QUINCE AŃOS LARGOS DE BENEFICIOS QUE SE LOS LLEVA MADRID
La Seguridad Social obtiene de Euskal Herria 13.195 millones de superávit
Los datos de BBVA avalan que la Seguridad Social ha conseguido en quince años (1991 a 2005) 13.195 millones de euros de superávit de los trabajadores vascos. La necesidad de tener una Seguridad Social propia es evidente.
Juanjo BASTERRA | BILBO
En los últimos quince años económicos cerrados de la Seguridad Social contributiva se constata el enorme beneficio económico neto que obtienen las arcas de Madrid de los vascos. Según una publicación del BBVA, «Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central», elaborado por Ezequiel Uriel Jiménez y Ramón Barberán Ortí, entre 1991 y 2005 los trabajadores vascos han aportado a las arcas de la Seguridad Social contributiva un superávit de 13.195,1 millones en Hego Euskal Herria, es decir, la diferencia entre la cantidad que ingresan por cotizaciones sociales y los gastos para el pago de pensiones y prestaciones, entre otras actuaciones, Madrid ha logrado ese importante beneficio económico. De media, los vascos han aportado 880 millones anuales de superávit a la Seguridad Social española. Una cantidad muy significativa.
Ayer mismo, el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, anunció que se prevé que la Seguridad Social española cierre 2007 con un superávit de 13.000 millones de euros, lo que supone un 1,2% del PIB. Según Granado, se destinará «a consolidar las pensiones de los trabajadores que en la actualidad cotizan». Llama la atención ese apoyo a los cotizantes en activo, ya que la nueva reforma de la Seguridad Social aprobada recientemente, fija el pago de entre 18 y 63 euros de media a los prejubilados forzosos de reconversiones industriales, que de manera injusta han sufrido la penalización de importantes rentas por «haber sido expulsados del mercado de trabajo» y, en cambio, haber cotizado a la Seguridad Social por más de 35 años, lo que en teoría da derecho a percibir el 100% de la pensión a partir de los 65 años. Sin embargo, no ha sido así para los 44.677 prejubilados forzosos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa que han estado percibiendo entre un 60% y un 70% de su pensión. Por eso, llama la atención de que Octavio Granado se muestre tan condescendiente con los trabajadores que están cotizando en la actualidad, ya que se demuestra que la leyes se modifican en el momento que se desea para atender las necesidades de las arcas públicas.
El Consejo Económico y Social (CES) Vasco reconoce también en la última memoria socioeconómica referida a 2006, que ha sido publicada recientemente, que el Inem ha logrado un beneficio neto de los trabajadores vascos de 451 millones en 2005, que es el último año en el que figuran los datos completos. En siete años, en este concepto el actual Servicio Público de Empleo (SPEE) obtuvo un superávit entre las cotizaciones de los trabajadores y las prestaciones de 2.817,16 euros.
Esta situación pone de relieve, entre otros elementos, que lo que pagan los trabajadores vascos es más que lo que reciben quienes son destinatarios de las pensiones, ayudas por desempleo y otras compensaciones. Los trabajadores vascos, que son los que tienen unos salarios medios más altos que el resto del Estado español, salvo Madrid, sin embargo cotizan entre 6.000 y 7.000 euros más que el resto de trabajadores. Todo esto pone de manifiesto que las competencias de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea en esta materia son nulas y, por lo tanto, se hace necesario poner los cimientos para disponer de un sistema propio de Seguridad Social, mejor que el existente en el Estado español que camina hacia su privatización, un elemento que el Gobierno de Gasteiz también impulsa al apoyar con enormes desgravaciones fiscales la potenciación de otros sistemas de pensiones complementarias o privadas en vez de dar un mayor impulso al sistema público.
Lo que está claro es que la Seguridad Social debe sustentarse en un sistema público, de lo contrario estará a espensas de los intereses del sector privado. Ocurre ya con el Fondo de Reserva, que asciende a 45.000 millones. Una parte se va a utilizar para especular en el mercado bursátil a través de entidades financieras privadas.
Los prejubilados forzosos han sufrido en sus cuentas la acción injusta de la Seguridad Social, ya que han cotizado más de 35 años y en vez de percibir el 100% de la pensión con su jubilación fueron penalizados y han estado percibiendo entre un 60% y un 70% de lo que deberían de haber cobrado.
880
millones es la media de los últimos quince años de superávit entre las cotizaciones de los trabajadores y los ingresos por pensiones, desempleo, etc, según el estudio del BBVA.
