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LAB denuncia que la Diputación «no juega limpio» en el caso de Irun

LAB, personado como acusación popular en la causa que investiga las presuntas irregularidades en la Hacienda de Irun, denunció ayer que la Diputación de Gipuzkoa pone «impedimentos» para «aclarar algunas de las responsabilidades» que pudieron favorecer este fraude. El sindicato criticó el silencio del ente foral ante las peticiones de la central, que también anunció el inicio de una campaña en fábricas y pueblos del herrialde guipuzcoano.

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J.M. URIBARRI |

Ainhoa Etxaide, secretaria general adjunta, junto a los responsables de LAB Joxean Urkiola y Amaia Almiral, comparecieron ayer en Donostia para denunciar la actitud de Diputación en relación al sindicato y anunciar la campaña que comenzará en breve para dar cauce al malestar existente en Gipuzkoa en relación al presunto fraude de la Hacienda de Irun.

Urkiola indicó que LAB «está haciendo sus propios deberes, pero es hora también de denunciar los impedimentos que desde la propia Diputación de Gipuzkoa se nos están poniendo para aclarar algunas de las responsabilidades que han podido favorecer este fraude. Queremos poner de nuevo el dedo en la llaga y dar cauces de información y de participación a la ciudadanía».

El responsable de LAB del seguimiento del caso indicó que «nuestro interés es clarificar todas las necesidades, desde las penales a las políticas y evitar que se cierre en falso con alguna cabeza de turco. Creemos que es impensable que quienes estuvieron al frente de la Hacienda guipuzcoana desconocieran todo lo que estaba ocurriendo: un robo a agran escala. Igualmente, queremos que se devuelva todo el dinero robado, se pongan los medios necesarios para que no se pueda volver a repetir y se modifique un modelo fiscal arbitrario, a la medida de las patronales e impasible ante un fraude millonario», añadió.

Almiral detalló la trabas que desde la Diputación impiden aclarar responsabilidades. Así, explicó que la Diputación ha respondido con su silencio a las dos peticiones realizadas, en mayo y en octubre, sobre las incompatibilidades del personal de Diputación.

En este sentido, Almiral explicó que «la ley de la función pública establece que los que trabajan en la administración sólo pueden realizar su trabajo en el puesto que les corresponde», y que en el caso de querer trabajar en el ámbito privado, se debe solicitar una autorización de compatibilidad.

«Entendemos que la compatibilidad favorece el fraude fiscal y, de hecho, hay varias personas implicadas que tendrían que haberla solicitado y, si no lo han hecho, todavía peor».

La responsable de LAB de Donostia indicó que la central abertzale también ha solicitado a la Diputación el visto bueno a la presencia de LAB en la comisión de investigación creada por las Juntas Generales, o al menos tener acceso a la información que se maneja en dicha comisión. La petición es reciente, y Almiral expresó su deseo de que la Diputación no vuelva a responder con su silencio.

Respecto a la campaña, Etxaide explicó que el objetivo es vehiculizar el enfado de la ciudadanía guipuzcoana. Una campaña en fábricas y pueblos para sentar en el banquillo de los acusados a la actual política fiscal. «Llamamos a los ciudadanos a señalar a los responsables, porque la gente los conoce», añadió.

«PoNLES nombre»

El cartel «interactivo» diseñado por LAB para la campaña deja un hueco bajo la pregunta de «Nor da erruduna-Quién es culpable» para que los ciudadanos puedan ser agentes activos y señalen a los responsables.

Etxaide aboga por cambiar el sistema y la política fiscal

Etxaide incidió en su exposición en la política fiscal, ya que la central contempla de manera amplia el presunto fraude. «Nuestro objetivo, más allá de este juicio, es poner en cuestión el actual modelo fiscal de Gipuzkoa y de Hego Euskal Herria, porque el fraude es estructural. Por lo tanto, este fraude de Irun es grave por su dimensión, pero es inherente al actual modelo fiscal», y abogó por cambiar el sistema y la política fiscal.

Asimismo, tras indicar que no «todos somos perdedores por igual ante los fraudes», recordó el injusto modelo fiscal, que se nutre en un 80% de las rentas de trabajo. J.M.U.

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