Ofensiva contra el independentismo
Amplia y plural expresión de rechazo a la sentencia del 18/98
En pocas ocasiones se podrá ver una imagen como la que ayer se pudo observar en un hotel de Bilbo, donde decenas de representantes de casi todo el espacio político, social y sindical de este país se unieron para denunciar la sentencia del sumario 18/98. Los asistentes, por boca de Mariano Ferrer y Maite Aristegi, reclamaron la liberación de todos los acusados y la desaparición de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción que juzga a los vascos como enemigos.
Iker BIZKARGUENAGA | BILBO
Una amplísima representación de la vida social, sindical y política de este país reclamó ayer la puesta en libertad sin ningún tipo de medida cautelar de los acusados en el sumario 18/98, que han sido condenados a un total de 525 años de condena, así como la abolición de la Audiencia Nacional española, «tribunal de excepción que no garantiza un juicio justo».
Maite Aristegi y Mariano Ferrer ejercieron de portavoces del centenar largo de caras conocidas que comparecieron ayer en Bilbo, y el veterano periodista valoró que «en esta sentencia se redefinen los límites de la libertad, de nuestra libertad». Por ello, hizo un llamamiento a la respuesta, «determinante» ante la «arbitrariedad» del tribunal. «No nos hagan cómplices de un tribunal arbitrario e injusto», exclamó, antes de concluir su exposición con una salva de aplausos de todos los presentes.
Ovación a Elkoro
Más de una hora antes, las decenas de personas que se agolpaban en el salón elegido para la comparecencia irrumpieron en una larga ovación cuando José Luis Elkoro entró en la estancia. El histórico militante abertzale ha sido condenado a 24 años de cárcel y al pago de una millonaria cuantía económica.
También estuvo presente en la rueda de prensa Mario Zubiaga, condenado a 9 años de cárcel y que fue igualmente saludado por los presentes, muchos de ellos compañeros suyos en la docencia universitaria.
Cada uno de los procesados se sentó a un lado de la mesa, y en medio, representantes de la práctica totalidad de los agentes de Euskal Herria. Entre muchos otros, secundaron la llamada de la plataforma 18/98+ el mahaikide Mikel Etxaburu; el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz; la ex presidenta de EA Begoña Errazti; Kepa Bereziartua y Txarli González Lorente, presidente y secretario general de EAE-ANV, respectivamente; los parlamentarios de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin, Julián Martínez y Kattalin de Madariaga; Oskar Matute, parlamentario de EB; Joxe Iriarte, Bikila, de Zutik; Jon Abril, vicecoordinador de Aralar; y Mertxe Colina, de Abertzaleen Batasuna.
Desde el ámbito sindical, estuvieron presentes Adolfo Muñoz, secretario general adjunto de ELA; Txutxi Ariznabarreta, responsable de comunicación de LAB; Jesús Uzkudun, de CCOO; Belén Arrondo, de STEE-EILAS; Paul Nicholson, por parte de EHNE; y Modesto García, de HIRU, entre otros.
Junto a ellos, Antton Lafont, presidente del Consejo Económico y Social (CES); los bertsolaris Unai Iturriaga e Igor Elortza; el cantante Enrique Villarreal, El Drogas; Mikel Luluaga, de Bai Euskal Herriari; Aitor Balda e Izaskun Guarrotxena, representantes de Elkartzen y Bilgune Feminista, respectivamente; profesores universitarios como Iñaki Antigüedad, Ramón Zallo y Francisco Letamendia, Ortzi... así, hasta desbordar por completo el aforo de la estancia.
La presencia de los medios fue también muy numerosa.
Una historia «larga y dolorosa»
Ferrer comenzó su alocución anticipando que iba a contar «una historia tan larga como dolorosa», para exponer a renglón seguido el recorrido del macroproceso 18/98, desde la primera operación policial en mayo de 1998, hasta el cierre de las diligencias, en 2003. «Cuando concluyeron las diligencias eran más de 250 las personas imputadas en una decena de sumarios, y a lo largo del camino habían quedado cerradas empresas, medios de comunicación clausurados, organizaciones políticas ilegalizadas y organismos populares de toda clase criminalizados», evocó.
Siguiendo con su exposición, el periodista apuntó que «detrás de esta vasta operación había una iluminación judicial y un impulso político». Iluminación, la del juez Baltasar Garzón, y el impulso político, el del Gobierno de José María Aznar, que «no tardaría en compartir con el PSOE». En este sentido, señaló que trataron de «volcar sobre el nacionalismo vasco en general la responsabilidad de la persistencia de ETA», y respecto a la izquierda abertzale, explicó que trataron de arrojarle «el estigma de su integración en ETA para ir sacandola de la legalidad por piezas» y «desestructurar al núcleo más activo y correoso del espacio civil independentista».
Para ello, prosiguió Ferrer, el Estado se valió de diferentes instrumentos. El primero, «la criminalización colectiva, el desarrollo de la tesis `todo es ETA' cuya culminación tenemos en la sentencia que nos ha traído aquí». El segundo instrumento sería «la construcción jurídica de un Estado de excepción sin declarar». «De excepción, porque en estos sumarios la excepción es la regla para permitir una persecución penal indiscriminada». Y, como tercer instrumento, citó «la orquestación mediática para adormecer conciencias y la opinión pública».