317
millones en 1993. Fue el año que menos beneficios obtuvo el sistema español de los trabajadores vascos, entre otras razones, porque el desempleo creció de manera importante por algunos procesos de destrucción de empleo.
2001
En ese año se logró un superávit récord en Hego Euskal Herria, según los datos del trabajo técnico del banco. Lo que muestra que los trabajadores vascos han aportado grandes cantidades al sistema público, que impide que haya una Seguridad Social pública vasca.
44.677
son los trabajadores que el Ministerio español de Trabajo asegura que fueron obligados a anticipar su jubilación debido a las diferentes reconversiones industriales. Sin duda no son todos, porque las diferentes asociaciones aseguran que han fallecido muchos.
63
Lo máximo que percibirá un prejubilado forzoso para reparar la injusticia son 63 euros al mes, después de haber estado cotizando a la Seguridad Social durante más de 40 años.
La desregulación laboral que vive el mercado de trabajo afecta de forma negativa a un escenario público del sistema de la Seguridad Social. Existe un problema importante para que los futuros trabajadores estén amparados por un sistema de protección social como el de la Seguridad Social debido a que la desregulación laboral y los contratos de trabajo precarios están provocando que cada empleado tenga cada vez más difícil completar un año total cotizado. Con la última reforma, además, se ha ampliado en 775 días el período de cotizaciones para obtener una pensión mínima, que se ha establecido en 5.475 días, lo que supone 15 años completos de cotización. Antes de la reforma, las pagas extraordinarias también añadían cotización en días. El futuro de las pensiones pasa por la existencia de sistema público de la Seguridad Social, de lo contrario el sector privado se encargará de engullir al sistema público, máxime cuando cada vez es más difícil cerrar años completos de cotización por la alta temporalidad .
La Ley de Medidas en materia de Seguridad Social dispone de una mejora de las pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad a enero de 2002. Las mejoras se enmarcan entre los 18 euros y los 63 euros al mes, dependiendo de la edad de la prejubilación, que se situó entre los 60 y los 64 años. En el conjunto del Estado Español son 430.821 pensionistas afectados, de ellos el 10,37% son de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
Esta mejora salarial de las pensiones «es ridícula» y, según la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas (Fevaas) y la Confederación estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp), «no resuelve la discriminación cometida». La realidad es que la asociación vasca ha estado años luchando por conseguir que la Seguridad Social les aplique los preceptos legales que contempla. Es decir, un cotizante tendrá derecho a la pensión completa si ha cotizado durante 35 años o más. Casi todos los prejubilados forzosos debido a las diferentes reconversiones industriales cumplían ese precepto, pero «se nos castigó con penalizaciones que van desde el 60% al 30% o al 40% de la pensión». Nada más aprobarse por el Congreso español esas nuevas medidas, popularmente conocidas como reforma de la Seguridad Social, los beneficiarios han empezado a recibir las resoluciones en el que se les anticipa las cantidades que van a recibir. «La resolución tendrá efectos retroactivos desde enero de 2007, por lo que en la primera quincena de este próximo mes de enero de 2008 se les efectuará un pago único con los atrasos».
Los prejubilados y actuales pensionistas reconocen que la medida adoptada en Madrid, que fue impulsada por el Gobierno español que preside José Luis Rodríguez Zapatero, «no atiende nuestro derecho como trabajadores expulsados del mercado de trabajo». Afirman que «menos es nada», pero que «nadie se crea que se ha reparado esta grave injusticia, sino que nuestra principal reivindicación no ha sido atendida», precisa Fevaas.
Para esa organización, el cálculo tendría que haber logrado una equiparación técnica, es decir «haber establecido una proporcionalidad entre las cantidades cotizadas y las que tendrían que percibir, en vez de ese criterio impuesto por quienes nos manejan y que ha prevalecido, que no es otra cosa que una cantidad a tanto alzado».
La asociación de prejubilados forzosos reconoce que en la negociación de este «acuerdo mísero» tuvieron que aguantar «amenazas y chantajes. O cogíamos los que nos daban, o tendríamos que quedarnos como antes, sin nada y con unas pensiones mínimas después de haber estado cotizado por encima de los 40 años», precisa.
La injusticia se arrastra desde los diferentes gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP. Nadie quiso actuar, porque la reconversión industrial afectó a muchos trabajadores. Los datos que maneja en la actualidad el Ministerio español de Trabajo indica que el incremento de las jubilaciones anticipadas causadas antes de 2002 «por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador» alcanza los 430.821 trabajadores en el Estado español, pero son 5.903 en Araba; 11.336, en Gipuzkoa; otros 6,752 en Nafarroa y 20.687 más, en Bizkaia.
