Horas antes de que se produjera la votación decisiva, el portavoz de Economía del PNV en el Congreso español, Pedro Azpiazu, anunció que su grupo iba a respetar «el compromiso adquirido» con el PSOE de dar su apoyo a los presupuestos generales del Estado para el año 2008. Para ello el grupo jeltzale tuvo que votar a favor de levantar el veto impuesto en el Senado al proyecto presentado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El portavoz jeltzale se lamentó de que la acción del Senado «ha truncado el debate» al haber impedido que se debatieran y aprobaran algunas enmiendas que, según aseguró, «habrían supuesto más inversiones para el País Vasco». Además, esta circunstancia se uniría al hecho de que aún «sigue sin cumplirse en su totalidad el Estatuto de Gernika, y sigue dándose un déficit y cierto olvido de inversiones» por parte de las instituciones del Estado en los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

A pesar de las críticas, Azpiazu afirmó que el PNV «tiene por costumbre cumplir con sus compromisos». Comnetó también que el acuerdo alcanzado entre PSOE y PNV, «aunque tímido, supone un paso hacia adelante».

El diputado jeltzale subrayó que los presupuestos «son la ley más importante del año» y el debate político para llegar a su aprobación es «de gran alcance», aunque «en algunas ocasiones tiene poco que ver con las partidas presupuestarias».

El Ejecutivo del PSOE contó con los votos de su grupo y de PNV, IU-ICV, BNG, Chunta Aragonesista, Nueva Canarias y de un diputado tránsfuga del PP. Por su parte, las diputadas de EA y de Nafarroa Bai votaron en contra.

En Juntas de Gipuzkoa

En Euskal Herria, las Juntas Generales de Gipuzkoa, en las que no están representados los 70.000 votos de ANV que fueron anulados en las pasadas elecciones, aprobaron ayer los presupuestos para el próximo año, que ascienden a unos 800 millones de euros. Aprobación que fue posible después de que EB y Aralar llegaran a un acuerdo con el gobierno foral integrado por PNV y EA.

El diputado de Hacienda, Peio González (EA), defendió el texto aprobado, destacando sus líneas principales de actuación, centradas, según indicó, en «las políticas sociales, la innovación, la movilidad y la sostenibilidad, así como en la cohesión y el equilibrio territorial».

El portavoz de EB, Mikel Izagirre, comentó que el proyecto es «bueno» gracias a que las aportaciones de su formación han permitido alcanzar un «equilibrio» entre «el avance de los derechos y políticas sociales» y «el progreso y desarrollo ambicioso y equilibrado» del herrialde.

La juntera de Aralar, Rebeka Ubera, aseguró que el acuerdo alcanzado con el gobierno foral ha permitido sacar adelante enmiendas por valor de 35 millones de euros que«afectarán a los servicios sociales, la agricultura y la ganadería, la igualdad de género, la cultura y el euskera».

Miguel Buen (PSE) criticó la «alianza» entre el gobierno foral y «los partidos que hasta ahora se han opuesto a las grandes infraestructuras».