«Sienten este pueblo»
«A nuestra opinión, el resultado [de la sentencia] equivale al desmantelamiento del Estado de Derecho» sentenció el portavoz habitual de la plataforma 18/98+, y enumeró algunos de los principios que, en su literalidad, establece la Constitución española: «principio de legalidad; igualdad ante la ley; integridad física; libertad ideológica; seguridad jurídica, derecho al honor; inviolabilidad del domicilio; secreto de las comunicaciones; libertad de expresión, asociación y reunión; tutela judicial efectiva; derecho a presunción de inocencia». Derechos todos ellos, que «han sido conculcados en este sumario».
A continuación, realizó una breve pincelada del carácter de los procesados en este sumario, «un conjunto variopinto de personas de todo grupo de edad, género, actividad y manera de pensar». Señaló, a este respecto, que «para muchos son simplemente unos sospechosos que han sido juzgados y condenados» pero «para nosotros son mucho más que eso, son personas que sienten este pueblo que llamamos Euskal Herria, personas estimadas en su entorno, reconocidas en su trabajo por este país, personas comprometidas, con aspiraciones que plena o parcialmente comparte buena parte de esta sociedad, y cuya situación actual suscita un manifiesto y amplio apoyo que trasciende el propio espacio social de los imputados, como demuestra lo que vemos aquí».
Encausados que, como denunció Ferrer, «como forma de castigo anticipado han sufrido un auténtico calvario vital», vía crucis en forma de detenciones «con alarde mediático», incomunicación y «la violación de su integridad física y moral».
En este último punto se detuvo un momento para denunciar que «el tribunal se ha reído a su cara cuando han denunciado torturas».
«Han sido acusados sin pruebas, han sufrido prisión preventiva, han tenido que pagar fianzas desorbitadas para estar en libertad estos años, han tenido un coste económico increíble», insistió en su denuncia.
Una vista oral «caótica»
Para la plataforma 18/98, la vista oral del sumario ha sido «caótica», una «exhibición de indefensión, de desorden, de falta de profesionalidad, de desprecio a la ley procesal». «Si en vez de medir las palabras dijera lo que pensamos en realidad...» dejó en el aire a continuación.
Dicho esto, Ferrer aseguró que «hemos tenido envidia de la vista oral del 11-M». Detalló el modo el que el presidente del tribunal que juzgó los atentados de Madrid tuvo el máximo cuidado procesal «porque había una derecha que tenía interés» en que los acusados no fueran condenados, ya que sostenían que ETA estaba detrás de los atentados. Y valoró que «con la milésima parte de atención, no ya del tribunal, sino de los medios que decidieron olvidarse de este proceso, esta sentencia no hubiera podido escribirse».
Volviendo al juicio, dio cuenta de dos testimonios de observadores internacionales. El primero, el de los letrados alemanes Martil Poell y Volker Gerloff que manifestaron «nos imaginábamos que veníamos a un juicio sin pruebas, lo que no esperábamos era que nos encontráramos en un juicio sin delito». El segundo, el de August Gil Matamala, que durante años ha sido presidente de los juristas europeos, quien señaló, a la vista de cómo se manejaban las pruebas, y que todo consistía en documentos que había redactado la Guardia Civil y la Policía española, que «lo siguiente va a ser que la Policía escriba directamente la sentencia». «Si ustedes se molestan un poco en rastrear en la sentencia las huellas de los informes de la Policía verán que no estaba muy equivocado», añadió el periodista.
También expresó su dolor porque el «enorme trabajo» que ha hecho la defensa, que «dejó en ridículo a la acusación», no haya tenido efecto alguno.
Maite Aristegi izan zen hitza hartu zuen lehena, eta bere lehen berbak «sententziaz jantzitako izugarrikeria» salatzeko izan ziren. Nabarmendu zuenez, «Euskal Herrian eskubide eta askatasunaren negu gordinenean sartu gara», eta zera gaineratu zuen: «Denonak diren eskubideen eta askatasunaren urraketaren izotz beltzak estali du gure lurraldea».
Lagun asko eta askotarikoak zituen Aristegik inguruan, eta ia beste horrenbeste aurrean, kazetari ugari baitzen 18/98+ plataformak deitutako prentsaurrekoan. Denen aurrean onartu zuen urte hauetan mina sentitu dutela, «Mina auzipetuengatik eta guztioi dagokigunagatik». Adierazi zuen legez, «kopuruak beldurgarriak» dira. Alde horretatik aipatu zituen, atxilotu kopurua, fidantzak, galera ekonomikoak, eta auzi honek eragindako beste hainbat kalte. Hau esanda, baloratu zuen ezinezkoa dela beste alde batera begiratzea, «erabat zilegi diren ekimen sozial, politiko zein komertzialak indarkeria delitutzat hartzen direnean».
