El Gobierno de Lakua ha destinado 42.000 euros para realizar labores de asistencia técnica en el diseño y elaboración de un informe «exhaustivo y riguroso» sobre la realidad de «otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política».

La adjudicación, que ha sido sacada a concurso hasta el 14 de enero, surge de un mandato del Parlamento para crear dos ponencias de trabajo en materia de víctimas.

Considera el citado mandato parlamentario que «el hecho de no poder tratar en una misma ponencia a las víctimas de ETA y de los grupo de extrema derecha, y a otras víctimas de violencia de motivación política, no ha de ser excusa para que no se haga absolutamente nada con estas víctimas».