La Asamblea Constituyente de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó una reforma tributaria que reducirá los altos niveles de evasión de las empresas y gravará la posesión de tierras improductivas, salida de capitales, recursos naturales y herencias.

El paquete, que reportará ingresos netos por unos 300 millones de dólares anuales al fisco, fue aprobado por 91 de los 130 miembros de la Cámara, en medio del malestar de empresarios, banqueros y alcaldes por la eliminación de mecanismos que les dotaban de recursos o aminoraban sus pagos de impuestos. Esta nueva medida obligará a las compañías a pagar anticipos sobre el impuesto de la renta y sus patrimonios, además de ampliar el área impositiva de la renta. Las filiales extranjeras tendrán que hacer frente a normas sobre el pago de intereses de créditos, compras a sus matrices y otras prácticas elusivas.

Ante esta decisión de la Constituyente, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, advirtió junto a los empresarios que no acatarán la norma hasta que sea sometida a referéndum con la nueva Constitución en 2008.

Desestabilizadores

En tanto, el presidente Rafael Correa acusó a la prensa de derecha de tratar de desprestigiar a su Gobierno, el cual también se enfrenta a planes desestabilizadores de «los grupos de poder», que especulan mediante el alza de precios.

«Esa es la manera que tienen los grupos de poder para desestabilizar a los gobiernos democráticos», dijo el mandatario en su programa semanal de radio a dos semanas de cumplir el primer año de gestión, que se inició el 15 de enero pasado. Subrayó que a partir de enero «ya no aguantaremos más, empezaremos a dar respuestas frontales y firmes a los especuladores que quieren desestabilizar a un gobierno democrático» mediante el alza de precios de los productos básicos como la leche.