«Jakin badakigu autoritarismo haize zakar bat iritsi dela Europara, demokraziaren mugak botatzen dituena, eta `segurtasuna' bermatze aldera estatuak ekimen arbitrario eta lotsagarriak egitera daramatzana», gaineratu zuen Aristegik. Nabarmendu zuen Euskal Herriari gertatzen zaiona «mundu osoan gertatzen ari den eskubideen estutzea dela, Euskal Herria bezala aske izan nahi duten herri guztien arazo» dela.
Epaiketari eta epaiari dagokionean, 18/98+ plataformako eledunak «kartzelatze zigor ikaragarriak» salatu zituen, fiskalak eskatu zituenak baino handiagoak. Gogora ekarri zuenez, eta jazotakoa ikusita, zera ondorioztatu zuen: «urteetako salaketa hitzak, epaiarekin konfirmatu ez ezik, indartu eta areagotu, eta muga guztiak gainditu dituzte».
Salatu zuen legez: «Auzitegi Nazionala ez dago epaitzeko, zigortzeko baizik. Epaiketa politiko hutsa izan da».
Honen aurrean, Aristegik argi utzi zuen euskal gizarteak ezin duela «isilik geratu pertsona hauei askatasun eta ohore guztia itzuli arte, susmorik gabeko herritar bezala eskubide zibil eta politikoak osorik dituztela bere bizitza proiektua aurrera eraman dezaten».
Gertatutako guztiari «aurre egiteko garaia» dela iritzi zion jarraian, eta plataformak jasotako babesa zinez eskertu ostean, adierazi zuen «orain, irmoago eta sendoago erantzuteko tenorea» dela.
«Lehenbailehen izan behar du, ezin da itxaron, martxoa baino lehenago izan behar da» gaineratu zuen, eta dei egin zien Euskal Herriko talde, alderdi eta eragile guztiei, «indarrak metatzeko eta zutabe demokratikoak eraikitzen pausoak emateko».
La izquierda abertzale valoró ayer la sentencia del sumario 18/98 y Karmelo Landa aseguró que «es el Gobierno español el que está detrás de la sentencia con una decisión política de castigo y de represión al movimiento independentista». Sin embargo, añadió que «el estado de excepción ante el que nos encontramos sería imposible sin la colaboración de PNV y Nafarroa Bai».
En este sentido, Mikel Etxaburu indicó que «no son momentos de medias tintas ni lavados de cara. Nos reafirmamos que la situación actual sería imposible sin la colaboración del PNV» y les emplazó a que expliquen qué «compromisos» pretenden adquirir para hacer frente a esta situación.
Para el portavoz de la izquierda abertzale es un «enorme escándalo» el encarcelamiento de 47 ciudadanos vascos a un total de 525 años de cárcel, aunque señaló que responde a una «lógica» desde el punto de vista del Gobierno español.
Landa entiende que el PSOE «de Zapatero y Rubalcaba sabe y conoce perfectamente el grado de conciencia política que ha desarrollado Euskal Herria en los últimos años y sabe perfectamente que se encuentra frente a un pueblo que tiene la voluntad de decidir por sí mismo su futuro».
«Además, quiere hacerlo entre todas las opciones y cada vez opta más por la opción de la independencia frente a un estado en el que no hay justicia, ni libertad ni opciones políticas para los vascos por lo que, obviamente, la independencia es una opción que se fortalece. Y frente a ello, han optado por la represión», añadió.
Hacia un futuro en libertad
El representante independentista insistió en que la estrategia represiva esta diseñada «en las esquinas más oscuras del Gobierno español y preparada fundamentalmente por Zapatero y Rubalcaba que han decidido encarcelar a militantes independentistas y a todos aquellos que ofrecen y abren vías en Euskal Herria para un futuro de libertad».
En este sentido, destacó que «esta operación de castigo político» el PSOE no podría llevarla a cabo sin la inestimable colaboración y complicidad de sectores muy concretos en Euskal Herria» como PNV y Nafarroa Bai.
«El Gobierno español tiene un proyecto para Euskal Herria que es mantenerle forzosamente en el corsé de la Constitución española y la sacrosanta unidad de España. Y se está encontrando con la colaboración de PNV y Nafarroa Bai que quiere reeditar un marco de imposición», valoró.
Landa explicó que para hacer frente a esta situación la izquierda abertzale va a fortalecer una «conciencia política clara. No queremos que este pueblo se vea obligado a reeditar lo que han sido los últimos 30 años. La izquierda abertzale no va a aceptar una reedición del pasado, de un marco que hemos visto lo que genera».
Por ello, manifestó que la izquierda abertzale «tiene claro que vamos a cerrar las puertas que pretenden reeditar lo sucedido en los últimos 30 años y los pactos que quieren encorsetar a Euskal Herria en la Constitución española impuesta, y quieren impedir caminos hacia un futuro en libertad. Sin embargo, vamos a abrir el camino del marco democrático que posibilite a este pueblo, de acuerdo con la voluntad soberana de su ciudadanía, avanzar hacia la independencia».
Etxaburu remarcó también que Euskal Herria está en un momento «histórico lleno de peligro, pero con posibilidades que la izquierda abertzale va a trabajar».
Manex ALTUNA
