FARC-EP cedieron en sus exigencias y cuando el mundo tenía sus ojos en Colombia, Uribe y sus asesores expiden un escueto comunicado dando por terminado el proceso bajo el argumento de una amenaza terrorista a la soberanía colombiana.

Esa manifestación de soberbia, más allegada a Washington que a las exigencias del pueblo colombiano, dio al traste con la alegría de ver a los retenidos con los suyos y a los prisioneros en las calles, y demostró, una vez más, el talante inhumano y déspota del presidente Uribe.

Como ha sucedido en tragedias anteriores, el Gobierno ha utilizado el «fracaso» de los mediadores como excusa perfecta para justificar los rescates militares (bombardeos indiscriminados que matan a guerrilleros, pero también a retenidos y población civil) en el marco de la política de seguridad democrática que cuenta en su prontuario criminal de cinco años, mil ejecuciones extrajudiciales y la reingeniería paramilitar en la sociedad colombiana.

Ahora se ha conocido que la inteligencia colombiana había escondido pruebas de supervivencia de los retenidos mientras éstas eran esperadas en Caracas. En estas pruebas se ve a la ex candidata presidencial, Ingrid Betancur, agobiada por el abandono del Estado y desgastada físicamente por los trajines del ejército irregular, exigiendo tácitamente que lo humanitario no sea un remoquete utilizado como táctica política para legitimar una actitud totalitaria, diluyendo el Intercambio en la sopa espesa de las excusas ambiguas gubernamentales.

Mientras tanto, los presos políticos, olvidados eternos de los medios de comunicación, sufren en carne propia los vejámenes del régimen, bajo condiciones carcelarias asimilables a las del siglo XIX. Ellos y ellas también hacen parte del Intercambio Humanitario, a pesar de la intención explícita del Gobierno de sobornarlos con dinero, con la promesa de la desmovilización, de doblegarlos con los traslados permanentes lejos de sus familiares y con el propósito de asesinarlos bajo el manto paramilitar.

Los presos políticos son los seres proscritos del Estado, pues son la principal característica de los regímenes totalitarios. Mientras tanto, viven con la esperanza latente de la libertad.

Tras una nueva oleada de súplicas de gobiernos europeos y americanos para que el Gobierno se siente a la mesa a dialogar con su contradictor, se ha conocido la decisión de Uribe de facilitar una zona de encuentro con la insurgencia, con extensión de 150 kilómetros, poco poblada, sin armas y vigilada por la Iglesia. Esta decisión revela el carácter político que se debe tener frente a las FARC-EP.

Cabe preguntarse qué pasará ahora y lanzar a la incertidumbre la respuesta a dicha pregunta, esperando que ésta no sea una artimaña más del Gobierno, un golpe mediático del fracaso maquinado desde Washington u otra esperanza condenada de retenidos y presos, de sus familiares y del pueblo colombiano.

El Intercambio Humanitario, siendo sólo un punto mínimo en el conflicto colombiano, podrá dar luces y formar caminos hacia el futuro de las partes, donde la salida política sea el horizonte a alcanzar y donde la vida no sea utilizada como argumento electorero y mediático de un Gobierno que empíricamente se encuentra en la antípoda de lo humanitario.