Joseba Azkarraga compareció ayer en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico para hacer público el posicionamiento de Lakua ante la sentencia del 18/98, sobre la que dijo que «hiere la democracia» y puede «abrir un agujero de excepción y un sumidero de garantías».

«Este Gobierno no puede permanecer en silencio cuando ve cómo las leyes penales y su interpretación son retorcidas con la consecuencia de privar injustamente a ciudadanos de su libertad», señaló. El tripartito considera que la resolución de la Audiencia Nacional española ratifica la teoría desarrollada a lo largo del macrosumario e «ignora de forma preocupante la exigencia de aportar suficientes elementos de prueba como para destruir la presunción de inocencia».

Lakua sostiene que es «una lectura política» decir que «todo es ETA», y que esa conclusión «nos sitúa ante una nueva terminología jurídico-penal, derivada de una clara presión política y que hace tabla rasa de categorías penales». No obstante, Azkarraga expresó su esperanza de que las instancias judiciales que puedan revisar la sentencia examinen el caso «sin ataduras» y con «imparcialidad».

Para LAB, «un bodrio legal»

Por su parte, LAB señaló que la sentencia del macroproceso «es un auténtico bodrio legal repleto de suposiciones, de prejuicios, redactada a la medida de la teorización desarrollada en su día por Garzón para legitimar y dar cobertura jurídica a la criminalización y persecución de la izquierda abertzale».

«Estamos ante prácticas características de estados fascistas» y ante «un ataque a derechos civiles y políticos que tienen como soporte doctrinas judiciales planteadas con claro impulso político», censuró el sindicato abertzale a través de un comunicado. A su juicio, «detrás de esta condena existe una estrategia política: perseguir el independentismo, debilitar a la izquierda abertzale para condicionar el carácter y la evolución del inevitable cambio político».

Dedes la asociación de abogados de Euskal Herria Eskubideak, también se rechazó la sentencia emitida por el tribunal especial, al entender que el Estado español «ha incumplido los principios que rigen en un Estado de derecho», por lo que denunció que se han dado «violaciones de los derechos humanos» durante el proceso.

En cambio, el PP, a través de su portavoz en el Parlamento de Gasteiz, Leopoldo Barreda, insistió en que «ésta es la forma de derrotar a ETA: llamando ETA a todo lo que es ETA». Inclusó criticó un supuesto «silencio» del PSE, y al PNV por «legitimar a ETA al criticar la sentencia».