Las reacciones de portavoces políticos e institucionales al último comunicado de ETA, una vez más, no se limitaron a la condena de las acciones armadas, aunque en esta ocasión se centraron en la que costó la vida a dos guardias civiles, el primer día de diciembre, en Capbreton. ETA califica esos hechos de «ejecución» en el contexto del «enfrentamiento armado» y engloba su decisión de actuar contras las fuerzas policiales españolas «sea donde sea» en su intención de «responder» a ciertas «actuaciones de terrorismo de Estado contra militantes vascos» que, según da a conocer, ya durante el proceso negociador le llevaron a advertir «de forma directa» al propio Gobierno español y a los mediadores internacionales de que se podía llegar a este tipo de situaciones.

Entre los múltiples análisis que sobre el contenido del comunicado se realizaron ayer, no se escuchó ninguna reflexión en torno a la cuestión de «la guerra sucia», y eso a pesar de que la organización armada también cita expresamente lo ocurrido durante la etapa de gobierno de Felipe González. Si, en sus reacciones, las formaciones políticas vascas y españolas se limitaran a denunciar la lucha armada, si no la relacionaran directamente con cuestiones de claro carácter político, esa estrategia de eludir cualquier referencia a las causas que ETA pone sobre la mesa para explicar su forma de «responder» a lo que califica de «represión salvaje» sería consecuente con sus habituales discursos. Pero no sucede así. Desde la portavoz del Gobierno de Lakua o la presidenta de EA, aludiendo a la capacidad de decisión de la ciudadanía vasca, hasta el portavoz de la Presidencia de EB, aludiendo a la posible ilegalización de ANV, pasando por los representantes del PSOE y del PP, enfrascados en su interminable cruce de reproches -basados, paradójicamente, en un mismo discurso, y en una misma práctica, sobre la necesidad de mantenerse unidos frente a ETA-, todos ellos retratan, consciente o inconscientemente, un escenario de confrontación, es decir, el conflicto político. Mientras, como indicó ayer Karmelo Landa, desde la izquierda abertzale se sigue intentando que todos los agentes implicados en este conflicto entren en una dinámica distinta, en un camino para «buscar soluciones a situaciones tan dramáticas como éstas».

Fotografías sociopolíticas

Para buscar soluciones que respeten la voluntad de la ciudadanía se movilizaron ayer cientos de personas en Baiona, reclamando que la capacidad de decisión quede reflejada en el reconocimiento de un estatus institucional para Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, y miles y miles en Arrasate, exigiendo que infraestructuras que pueden afectar de forma notoria al desarrollo sostenible de este país, como la del tren de alta velocidad, no se impongan por la fuerza sin tener en cuenta las consultas populares que se están llevando a cabo en las zonas afectadas más directamente. Dos ejemplos de que, a día de hoy, en Euskal Herria los principios democráticos no traspasan el ámbito de las declaraciones cuando los intereses de determinadas castas políticas y económicas corren el riesgo de no contar con el respaldo popular.

En la capital lapurtarra, entre un fuerte despliegue policial, se dio un paso más en la reivindicación de una institución que englobe a los tres territorios de Ipar Euskal Herria. Y ante la actitud de las autoridades francesas, que hacen oídos sordos a esas aspiraciones, se escucharon palabras rotundas: «Admettez que le Pays Basque existe!». Un mensaje tan breve como clarificador a la hora de evaluar la posición de París en el conflicto.

En Arrasate también quedaron fotografiados nítidamente esos intereses, y en esa imagen aparecían decenas y decenas de dotaciones armadas de la Guardia Civil, que acordonaron la localidad e identificaron a cientos de personas, especialmente jóvenes, que se habían trasladado hasta allí para participar en una movilización en la que únicamente se reclamó la palabra, la capacidad de decidir.

Ayer mismo, a medio camino entre Arrasate y Baiona, cumpliendo una orden de la Audiencia Nacional española, la Ertzaintza volvió a impedir que varios colectivos de Hernani subieran a un escenario para tomar la palabra en un acto organizado para expresar su solidaridad con los familiares de los presos políticos vascos.

Y no muy lejos de allí, una dirigente del PP que ha sido impuesta como alcaldesa de Lizartza en un proceso electoral insólito en la Europa del siglo XXI, y que al menos debería hacer sonrojar a quienes en Euskal Herria comparten concentraciones con este partido, «denunciaba» una recogida de firmas, promovida por un grupo de vecinos y vecinas que no se resignan a vivir en el apartheid político, afirmando que se trata de «un nuevo acto contra el gobierno legítimo y democrático del PP» y acusando a los promotores de esa iniciativa de ser «representantes de ETA-Batasuna».

Por ello, cuando en apenas 24 horas se obtiene semejante material para rellenar el álbum sociopolítico de este país, resulta difícil creer que esos mensajes que se lanzan desde los púlpitos de algunas formaciones políticas vascas y desde los máximos representantes del Estado español o francés augurando un cercano «final del ciclo de la violencia» se puedan traducir en auténticos compromisos para trabajar por un escenario en el que se respete la palabra de la ciudadanía de Euskal Herria.